Desde la década anterior, Latinoamérica prometió enfrentarse a la corrupción, entonces ya parecía que Brasil lideraría la causa. Los primeros resultados de la emblemática operación Lava Jato salieron a la luz en 2014 y hasta hoy genera consecuencias, no solo para Brasil, sino para una decena de países más, incluyendo Estados Unidos.
Con excepción de Brasil, Perú y Ecuador, en la región parece que se sigue una regla: son más los casos de corrupción dados a conocer por agencias periodísticas que por investigaciones orquestadas por las autoridades. Esto se traduce en una ciudadanía bien informada, que a su vez se entera de la voluntad política de sus Gobiernos. Entonces, la percepción del nivel de corrupción en cada país dependerá de cómo terminan las investigaciones.
Para Matteson Ellis, special counsel del grupo de práctica internacional de anticorrupción de la firma Miller & Chevalier, esa podría ser una de las explicaciones para los resultados de la Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2020, en la que participaron 15 firmas. “Hay más investigaciones locales e internacionales sobre corrupción, la percepción cambia cuando hay mayor conocimiento del problema”, refiere.
La encuesta se ha publicado cada cuatro años desde 2008; el ánimo de entonces era esperanzador. 12 años después esto ha cambiado.
Casos emblemáticos en la región
Algunos casos emblemáticos de la década, además de Lava Jato, ofrecen más elementos que apoyan la explicación de Ellis. En México, “la casa blanca de Peña Nieto” solo generó una disculpa del entonces presidente y la cancelación de una obra. Esta investigación periodística reveló cómo Grupo Higa, el consorcio que financió y construyó la mansión, fue beneficiado con contratos de la administración de Enrique Peña Nieto desde que el expresidente fungía como gobernador del Estado de México.
En Argentina, en cambio, los “cuadernos de las coimas” han llevado a proceso a más de 172 personas y siete permanecen en prisión. Esta es la causa que se abrió contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, y se llamó así porque Oscar Centeno, exchofer de Fernández, registró detalles de coimas en ocho cuadernos. Aunque la investigación por parte de las autoridades aún continúa, en enero se revocó uno de los procesos que implicaba a la vicepresidenta.
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A pesar de que la lucha anticorrupción guatemalteca, dirigida por Thelma Aldana, exfiscal general, llegó al nivel más alto con imputaciones al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti (cuando se reveló una red de contrabando en las aduanas) solo cinco empresarios obtuvieron sentencias. Al caso se le llamó “la línea”.
Con “Milicogate”, de Chile, se denunció el modus operandi con el que funcionarios del Ejército cometieron fraude, por cerca de 10 millones de dólares, con facturas cuestionadas en detrimento del Fondo Reservado del Cobre. Hay al menos 40 procesos abiertos.
Por la investigación “Los Cuellos Blancos del Puerto” del Perú hay más de 300 jueces y fiscales procesados por corrupción, con 42 sentencias por delitos contra la administración pública. Este caso surgió a través de interceptaciones telefónicas lícitas que dieron pista a la Fiscalía especializada en anticorrupción. Se descubrió que magistrados y consejeros del Poder Judicial, y empresarios formaban parte de una red criminal que involucra delitos como corrupción, tráfico de influencias y hasta narcotráfico. César Hinostroza, quien fue presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, son los principales investigados, pero aún no recibido sentencia.
Los avances difusos de la cruzada anticorrupción
Más de la mitad de los participantes de la Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2020 refirieron que la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios. Esto, comparado con los resultados de la encuesta de 2012, significa un incremento del 10 %. En contraste, la percepción sobre impartición de justicia también se redujo de un 66 % a un 45 %.
De acuerdo con esta encuesta, se percibe que Uruguay (con 4 % de riesgo) y Chile (con 14 % de riesgo) son los menos corruptos en la rama del Ejecutivo; nuevamente Uruguay (7 %) pero con Costa Rica (11 %) encabezan el listado de países más seguros en la rama legislativa. En esta línea, los países con autoridades menos corruptas en el Poder Judicial son, de nuevo, Uruguay (4 %), Costa Rica (22 %) y Estados Unidos (21 %). Finalmente, en aduana, los menos corruptos son Chile (22 %), Estados Unidos (25 %) y República Dominicana (30 %), nótese los altos porcentajes de riesgo en este último indicador.
En cambio, los más corruptos a nivel Gobierno son Colombia (86 %), Nicaragua (82 %) y Ecuador (78 %). A nivel legislativo, Ecuador (89 %), Perú (88 %) -que para entonces acababa de votar a los nuevos congresistas-, República Dominicana (86 %), El Salvador (86 %), Panamá (86 %) y Brasil (85 %).
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Los países con autoridades más corruptas dentro del Poder Judicial resultaron ser Nicaragua (94 %) y El Salvador (86 %). Finalmente, en la aduana, Colombia (82 %), Argentina (76 %) y Nicaragua (75 %).
Las entrevistas se recogieron entre enero y febrero de este año. En ellas participaron 946 personas que forman parte del sector empresarial. Este trabajo fue posible gracias a BLP en Costa Rica; Brigard & Urrutia Abogados en Colombia; Carey y Cía en Chile; Beccar Varela en Argentina; Demarest Advogados en Brasil; FERRERE Abogados en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay; García & Bodán en El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua; Headrick Rizik Alvarez & Fernández en República Dominicana; Hoet Pelaez Castillo & Duque en Venezuela; LOVILL en Panamá; Miller & Chevalier en Estados Unidos; Orihuela Abogados en Perú; Paz Horowitz Abogados en Ecuador; QIL+4 Abogados en Guatemala y Von Wobeser y Sierra en México.
Un resultado sobresaliente de la encuesta es que desde 2016 hasta este año Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay han cambiado su categoría de ambiente de cumplimiento, incorporándose a la de los más desarrollados, junto a Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.
Por otro lado, las empresas internacionales y las que cotizan en la bolsa de valores superan a las nacionales y privadas en cuanto a la aplicación de prácticas de compliance de alto nivel.
México
Particularmente, en México se redujo de 64 % a 49 % el número de encuestados que indicó tener conocimiento sobre procesos judiciales por corrupción y casi 75 % clasificó a la Fiscalía como significativamente corrupta. En general, en un 6 % aumentó la confianza pública por el enjuiciamiento de infractores.
Al respecto, Diego Sierra, socio de la firma mexicana Von Wobeser y Sierra y director de la práctica anticorrupción, comentó que tal optimismo se debe a los cambios legales y estructurales de los últimos años, así como al cambio de paradigma en el sector privado, algo que se originó con la presión de los mercados internacionales.
Entre los cambios referidos por Sierra está la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ciertas reformas al Código Penal Federal, la nueva Fiscalía General de la República; el nombramiento de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción y la atribución de nuevas facultades para la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
“A pesar de dicha mejora y como lo muestran los resultados comparativos negativos obtenidos en algunos rubros, aún existen serios defectos de integridad atribuibles a la atmósfera política actual”, comenta.
La conclusión sobre México es que si bien no hay grandes esfuerzos políticos, sí los hay a nivel corporativo. En esto coinciden Diego Sierra y Matteson Ellis y se refleja en los resultados del estudio. La reciente resurrección del caso Odebrecht - México, representa una oportunidad para demostrar qué tanto funciona ahora el sistema.
Chile
Una de las grandes sorpresas de la encuesta es el cambio de percepción sobre el tema en Chile: casi la mitad de los encuestados afirmó que la corrupción es un riesgo significativo en el país, algo que se traduce en un aumento del 27 % comparado con la encuesta anterior. También se incrementó la percepción de riesgo del Poder Legislativo, el Poder Judicial y aduanas.
A decir de Pablo Albertz, asociado en la firma chilena Carey, la evaluación de Chile ha sido dispareja: mientras que han entrado en vigor reformas importantes anticorrupción y los programas de compliance han alcanzado madurez, la desconfianza ha aumentado.
Albertz detalla que actualmente hay iniciativas pendientes para extender la responsabilidad penal para quienes infrinjan leyes electorales, tributarias, delitos ambientales e informáticos, entre otros, así como hay algunas que buscan modificar la ley que protege a funcionarios que denuncian irregularidades y faltas al principio de probidad. También hay un proyecto que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos de corrupción.
Ecuador
Después de Brasil, Ecuador es el país en donde hay mayor conocimiento de procesos judiciales abiertos contra infractores. Es uno de los países con investigaciones más avanzadas por el caso Odebrecht, incluso ha confirmado sentencia de ocho años para el expresidente Rafael Correa, acusado de haber recibido financiamientos ilícitos a cambio de la adjudicación de contratos millonarios a la constructora.
Ecuador tiene un amplio trabajo en su lucha anticorrupción. Otro ejemplo se desprende de investigaciones derivadas de los Panama Papers: solo Ecuador y Brasil han emitido sentencias por este caso.
Bruce Horowitz, socio fundador de Paz Horowitz Abogados, detalla que en 2019 Ecuador estaba listo para enfrentar la corrupción con cambios estructurales desde las instituciones encargadas. Entonces se abrieron procesos contra altos funcionarios del Gobierno anterior. “Se podría asumir que esto causaría un fuerte movimiento de las empresas locales hacia la adopción de programas de compliance”, señala Horowitz y añade que a pesar de estos resultados evidentes, la transformación ecuatoriana no ha sido grande. La encuesta sitúa a Ecuador entre los países que menos han desarrollado su ambiente compliance.
Horowitz explicó que no son muchas las compañías que adoptan programas de compliance en Ecuador, incluso con la imposición del ISO 37001. Afirma que las empresas realmente preocupadas por adoptar estas medidas son las grandes, las internacionales, que se instalan en los países comercialmente más fuertes. Agrega que la realidad no cambiará mientras no haya tantas de estas compañías en el país, lo mismo sucedería en Bolivia, El Salvador y Panamá.
Brasil
De acuerdo con esta encuesta, Brasil ha logrado consolidar su posición como líder respecto de la aplicación de la ley, a pesar de los escándalos. Cabe precisar que las opiniones de los encuestados se emitieron antes de la renuncia de Sergio Moro como ministro de Justicia.
Eloy Rizzo, socio del área de compliance en Demarest Advogados, refiere que este último año, la estructura de Brasil se ha reforzado con medidas como la “Ley Anticrimen”, un proyecto de Sergio Moro con innovaciones importantes, por ejemplo, la posibilidad de acordar la no persecución penal cuando los delitos se hayan cometido sin violencia o grave amenaza. También se promulgó la Ley N ° 13.608 para denunciar de forma telefónica delitos contra la administración pública o infracciones administrativas e, incluso, omisiones.
“En noviembre de 2019, el Supremo Tribunal Federal modificó un inciso que permitía el inicio del cumplimiento de condenas a través de otras en un segundo nivel, es decir: antes de dictada la sentencia. Este cambio afectó a varios condenados de la Operación Lava Jato”, comentó Rizzo.
Ahora, con la pandemia, se observó un gran aumento en el número de operaciones de lucha contra la corrupción, aunque el presupuesto para esta rama se vio reducido por la asignación de recursos para hacer frente a la pandemia, siendo este el nuevo reto a asumir. La reforma constitucional para convertir las decisiones de segunda instancia en sentencias definitivas aún está pendiente de discusión.
¿Qué esperar para la próxima encuesta? Matteson Ellis dice que aunque nunca hubiera adivinado estos resultados y seguramente no adivinará los de la siguiente encuesta, hay ciertas cosas previsibles: “Esta ola de cumplimiento normativo va a seguir, lo vemos en México, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Y otro efecto, que es real, es la integración de los mercados, exigiendo las mejores prácticas. Hay presión por todas partes para hacer más éticos los negocios, desde los mercados, las compañías y las autoridades. Esto me da esperanza”.
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