Han pasado seis años desde que Uber llegó al mercado latino y cuatro desde su uso masivo. Ahora, al fin, los países de la región comienzan a adecuar sus marcos normativos en vías de que la plataforma no evada obligaciones fiscales. Chile ha marcado un precedente importante en la región al exigir que se levante el secreto bancario para que el fisco revise las cuentas de la empresa. De manera similar, cada país ha hecho su propia lucha con diferentes resultados.
Uber salió al mercado antes de que existiera una regulación de su uso, hasta ahora, una de las principales dificultades que ha tenido es su domicilio fiscal, situado en los Países Bajos. En distintos tribunales la compañía ha insistido en precisar que no es una empresa laboral, ni de transporte, ni de tecnología; tampoco representa a sus socios conductores. En cambio, se define como un intermediario, una plataforma de apoyo para contactar a usuarios y choferes, otorgando ciertas facilidades de identificación (calificación, contacto y seguimiento de ruta).
La compañía opera con ‘contratistas independientes’ y los conductores se comprometen a declarar impuestos y emitir facturas a los usuarios que pagan el servicio. Es decir, con este sistema los usuarios son clientes de los choferes y no de Uber.
Sin duda, esta app es un negocio que funciona bajo el modelo de sharing economy. Se lleva el 25 % de las ganancias de los conductores por viaje y ese dinero va directo a los Países Bajos, a menos que las ciudades en donde funciona le impongan el aporte de cuotas condicionales para poder operar.
De acuerdo con cifras obtenidas por la agencia de noticias EFE, Uber está presente en más de 150 ciudades de la región y cuenta con un millón de socios conductores registrados.
Chile sentenció levantar su secreto bancario
Después de tres años de insistir en fiscalizar a Uber, Chile se convierte en el primer país que tendrá acceso a su secreto bancario. Durante la semana pasada, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por Uber y confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) acceda a sus cuentas y movimientos bancarios.
Desde el 2017, el SII comenzó sus investigaciones a fin de conocer los flujos que la compañía enviaba a su matriz en los Países Bajos. En las indagatorias no encontró información que justificara el origen del dinero de sus movimientos.
Con esta sentencia, el SII comparará la cantidad de ingresos a la plataforma por los servicios prestados y la cantidad que esta devuelve a los conductores como pago por su trabajo. De existir excedentes, el organismo fiscalizador revisará cuál es su origen. Ahora Uber Chile deberá entregar sus saldos y los movimientos de sus cuentas bancarias durante el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de mayo de 2017.
El fallo de la Corte Suprema también le concedió al SII el acceso a los pagos, desde la plataforma, de los casi 70.000 conductores registrados, esto con el objetivo de establecer qué cargas impositivas deberán aportar.
En materia fiscal, Uber está siendo investigado por Estados Unidos, México, Brasil, Holanda, Reino Unido, Australia, India y Singapur.
Colombia, primero en cobrar impuestos a las plataformas digitales
Desde el 1 de julio de 2018, Colombia aplicó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % a las plataformas digitales con domicilio en el exterior. La recaudación la hace desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), misma que para marzo de este año había recolectado 12 millones de dólares (incluyendo aportes de otras plataformas como Netflix y Spotify). La DIAN, en octubre de 2018, habilitó la inscripción al Registro Único Tributario (RUT) para las plataformas extranjeras. El adelanto de Colombia podría explicarse con la llegada de Uber a la región. Este país fue el elegido por el aplicativo para comenzar a operar en Latinoamérica.
Un impuesto parecido se está cobrando en Argentina, aunque su recaudación es del 21 % y en Uruguay del 22 %. Ecuador, Chile, México, Perú y Brasil presentan avances importantes para comenzar a cobrar este tributo.
México propone regular la economía digital
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó, en el Proyecto de Ley de Ingresos para el 2020, un marco tributario actualizado para incorporar al pago de impuestos a las plataformas digitales (Uber, Beat, Cabify, Airbnb, Netflix, incluso Waze y la obtención de tonos, entre otros).
El planteamiento de Hacienda es que no se cobrará un impuesto nuevo sino que se aplicarán los ya existentes: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esto se ha calificado como ‘arriesgado’ ya que el sistema tributario, como está, demanda el desahogo de trámites burocráticos dentro del territorio nacional.
Desde hace años, para que funcionara, en algunas ciudades de México se estableció que Uber debía pagar el 1.5 % de sus ganancias. En la ciudad de México, por ejemplo, se creó el ‘Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón’. Se estima que ya supera los 9.4 millones de dólares, pero no se sabe cuál ha sido su destino.
Recomiendan aplicar impuesto fijo, Uber prefiere el 'Modelo Bolivia’
En el documento Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019: políticas tributarias para la movilización de recursos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se recomienda a la región modificar sus legislaciones y diseñar procedimientos administrativos para asegurar una recaudación efectiva, cerrando espacios de cualquier posible elusión desde la economía digital.
El mismo documento detalla que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda, para el comercio internacional de bienes, servicios y activos intangibles, la imposición de impuestos en la jurisdicción donde el cliente tenga su residencia habitual.
Los juicios contra Uber en todo el mundo le han costado más de 60 millones de dólares, han sido laborales, tributarios e incluso por competencia desleal. En términos generales, la región no ha comprendido la naturaleza del negocio. Apenas en abril de este año Argentina le reclamó el pago de casi seis millones de dólares por haber evadido impuestos propios del derecho del trabajo. Uber se ha defendido como lo suele hacer, explicando que la compañía no firma contratos laborales con los conductores.
La legislación ejemplar, de acuerdo con Uber, está en Bolivia. En 2018 se aprobó el ‘Reglamento Municipal de Servicio Privado de Transporte de Pasajeros contratado mediante Plataformas Tecnológicas’, en este se establecieron requisitos y condiciones de operatividad y uso de este tipo de aplicativos. Uber trabajó con la alcaldía de La Paz para establecer esta regulación.
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