La picaresca, el timo, los grandes fraudes son todos parte del mismo concepto: la corrupción. Este término es un concepto desgraciadamente en auge y tiene tantos acólitos ocultos como detractores públicos.
Casos como el desmantelamiento de la Operación Lava Jato en Brasil nos llevan a pensar que hay una tendencia regional a limpiar instituciones y grandes empresas en algunos países latinoamericanos.
El 2016 Latin American Corruption Survey, liderado por Miller & Chevalier y en el que participaron 13 firmas de América Latina, refleja claramente la realidad que están viviendo sus países. Este esfuerzo surge por la inefectividad de las leyes anticorrupción locales y por la necesidad de aumentar la lucha contra el nepotismo y otras prácticas poco éticas.
Y aunque es inevitable que quien cuelga un espejo se vea reflejado en él -muchos han sido los escándalos que han pesado sobre la región a lo largo de 2015-; también es posible que al ver que su reflejo le disgusta, se decida a cambiar.
Ese parece ser el ángulo de la ONG Transparencia Internacional, para quien dos hechos ocurridos el año pasado han situado a América Latina a la cabeza de la lucha anticorrupción: por un lado, las investigaciones sobre redes de corruptela a gran escala, y por otro, la movilización masiva de ciudadanos.
Es cierto, sin embargo, que el proceso vivido no ha sido igual para todos. Mientras Uruguay y Chile están entre los 3 países mejor valorados por sus ciudadanos en materia de leyes anticorrupción –según el estudio de Miller & Chevalier-, Venezuela aparece en el último puesto, con 0 % de confianza popular. Cifras que encajan con las aportadas por el Índice de Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, donde Uruguay ocupa el puesto 21 y Chile el 23 de una lista de 167 países; pero Venezuela se queda en el 158, solo por encima de países como Corea del Norte, Irak o Afganistán.
Cabe preguntarse: ¿Qué diferencia a los países más honestos y transparentes de los demás y cómo lo han conseguido? Y sobre todo: ¿Estamos ante una tendencia en auge que promete un aumento progresivo de la lucha colectiva por fomentar la transparencia en toda Latinoamérica o es una mera reacción para salvar su reputación internacional? Para esto, vale la pena enfocarse en los países con mejor calificación: Uruguay y Chile.
Para el experto en compliance anticorrupción de Miller & Chevalier, Matteson Ellis, los ingredientes para una sociedad libre de cohecho y prácticas similares son “instituciones públicas fuertes, independencia de la justicia y una sociedad civil independiente y activa”.
Lavarse la cara
En Uruguay el movimiento anticorrupción ha venido en parte impulsado por Gonzalo Mujica -diputado independiente del Frente Amplio (FA)- que, preocupado por la situación en Brasil, Venezuela y Argentina, subrayó la importancia de tranquilizar a los uruguayos.
Y, sabiendo que el Movimiento de Participación Popular (MPP) preparaba un proyecto para reformar la Ley 17.060 -que regula las declaraciones juradas de bienes e ingresos de autoridades y funcionarios públicos-, Mujica decidió adelantarse y publicar su declaración de bienes e ingresos, para pregonar con el ejemplo. Instó además al resto de políticos a hacer lo mismo. Una pequeña gota que levantó una ola de declaraciones juradas.
La bomba informativa que rodeó la declaración del político culminó con la publicación de dos proyectos de ley que modifican aspectos de la Ley 17.060. Ambos toman la misma dirección: ampliar la lista de autoridades que no solo deben realizar declaraciones de bienes e ingresos, sino que además deben hacerlas públicas.
Referente a los cargos públicos, lo que potencia su interés por la lucha anticorrupción es precisamente convencer al pueblo de que existe y lavar su imagen de cara a los votantes.
“Dilma Rousseff firmó el Acta de Empresas Limpias de Brasil mientras millones de personas inundaban las calles protestando contra la corrupción en el Gobierno. Y en México, el Presidente Enrique Peña Nieto presentaba un nueva Ley Anticorrupción como forma de redimirse por su involucramiento con el llamado escándalo de la Casa Blanca”, razona Ellis. Para los encuestados en el Latin American Corruption Survey, la presión social es un factor importante de la lucha anticorrupción aunque no tanto como la correcta aplicación de las leyes por parte del Gobierno.
El imperio de la ley
"Chile no acepta ni la corrupción ni los abusos, porque el país necesita buenos mercados para un mejor desarrollo, y con esta Ley, hemos dado un paso contundente en esa dirección", dijo la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en agosto de este año. Con esa frase, anunciaba la aprobación de la Ley que Perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia.
Una de las metas de esta ley es imponer sanciones más duras y hasta condenas penales para los delitos de colusión -acuerdos entre dos o más personas con el fin de perjudicar a un tercero-. “Estamos dotando a Chile de una legislación muy avanzada en promoción de la libre competencia, conforme a los estándares de las grandes economías y a las recomendaciones de los organismos internacionales”, declaró.
Como sanciones económicas, la nueva legislación destaca la aplicación de una multa por el doble del beneficio económico reportado por la colusión – que pasa a ser delito penal, con pena de cárcel de 5 a 10 años- o de hasta 30% de las ventas de productos y/o servicios asociados a la infracción. Esto se acompaña con 5 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y cargos de director o gerente de empresas públicas, sociedades anónimas, asociaciones gremiales, empresariales o de consumidores, así como partidos políticos o colegios profesionales.
En el caso de las empresas, las sanciones económicas de cada país parecen marcar la diferencia entre esconder o denunciar las malas prácticas. “Claro que las sanciones incentivan” admite Saskia Zandieh, counsel de Miller & Chevalier, “pero cada vez más compañías entienden que no solo tienen mucho que perder debido a las sanciones sino a las ineficiencias y daños irreparables a la reputación corporativa causados por el fraude”.
La fuerza de la sociedad civil
A juzgar por sus palabras, se podría decir que Bachelet está muy comprometida con la lucha anticorrupción. Aunque antes de hacer esas afirmaciones, debemos ponerla en contexto. Y es que su Gobierno ha sido acusado de escándalos, que han acabado golpeando a su hijo Sebastián Dávalos y a su nuera Natalia Compagnon, ambos acusados de evasión de impuestos y tráfico de influencias en la compra y venta de terrenos.
Puede que por esa razón, la Presidenta insista en que esta ley impedirá repetir "casos de personas, empresas y organizaciones que han traicionado la confianza de los chilenos y chilenas, buscando con malas prácticas obtener los beneficios que con un juego limpio en el mercado jamás lograrían". Es posible que esta normativa le permita recuperar el apoyo de su pueblo - 81 % de la población desaprueba su Gobierno –según un sondeo realizado en 2016 por la empresa Adimark-; alcanzando así los índices más bajos de aprobación históricos en su país.
Así y todo, el país sigue atento de los movimientos de sus gobernantes. En abril de 2015, decenas de miles de chilenos desfilaron contra el sistema educativo; una protesta que derivó en una manifestación contra la élite política y sus tejemanejes financieros. Y aunque fue de las protestas más multitudinarias, no fue la primera –la ola de manifestaciones comenzó en 2011- y continúa.
Zandieh concuerda con la opinión de Ellis, que la correcta aplicación de las leyes está directamente relacionada con la participación de los ciudadanos.
Esta aseveración se traduce textualmente al mundo empresarial. 89 % de los encuestados que detectaron prácticas ilegales en su empresa, no lo denunciaron; y de aquellos que lo denunciaron, menos de un tercio vio ese fraude investigado por la policía. “Los testigos seguirán sin reportar la corrupción si sienten que sus esfuerzos son inútiles”, opina la abogada.
La tendencia de los últimos tiempos
A lo largo de 2015, el estudio anticorrupción de Miller & Chevalier refleja un aumento de medidas anticorrupción en las empresas –de 77 % en 2008 a 87 % en 2016-. Ellis achaca ese incremento “a la continua presión por parte de Estados Unidos, así como a la presión de miembros relevantes del mercado (socios comerciales, auditores externos, empresas aseguradoras)”.
Tras los avances en materia de lucha anticorrupción, ¿se puede decir que esa lucha se ha arraigado como tendencia creciente en América Latina? Hay tantas respuestas como expertos que puedan contestarlas. No es fácil predecir el futuro y menos aún en países tan diversos.
Asimismo, Zandieh se muestra optimista y recalca que la encuesta ratifica “signos de mejora en las medidas de cumplimiento corporativo en toda la región” y recuerda que al menos cinco países han adoptado recientemente una nueva legislación contra la corrupción, incluyendo a Brasil y Guatemala, que ahora juzgan más duramente el soborno. “Nuestra esperanza es que las percepciones negativas servirán de impulso para que los países realicen cambios duraderos en la lucha contra la corrupción”, resume.
}
Add new comment