Luego de que sea ratificado por Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) entrará en vigencia a mediados de este año. Sin embargo, para el capítulo de comercio digital, a decir por Ricardo Chacón López-Velarde, todavía falta trabajo legislativo por completar. Chacón López-Velarde ha sido profesor en la Universidad Panamericana y Universidad La Salle para las materias de derecho mercantil, corporativo, derecho de la empresa y arbitraje internacional.
El especialista, a manera de preámbulo, explicó que el comercio digital toca ramas del derecho que traspasan la actividad comercial: propiedad intelectual, uso de marcas, competencia económica, libertad contractual, sociedades mercantiles y otras actividades sociales que de alguna forma están involucrando al mundo digital.
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Una nueva era
En el Tratado Comercial, este capítulo sin precedente será un buen impulso para que México incorpore medidas de autenticación y reconocimiento de firmas digitales o voluntad por medios electrónicos y, en general, para promover la confianza en los consumidores y que se fomente el comercio desde esta vía. Aunque en el Código del Comercio ya se habían incluido algunas disposiciones para este rubro, el tratado dispone que las partes firmantes deben adoptar las propuestas hechas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) sobre comercio digital. México todavía no las discute.
"Uno de los principales retos que vienen con el T-MEC es sobre las leyes mexicanas, para que se le dé plena y total validez al comercio digital. En la práctica, por ejemplo, cuando una de las partes alega consentimiento por correo electrónico ante los tribunales, todavía se requiere de gran esfuerzo para probar el origen y causalidad del correo electrónico. Hoy por hoy es complicado hacer valer un contrato firmado, o consentido, entre las partes de manera digital”, comentó el experto, quien además es socio en México de la firma internacional Ecija Abogados.
El especialista identificó dos retos más: que los jueces y tribunales reconozcan que la firma, el método tradicional de la expresión de la voluntad, está siendo superada por la tecnología y que el gremio se especialice en el tema, pues, a su ver, todavía hay abogados que se resisten a ver derechos y obligaciones desde las comunicaciones digitales.
"Discriminación, publicidad, publicidad engañosa, uso de marcas, protección y privacidad de datos; nuestra legislación no está en pañales, sino que hay temas que ni siquiera ha descubierto. Como abogados postulantes debemos crear esa conciencia y a nivel legislativo debemos empujar desde barras de abogados y colegios de abogados. El comercio no nos va a esperar ni se van a detener y más por temas de globalización”.
Mientras no haya legislación sobre el acuerdo, los riesgos son importantes, detalló Chacón López-Velarde. Incertidumbre jurídica, inestabilidad en operaciones comerciales, barreras a la inversión y la descalificación del país, poniéndolo en términos de "poca evolución".
"Cuando no hay seguridad jurídica en estos temas hacia donde caminamos como sociedad global, no hay una buena legislación ni protección en las operaciones y transacciones digitales, esto genera un temor y una barrera a la inversión”.
Deberes legislativos
México, Estados Unidos y Canadá han acordado que no se impondrán aranceles aduaneros ni tarifas sobre la importación o exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente entre personas y entidades de las distintas partes. En este punto es importante mencionar que las bases del acuerdo fueron firmadas bajo el principio de no discriminación, de manera que los Estados no podrán discriminar productos por su país de origen.
México tendrá que legislar sobre la autenticación electrónica y firmas electrónicas. Ninguno de los países firmantes puede negar su validez legal sobre la base de que la firma está en formato electrónico. Además, se acordó fomentar el uso de la autenticación electrónica interoperable, esto quiere decir que las autoridades intercambiaran datos a distintos niveles.
El tratado compromete al país a adoptar y mantener medidas para proteger a los consumidores en línea de prácticas fraudulentas o engañosas y también para proteger su información personal. México también deberá legislar y hacer modificaciones, en breve, sobre las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas, la ciberseguridad, el código fuente y reforzar sus políticas públicas de datos abiertos gubernamentales.
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