A diferencia de El Salvador que, en septiembre de 2021, anunció la adopción del bitcoin como moneda de curso legal teniendo como soporte la Ley Bitcoin, la mayoría de países de Centroamérica no cuenta con regulaciones que impriman legalidad a las transacciones que se realizan con criptomonedas. Algunas naciones de la región muestran interés en el tema, pero se manejan con cautela.
Con cautela
Es el caso de Costa Rica, cuyo Banco Central ha adoptado una 'tolerancia vigilante' en relación con el comportamiento del bitcoin y otros activos digitales, de acuerdo con Ignacio Guzmán, consejero sénior de Alta Batalla y especialista en la industria fintech.
“El Banco Central de Costa Rica ha adoptado esta posición con el propósito de permitir el desarrollo de una tecnología que podría traer algunos avances (aún no conocidos del todo) y porque una regulación estricta podría implicar el sofocamiento de la industria”, expresó en entrevista con LexLatin.
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Para Guzmán todavía no se cuenta con los conocimientos y herramientas necesarias para asumir una regulación sobre una industria que es innovadora.
A pesar de esto, el ecosistema fintech crece de manera sostenida en ese país, lo que lo lleva a pensar que podría requerir de una regulación o la implementación de sandbox regulatorios para iniciativas que abarcan los proyectos que operan con criptografía y tecnologías blockchain. En sintonía con el repunte del ecosistema fintech, comentó que se han conformado agrupaciones y colectivos tales como Asoblockchain y Asofintech, que aglutinan a agentes, entusiastas y participantes de estas industrias.
No descarta que, siguiendo la línea de jurisdicciones más robustas, se abracen regulaciones tendientes a la fiscalización de las ganancias de capital provenientes de los criptoactivos. No obstante, señaló que hoy no hay proyectos de ley concretos al respecto.
Concluye que es probable que, antes de la adopción masiva del bitcoin o de cualquier otra moneda digital, sea necesaria una curva de aprendizaje que involucre la participación activa de universidades, bancos centrales, cámaras de comercio, sectores gremiales, ministerios de comercio, exportadores, etc.
Transacciones sin respaldo
Honduras tampoco cuenta con una regulación sobre criptomonedas y, por ahora, tampoco contempla la implementación del bitcoin como moneda de curso legal. El Banco Central de Honduras (BCH) emitió un comunicado, en marzo, para aclarar que no cuenta con una normativa al respecto.
Andrea Idiáquez, asociada sénior de Alta Melara, comentó que en el país existen algunas iniciativas privadas que promueven el uso del bitcoin y de otras criptomonedas como medios de pago. No obstante, como se trata de transacciones no supervisadas ni garantizadas por el BCH carecen de respaldo y corren bajo el riesgo y responsabilidad legal de quienes las realicen.
Cree poco probable la implementación del bitcoin u otra criptomoneda en ese país en un futuro cercano, pues no hay condiciones financieras y/o políticas para ello. Sin embargo, el BCH ha indicado que continúa con el estudio y análisis conceptual, técnico y legal para determinar la factibilidad de emitir una moneda digital del Banco Central (Central Bank Digital Currency) que sea reconocida como moneda de curso legal en el país y, por ende, que sea regulada y que cuente con el respaldo de la autoridad monetaria.
Capacitación en puertas
En Guatemala tampoco existe una normativa que regule el uso de criptomonedas. Sin embargo, ha trascendido que el regulador bancario le está poniendo atención al tema y está capacitando a sus funcionarios al respecto.
Alejandro Cofiño, socio de Alta QIL+4 Abogados, considera que una solución práctica es dar a las criptomonedas la calidad de divisa, lo cual las colocaría en el plano de cualquier otra moneda extranjera de libre circulación en un país donde el quetzal es la moneda nacional por ley.
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Adicionalmente, menciona que hay un valladar adicional en cuanto a las operaciones de compensación entre monedas donde entran en juego la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala, este último a cargo de procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos, y un banco autorizado que permita la liquidación y acreditación de transacciones.
Dadas las limitaciones, recomienda trabajar en una ley que regule apropiadamente la libre emisión y circulación, además de dispensar los mecanismos que actualmente se usan para apuntalar el uso de las criptomonedas para generar mayor certidumbre.
Cree que es posible que una regulación ordinaria, si no viene aparejada de una reforma constitucional con la intención de no entrar en contradicción con normas y potestades otorgadas por la Carta Magna, resulte en normas limitativas para la circulación y poder liberatorio de las criptomonedas.
"Como ha sucedido en otras materias o áreas, una mala regulación desincentiva y desmotiva la inversión, el desarrollo y el involucramiento de potenciales personas o empresas interesadas, ocasionando confusión y que el tema regulado no funcione como debería o no logre los resultados positivos que podría tener", aseveró.
Constante volatilidad
Guzmán observa que quienes como él le han seguido la pista al bitcoin desde hace algunos años, la criptomoneda no ha podido ser aún masificada como un medio de pago en economías y mercados, incluso, más sofisticados y liberales que El Salvador. “Los problemas de volatilidad de la moneda y los tiempos de demora en las transacciones criptográficas son solamente algunas de las dudas que surgen”, señaló.
Para el abogado, la naturaleza descentralizada de las monedas digitales se convierte en una desventaja, pues quienes conserven recursos en bitcoin deben asumir económicamente las pérdidas por los drásticos movimientos y fluctuaciones que muestran desde sus orígenes.
José Quiñones, socio en Alta QIL+4 Abogados, dijo que la operación que se visualiza más fácilmente es la agilización y abaratamiento de transferencias y remesas provenientes de guatemaltecos residenciados en el exterior.
Coincide con Guzmán al señalar que uno de los riesgos implícitos en el uso de cualquier criptomoneda es su volatilidad, ya que su valor se determina por la oferta y demanda de la propia moneda, no así por su capacidad de cubrir obligaciones.
“Muchos la han visto más como un vehículo de inversión que la hace más vulnerable en etapas de inestabilidad. Esto conlleva el riesgo que su valor puede sufrir rápidas y significativas depreciaciones, así como incrementos”, lo que -asegura- genera incertidumbre para las partes en una transacción cuando se usa como moneda de pago, ya que su valor puede no ser tan estable como el de una moneda tradicional.
Advirtió que de seguir funcionando de esta forma, las consecuencias legales derivadas de transacciones con criptomonedas pueden ser complejas.
Idiáquez observa que, en el caso de Honduras, las criptomonedas presentan más desafíos que ventajas.
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“Las criptomonedas facilitan las operaciones entre personas y brindan seguridad de las transacciones a través del sistema blockchain, y para el caso de Honduras, podría verse una mayor agilización y abaratamiento de costos en remesas de hondureños en el extranjero” manifestó.
Como desventajas mencionó los riesgos derivados de la falta de regulaciones, la volatilidad de sus precios/valor (que puede generar incertidumbre e inestabilidad), obstáculos tecnológicos (particularmente en un país con una baja penetración de Internet) y riesgo de liquidez, entre otros.
Desde el punto de vista legal mencionó que, tomando en cuenta que las criptomonedas no cuentan con el respaldo de la Autoridad Monetaria de Honduras, las operaciones que se realicen con estas corren por cuenta y riesgo de quienes las realicen.
Panamá encaminada hacia la regulación
En abril de este año, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó un proyecto de ley que regula el uso y comercialización de criptoactivos como método de pago, incluso de impuestos.
El país busca contar con una regulación de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para protegerse a futuro.
La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
El Salvador, pionero en la región centroamericana
Además de la Ley Bitcoin y de su reglamento, el cuerpo de leyes que regula las criptomonedas en El Salvador incluye la Ley de Creación del Fideicomiso Bitcoin y normas técnicas que rigen en el sistema financiero.
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