Con la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, el pasado 10 de diciembre, se espera un año agitado en el Congreso con reformas de leyes y hasta del Poder Judicial. La reforma a la Ley de Ministerios que restituyó la jerarquía de las carteras de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología, entre otros, vaticina un año de creación de políticas públicas en esas áreas. El cambio de signo político también se reflejará durante este año en los términos de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Reforma judicial
El Gobierno de Fernández adelantó sus intenciones de hacer una reforma judicial. Se espera que sea integral, un paquete de leyes que será enviado los primeros meses del año al Congreso.
Lo primero que se plantea es la reorganización del sistema federal de justicia, que actualmente divide el territorio del país en 17 jurisdicciones para intervenir en materia federal, es decir, sobre las causas que involucren cuestiones constitucionales y leyes nacionales. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, ya comenzó a trabajar en la reforma que apuntará principalmente a disuadir el poder de los doce juzgados de los tribunales de Comodoro Py, correspondientes a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Cuando hablamos del sistema judicial siempre pensamos que todo ocurre en Comodoro Py. Me gustaría que tengamos una mirada más amplia", dijo Losardo en una entrevista radial.
Otro cambio que se espera está relacionado con el Poder Judicial, ya se puso en marcha la derogación del decreto 656/2016, con el que el expresidente Mauricio Macri volvió “reservados” todos los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y determinó que todos los empleados del organismo sean considerados “agentes de inteligencia” y, por lo tanto, su identidad se mantenga en reserva. Fernández anunció durante su discurso de asunción que intervendrá la AFI y que los fondos reservados serán reasignados para financiar el plan contra el hambre.
Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva
El oficialismo busca declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Se propone la revisión de tarifas energéticas, incentivos y planes de regularización para la deuda tributaria, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro y medianas empresas y aumentos para jubilados y pensionados por la Asignación Universal por Hijo (AUH). Otro de los pilares es el sostenimiento fiscal mediante el incremento de la contribución patronal, la creación de un impuesto del 30 % para compras en el exterior y aumento del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Impulso a Vaca Muerta
Para el 2020, también se espera una reforma de la ley 17.319 de Promoción de Hidrocarburos, sancionada en 1967. El oficialismo contaría con el apoyo de la oposición para que la nueva ley potencie las inversiones en el yacimiento petrolífero de la provincia de Neuquén, Vaca Muerta, a partir de la baja de impuestos y de la posibilidad de liquidar parte de las divisas en el exterior.
Fondo Monetario Internacional (FMI)
La relación con el FMI signará también el primer año de gestión de Fernández. El ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se reunió con la titular del organismo, Kristalina Gergieva, un día antes de asumir su cargo, deberá negociar el programa de 57 mil millones de dólares, de los que se desembolsaron 44 mil millones. En su primer discurso, el funcionario definió la situación como un “virtual default” y agregó: “No tenemos una propuesta rimbombante. Las decisiones las vamos a tomar nosotros”.
Cambios ministeriales
El gabinete de Fernández incluye la elevación a rango de ministerios que durante la gestión de Macri habían descendido a secretarías como: Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación, y Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, creó el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Estas modificaciones suponen la creación y reformas de políticas públicas en esas áreas. Algunas ya comenzaron a regir la primera semana de gobierno, como la rebaja inmediata del 8 % en los precios de los medicamentos establecida por el ministerio de Salud, en acuerdo con los laboratorios farmacéuticos, o el decreto firmado por el presidente e impulsado por el ministerio de Trabajo que instala nuevamente en el país la doble indemnización por despido sin causa, por un plazo de 180 días.
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