El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, expuso el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica que el oficialismo envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. La iniciativa declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Se espera que el jueves sea tratado en la Cámara de Diputados. Los principales puntos del proyecto son:
Tarifas energéticas
Se propone renegociar la Revisión Tarifaria Integral vigente para reducir la carga tarifaria real sobre los hogares y empresas “con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”. También incluye la intervención administrativa por parte del Ejecutivo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), por un año.
Reactivación productiva
Como adelantó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el proyecto prevé incentivos y planes de regularización para la deuda tributaria, aduanera y de los recursos de la seguridad social para las micro y medianas empresas. La adhesión al régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso. La cancelación total de la deuda bajo el régimen producirá la extinción de la acción penal si no existe una sentencia firme a la fecha de cancelación.
Reintegro a sectores vulnerados
La iniciativa prevé un reintegro para “personas naturales que revistan la condición de consumidores finales destinado a estimular comportamientos vinculados con la formalización de la economía y el cumplimiento tributario”. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) requerirá informes técnicos y sociales y el Ministerio de Economía determinará el presupuesto asignado para los reintegros correspondientes.
Sostenibilidad fiscal
El proyecto propone una actualización de las alícuotas de contribución patronal para el sistema de seguridad social del 20,4 % para los empleadores pertenecientes al sector privado de servicios y comercio; y de 18 % para los restantes empleadores del sector privado.
Se plantea también el Impuesto para una Argentina Solidaria o también llamado País, un impuesto del 30 % para la compra de moneda extranjera, compras de bienes o servicios en el exterior con cualquier medio de pago, incluidos pasajes aéreos, durante cinco años. No contempla gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Tampoco los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado Nacional, Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
En cuanto al Impuesto sobre los Bienes Personales, el proyecto mantiene el mínimo no imponible de 33.432 dólares (dos millones de pesos argentinos al 17 de diciembre), pero las alícuotas se duplican. Las que iban de 0,25 a 0,75 % quedarán entre 0,50 a 1,25 %.
Aumentos de jubilaciones
De ser aprobada la ley, el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para fijar trimestralmente el aumento de las jubilaciones de la totalidad de los regímenes “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”.
Algunos sectores de la oposición manifestaron su rechazo a tratar este proyecto de ley en sesiones extraordinarias. Los jefes del interbloque Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la que advirtieron que “resultará imposible el debido análisis (del texto) en apenas unas horas”.
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