El derrame de petróleo que alcanzó al noreste brasileño desde el día 30 de agosto mantiene los ánimos caldeados, pues ha afectado a más de 230 localidades y la reputación del país está manchada.
Sería fácil encontrar a los responsables de este crimen ambiental, pero el derrame de petróleo en el noreste agrupa actos comisivos de empresas y omisivos del Estado. A pesar de las repercusiones de este derrame, el Gobierno de Brasil solo accionó el Plan Nacional de Contingencia para Incidentes de Contaminación por Petróleo en Agua (PNC) ante las presiones del Ministerio Público Federal que exigió que el PNC fuese activado, a más tardar, dentro de 24 horas.
Los más afectados por el derrame fueron las comunidades de pescadores, la industria del turismo, hoteles y la población local. La demora en activar medidas hizo que los residentes intentaran limpiar las playas, sin la utilización de equipos de protección, como un intento desesperado por mantener el sustento de tantas familias que dependen de los recursos naturales para su sobrevivencia.
El sector turístico también resultó fuertemente afectado. Datos de la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) muestran que en agosto de este año, el turismo generó, para el noreste, 2,4 millardos de reales en comparación con 2018 que fue de 29,1 millardos de reales.
El turismo es uno de los sectores con protagonismo en la economía brasileña, representando el 7,9 % del PIB nacional y siendo responsable del mantenimiento de 6,59 millones de empleos. Afectar al sector turístico brasileño es, también, afectar la vida de millones de trabajadores.
El petróleo posee más de 200 hidrocarburos, entre ellos, el benceno que es un producto cancerígeno. El benceno puede continuar circulando en la corriente marítima aunque no haya alquitrán visible. Si se comprueba que las aguas marítimas se contaminaron con benceno, las playas pueden considerarse inadecuadas para el baño y para la pesca, afectando profundamente la economía y al turismo de la región.
¿Y quién pagará por todo este perjuicio?
El Gobierno brasileño tiene algunas opciones: descubrir quién es el dueño de la embarcación involucrada en el caso, el país que produjo el petróleo, cuál territorio derramó el aceite, cuál empresa contrató el barco y cuál empresa recibiría la mercadería transportada. Esos serían los contaminadores directos quienes tendrían que pagar una indemnización para cubrir todos los daños económicos y ambientales, de corto y largo plazo.
Por el momento, todas las empresas y países involucrados pueden ser responsabilizados, incluyendo al Estado brasileño. Eso porque nuestra legislación ambiental considera como contaminador a la persona física o jurídica, de derecho público o privado, responsable, directa o indirectamente de la actividad causante de degradación ambiental.
Como el Estado tiene el deber de garantizar la defensa y la preservación del medio ambiente, la demora en activar el Plan Nacional de Contingencia puede interpretarse como una omisión del deber del Estado, siendo, así, responsable indirectamente de lo ocurrido. En este caso, el Estado tendría responsabilidad solidaria con los causantes directos del desastre.
Este es el entendimiento del Supremo Tribunal de Justicia que comprende la responsabilidad civil del daño ambiental como de naturaleza objetiva, solidaria e ilimitada, cualquiera que sea la calificación jurídica del contaminador.
Aunque, por norma, la responsabilidad civil del Estado por omisión suele ser subjetiva, cuando la misma recae sobre daños ambientales, la imputación obedecerá al criterio objetivo.
El régimen de responsabilidad civil objetiva del Estado, en los términos del Art. 37, §6º de la Constitución Federal, no veta la existencia de regímenes especiales, en que la objetividad sea la norma en los comportamientos omisivos. Entretanto, para que la población y el sector turístico, que abarca complejos vacacionales y empresas, acudan ante el poder judicial, sería necesaria la comprobación de los daños sufridos en septiembre y octubre de 2019.
En el caso de las empresas, también sería necesario demostrar el promedio de las facturaciones percibidas en el mismo período del año anterior. El daño material generado a las comunidades que sobreviven del turismo es responsabilidad del Estado, teniendo en cuenta que la preservación del medio ambiente, en especial, de las playas y de los mares territoriales, es de su responsabilidad. Pero si el Estado descubre quien es el contaminador directo, podrá presentar una acción contra el mismo.
Los estudios técnicos de Petrobrás identificaron que el petróleo derramado tiene origen en tres campos en Venezuela, pero todavía no ha sido posible determinar la identidad del responsable directo del derrame.
Una de las hipótesis señala como el responsable a un “barco fantasma/pirata”, el también llamado dark ship, que es una embarcación que transporta petróleo clandestinamente. En este caso, es posible que el contaminador directo nunca sea identificado y nunca pague por el crimen que cometió. Por las normas del derecho ambiental, el Gobierno brasileño puede ser culpado por omisión y por negligencia al no manejar adecuadamente el caso.
El barco puede ser fantasma, pero el perjuicio es real. La imputación del Estado y de los gobernantes es el parámetro que diferencia al régimen del estado democrático de derecho de los regímenes políticos atrasados. Ella debe ir más allá del resarcimiento de los daños materiales causados, actuando también en la imposición de nuevas medidas que puedan modificar la planificación y la conciencia ambiental de nuestros gobernantes en relación con las bellezas ambientales de nuestro país.
En estos tiempos en los que los ánimos están caldeados por los incendios en la Amazonia y los discursos están plagados por el petróleo derramado en el noreste, Brasil tiene una misión por delante: buscar restaurar y fiscalizar, de modo eficiente, la mayor riqueza del país, que es su medio ambiente.
Giovanna Ghersel es abogada especializada en derecho penal y derecho procesal penal
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