¿Qué consecuencias tiene para Venezuela la salida del país de las petroleras extranjeras?

Chevron es responsable por el 25 % de la producción venezolana de crudo./ Tomada del sitio web de la empresa.
Chevron es responsable por el 25 % de la producción venezolana de crudo./ Tomada del sitio web de la empresa.
Analistas estiman que la factura petrolera venezolana podría caer hasta 45 % este año producto de las sanciones de Estados Unidos.
Fecha de publicación: 01/04/2025
Etiquetas: Venezuela, Estados Unidos, petróleo, Sanciones, aranceles, finanzas, Licencias de petróleo y gas

En el corto y mediano plazo, el panorama financiero de Venezuela luce muy comprometido. La revocatoria de las licencias otorgadas por Estados Unidos a varias empresas petroleras para extraer y comercializar crudo venezolano, deja al país sin el soporte que le ha permitido reflotar su decaída industria y, lo que es más importante, obstaculiza las posibilidades de colocar ese petróleo en el mercado internacional.

Adicional a ello, el gobierno de Donal Trump impondrá un arancel adicional a todos los países que adquieran petróleo venezolano, un impuesto de segundo nivel o sanción indirecta dirigida a minar la estabilidad del régimen de Caracas, afectando las posibilidades del país de reflotar una economía que perdió cerca de 80 % del peso que tenía en 2013, cuando inició el primer mandato del actual gobierno.

La situación deja al país sin el más importante motor de la riqueza, pues, aunque el petróleo ha perdido peso en el mix de actividades que sostienen el quehacer económico venezolano, sigue siendo la principal fuente de dinero fresco, lo que proyecta el quiebre del crecimiento que venía experimentando la nación, luego de superada la hiperinflación.

 

 


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Golpe de timón

Hasta hace apenas dos meses, la economía venezolana parecía encaminada a una precaria pero sostenida recuperación, especialmente en materia energética, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro hiciera un llamado a empresas de todo el mundo a invertir y desarrollar el potencial del subsuelo patrio, donde se encuentran las mayores reservas probadas de petróleo (extrapesado) y la octava existencia natural de recursos gasíferos.

“Hemos visto transacciones de campos de gas y petróleo en algunas áreas de Paria (Caribe venezolano) donde nos ha correspondido ser local counsel, aunque la actividad ha sido poca comparativamente con hace 15 o 20 años”, dice Hans Sydow Guevara, socio de la firma venezolana Travieso Evans Arria & Rengel, entrevistado por LexLatin durante su participación venezolana en el reciente Foro Regional Latinoamericano de la International Bar Association (IBA), celebrado en Lima.

En efecto, con la llegada en 2019 de Donald Trump a la Casa Blanca, la política de Washington hacia Caracas dio un cambio radical, en particular al imponer severas sanciones que profundizaron la crisis de su principal industria.

Trump reanudó su política contra el gobierno venezolano, tras ser investido por segunda vez como presidente de Estados Unidos, dando marcha atrás a las licencias otorgadas por Joe Biden para que varias petroleras, entre ellas la gigante Chevron, reanudaran las inversiones, explotación y comercialización de crudo y gas en el país.

Punto de inflexión fue el 6 de marzo pasado, cuando el Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 41A, documento que reemplaza la LG 41 de 2022, la cual rescinde el permiso otorgado hace dos años a Chevron y ordena abandonar Venezuela antes del 3 de abril de 2025, límite que a pedido de la petrolera fue prorrogado hasta el próximo 27 de mayo.

 

Adicionalmente, el domingo 30 de marzo la administración Trump revocó los permisos para operar que había expedido Biden en favor de la también estadounidense Global Oil Terminals, la española Repsol, la italiana Eni, la francesa Maurel&Prom y la india Reliance Industries, únicas petroleras, además de Chevron, autorizadas a producir y comercializar petróleo y gas venezolano sin verse afectadas por las sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).


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Buscando alternativas

Sydow Guevara acota que, según información extraoficial, una vez que estas empresas abandonen el país, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) asumirá el control y manejo de los campos operados de manera conjunta con estas operadoras.

“Pdvsa está buscando alternativas para mantener la producción y que no se pierda esa inversión que se ha venido haciendo en esos campos”, comenta.  

Sin embargo, algunos analistas, entre ellos el experto Rafael Quiroz Serrano, creen que Pdvsa no cuenta con los recursos, conocimiento y know how para mantener estable la producción de los yacimientos operados conjuntamente, como tampoco está en capacidad de ofrecer las condiciones necesarias a posibles interesados en participar como socios, dadas las estrictas sanciones aplicadas por Washington.

Recuerda, además, que la extracción en Venezuela demanda muchos recursos y tecnología, toda vez que más del 70 % de los campos producen petróleo extrapesado, que debe ser mezclado para crear un combinado más liviano para su aceptación entre los compradores internacionales.  

Al respecto, el ingeniero en petróleo Germán Márquez, comentó recientemente que a Estados Unidos le conviene que Chevron permanezca en el país, tomando en cuenta que el petróleo pesado que extrae  se necesita para alimentar las refinerías de la costa este, especialmente diseñadas para procesar este tipo de crudo.

En el mismo orden, recuerda que Chevron tiene un contrato con Venezuela que estará vigente hasta 2040.


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Importante aporte

Aquejada por la segunda hiperinflación más larga de la historia, una industria petrolera colapsada por desinversión, además de la aplicación de sanciones económicas como mecanismo de presión política, para mediados de 2020 Venezuela vio desplomarse su producción de crudo al nivel más bajo en casi un siglo: 392.000 barriles/día.  

Tras tocar fondo, la extracción comenzó a mejorar, pero no fue hasta finales de 2022 cuando se comienza a evidenciar un real repunte, ello después de que la administración Biden autorizó a las empresas extranjeras reanudar operaciones en el país, lo que permitió que extracción haya alcanzado en enero de este año los 1.031.000 b/d.

“Sin el apoyo de las petroleras extranjeras esto no habría sido posible, porque PDVSA no está en capacidad de hacerlo”, afirma Rafael Quiroz Serrano.

En efecto, los reportes de empresas especializadas señalan que poco más de un tercio de la producción actual (unos 350.000 b/d) corresponde a las corporaciones extranjeras asociadas a Pdvsa, siendo Chevron la responsable de extraer 250.000 b/d. Eso significa que, tras la salida de esas firmas, la producción bruta de la estatal venezolana se reduciría a unos 690.000 b/d.

Quiroz recuerda que a esa cantidad hay que restar el contenido de diluyentes, aditivos que Venezuela importa para mezclar con el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco, su principal reservorio, para poder colocarlo en el mercado internacional. Eso deja la producción neta en unos 600.000 b/d, cifra que —según el especialista— podría incluso ser menor.


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Y hay más

Además de la segura caída de la extracción, Venezuela enfrentará un problema adicional que no estuvo presente en pasados escenarios: las nuevas sanciones indirectas que impondrá Washington a cualquier país que haya comprado petróleo venezolano, cuyos productos deberán pagar un arancel adicional de 25 % para poder ingresar al mercado estadounidense.

“Se trata de un sobrecumplimiento de las sanciones… Es una medida discrecional que permitirá a los departamentos de Comercio y de Estado determinar a qué países y cuál tarifa se aplica”, señaló el economista Pedro Palma, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Si bien los analistas ven como poco probable que EE. UU. pueda hacer un seguimiento pormenorizado del crudo que sale del país suramericano, la opinión general ronda en torno a que muchas naciones se abstendrán de comprar petróleo a Venezuela aun con descuento, porque no se arriesgarán a poner en juego sus negocios en y con Estados Unidos. De hecho, se sabe que varias naciones ya han comenzado a frenar sus pedidos al país, entre ellas China.

Ello obligará a Venezuela a desarrollar todo un entramado logístico para poder colocar su petróleo, valiéndose, como en el pasado, de traders que podrían comprar a cargo propio para luego vender a terceros que finalmente colocarían en el país de destino, previos trasvases en altamar y otras complicaciones de rigor.

Ello sin contar con el fuerte descuento que tendrá que dar Venezuela a esos embarques, monto que algunos expertos consideran que podría ascender hasta 45 %, porcentaje bastante más alto al margen de entre 20 % y 30 % que ha tenido que ofrecer Pdvsa a sus clientes bajo el esquema “tradicional” de sanciones, aumentado dado el mayor riesgo que tendrá el comprador por el nuevo arancel impuesto por Trump.


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Escenario complicado

No es difícil pronosticar que se avecinan tiempos borrascosos para la economía venezolana, que ya vio caer a la mitad el aporte del petróleo a la riqueza nacional.

De acuerdo con estimaciones privadas ante la falta de datos oficiales, en 2024 la factura petrolera neta fue de unos USD 22.000 millones, representando alrededor del 28 % del PIB. Pero ante los nuevos escenarios, algunos analistas prevén que este aporte caerá entre 30 % y 40 %.

“Aún no se tiene claro cuánto se dejará de percibir porque no se sabe cuánto será el descuento que se tendrá que ofrecer a los compradores. Tampoco se sabe cuánto se podrá vender, pero, de mantenerse sin alteración los precios actuales del petróleo, solo por la baja de la producción los ingresos podrían caer 30 %, es decir, USD 6.000 millones de dólares menos”, dice el economista José Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela (BCV).

Si a eso se suma el adicional descuento derivado del nuevo arancel impuesto por EE. UU., la factura por crudo podría caer hasta USD 9.000 millones, lo que significa que el país recibirá alrededor de 13.000 millones de dólares, bastante menos que el año pasado y razón para una segura reducción del gasto público y el gasto corriente.  

Esa menor entrada de recursos también tendrá incidencias generales en una economía que recibe cerca de 85 % de las divisas de la venta de crudo, con el consecuente aumento de la cotización del dólar, que hasta febrero venía subiendo de forma relativamente pausada gracias a las inyecciones que hacen las petroleras extranjeras para honrar sus compromisos internos.

Las consecuencias ya comienzan a sentirse. Tras conocerse la revocatoria de la licencia a Chevron, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo, real marcador de la dinámica económica, subió en un solo día 9 % y en marzo más de 24 %. En contraparte, la cotización oficial el pasado mes se elevó solo 8 %, creando una brecha superior al 30 % que afecta las operaciones del tejido empresarial privado, que debe buscar alternativas para paliar ese diferencial o trasladarlo al consumidor, lo que afectará el consumo.

Por eso, los analistas prevén una escalada de la inflación, un indicador que después de haber cerrado por primera vez por debajo de los 100 puntos en más de una década (48 % según el gobierno, 85 % según datos privados), podría finalizar el 2025 en cifra de tres dígitos.

“No creo que volvamos los escenarios de 2018 (fuerte escasez de productos básicos) porque no hay control de precios y hay flexibilidad de cambio, y no creo que el gobierno los imponga, pero habrá consecuencias para la economía que nos afectarán a todos”, refirió días atrás Luis Oliveros, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. 

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