El Gobierno de Alberto Fernández suspendió hasta el 31 de diciembre de 2020 el Pacto Fiscal que había firmado en 2017 el expresidente Mauricio Macri con los gobernadores de las provincias y que establecía la baja gradual de impuestos como Ingresos Brutos y Sellos hasta 2022. El nuevo acuerdo establece también la detención por un año de los juicios de las provincias a la Administración central por la baja de impuestos a las ganancias y al IVA, aplicada a la canasta básica de alimentos.
La suspensión del acuerdo se dio en la Casa Rosada y participaron 23 de los 24 gobernadores, solo faltó el de Tierra del Fuego que estaba asumiendo su cargo en ese momento; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Según estimaciones del Ministerio del Interior, el nuevo acuerdo representará un alivio fiscal de aproximadamente mil millones de dólares (60 mil millones de pesos argentinos al 18 de diciembre) entre todas las provincias.
También se crea una comisión llamada “Evaluación del Impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la Canasta Básica de Alimentos” que estará integrada por un representante de cada provincia y de la Nación.
"Debemos colaborar porque lo más importante es restablecer la economía, poner en práctica medidas concretas que repercutan directamente en el consumo y que los argentinos puedan recuperar el poder adquisitivo del salario”, dijo el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, en una conferencia de prensa que ofreció junto con su colega de Jujuy, Gerardo Morales.
Con respecto al freno de los juicios al Estado, los gobernadores accedieron a suspender las demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hasta diciembre de 2020. Esto le implica al Estado un ahorro de cinco mil millones de dólares (300 mil millones de pesos al 18 de diciembre).
Los principales puntos del Consenso Fiscal de 2017
El Gobierno de Macri aprobó una baja gradual durante cinco años de ingresos Brutos y Sellos, equivalente al 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). También la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal en la que las provincias se comprometían a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
Por último, destaca la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que distribuía el 20 % de ese gravamen a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y otras asignaciones específicas a las provincias. Este fue uno de los puntos que generó demandas de las provincias contra la Administración central ante la CSJN.
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