El día en que Venezuela reconoció a la Oposición

Para algunos, el Memorándum de Entendimiento suscrito el 13 de agosto por la Asamblea Nacional de Venezuela supone el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno de Maduro. Me permito expresar algunos comentarios al respecto:

1. El acuerdo no tiene fundamento jurídico alguno y cuya publicación no es exigida por ninguna ley, no tiene sino fines de publicidad y políticos, como puede decirse de los acuerdos de duelo, conmemorativos o de remembranzas históricas. Lo que sí es cierto es que, mediante el memorándum, la Asamblea Nacional oficialista acepta que el denominado “gobierno” de la República Bolivariana de Venezuela discuta su propia gobernabilidad con la otra parte firmante de dicho documento, lo que significa reconocer implícitamente que su condición de gobierno en el poder está cuestionada.
2. Un escrito en el que sus suscriptores admiten llamarse “partes” para los propósitos que se definen como objeto de este significa igualdad y no desigualdad entre ellas. Es decir, es un mutuo reconocimiento político como partes del proceso de negociación, aprobado por la Asamblea Nacional oficialista, pero jamás un reconocimiento jurídico de legitimidad alguna a la parte que se define como “gobierno” de la República Bolivariana de Venezuela. 
3. De hecho, la agenda aprobada constituye la más clara demostración de que en los últimos procesos electorales del país no ha habido elecciones libres ni garantías, es decir, se admite que hay un origen ilegítimo del poder público.
4. Ambas partes admiten una mesa de negociación para tratar de arreglar la gobernabilidad en el país y aceptan que acudirán a otros países como  garantes, es suficiente para decirle a Venezuela y al mundo que, a quien se llama “gobierno” de la República Bolivariana de Venezuela (aunque se le llame así), no tiene legitimidad en el poder que ejerce pues visiblemente -como se establece en el memorándum- su objeto es tratar de buscar una solución al problema de la gobernabilidad en Venezuela, para el bienestar, la paz y el respeto de los derechos humanos. En otras palabras, es reconocer también la falta de legitimidad del ejercicio del poder por ese “gobierno”.
5. En este orden de ideas, a mi juicio, tal interpretación corresponde al llamamiento que a ambas partes hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sostengan un diálogo, serio, amplio e inclusivo para la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática, con miras a la garantía de los derechos humanos en ese país. La misma Comisión considera profunda la dificultad de institucionalidad democrática en Venezuela y que “tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos que ha derivado en la ausencia del Estado de derecho y que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos contra las personas que hacen público su disenso con el gobierno, así como el deterioro de las condiciones de vida de la población en general, responsable por la migración forzada de al menos entre 5 a 6 millones de personas desde 2015”. 
6. Por ello, como lo afirma la CIDH en su mencionada declaración, los desafíos antes subrayados de la crisis en Venezuela: “denotan la necesidad de procesos de diálogo dirigidos a restablecer la institucionalidad democrática, promoviendo la real, efectiva y práctica independencia de los poderes públicos y la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos”. Es decir, que a la luz del sistema interamericano el Memorándum de Entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021 entre el llamado “gobierno” de la República Bolivariana de Venezuela y la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela, en la Ciudad de México, misma que contó con la mediación del Reino de Noruega, no constituye reconocimiento de legitimidad alguna de tal “gobierno”. 

*Román J. Duque Corredor es individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Exmagistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y Coordinador Nacional del Bloque Constitucional de Venezuela.