El Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá en los próximos días si una persona debe o no ser detenida previa condena en segunda instancia. El tema ha generado debate en el poder judicial brasileño. Está en juego la presunción de inocencia, principio tan apreciado en la sociedad.
En las Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADCs) 43, 44 y 54, con ponencia del magistrado Marco Aurelio, dos partidos políticos y el Colegio de Abogados del Brasil requieren la declaración de la constitucionalidad del artículo 283 del Código de Proceso Penal, según el cual nadie podrá ser detenido sin sentencia condenatoria.
“Art. 283. Nadie podrá ser detenido sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente, como resultado de sentencia condenatoria decretada cosa juzgada, en el curso de la investigación o del proceso, en virtud de prisión temporal o prisión preventiva”.
Nuestra Carta Magna es explícita en condicionar la prisión-pena a cosa juzgada de la sentencia, de modo que la ejecución provisional previo enjuiciamiento en la segunda instancia afecta directamente el principio de la presunción de inocencia, que actualmente se ha visto comprometida ante las presiones de diversos sectores de la sociedad.
Pero el enjuiciamiento en el Supremo Tribunal tiende a declarar la imposibilidad de la prisión anticipada en la segunda instancia. Ciertamente, dependerá del magistrado José Antonio Dias Toffoli el voto de desempate en una decisión que afectará todos los procesos penales en trámite judicial. Por eso, es importante el enjuiciamiento para la justicia y la sociedad brasileña.
Considerando el resultado parcial de la votación, de 4 x 3 por la prisión en segunda instancia, dos magistrados apuntan a la reanudación de una interpretación conforme a la Constitución. Todavía hay mucho que discutir en el plenario. Sin embargo, entre los cuatro magistrados que todavía votarán en ese enjuiciamiento, la magistrada Carmen Lúcia está a favor de la prisión anticipada. Seguramente, los votos de los magistrados Gilmar Mendes y Celso de Mello llevarán el tema a un empate de 5 x 5. Pero es al presidente del STF, magistrado Dias Toffoli, a quien le tocará tomar la decisión final. Toffoli ha dejado claro su posición en contra de la ejecución provisional de la sentencia.
En ese sentido, se espera que, por mayoría, los magistrados del Supremo Tribunal Federal reanuden la interpretación vigente hasta el año 2016, cuando esta, según la Constitución, era en el sentido de aguardar la declaratoria de cosa juzgada para aplicar la penalidad impuesta a alguien. Cabe subrayar, nuevamente, que la Constitución Federal es muy clara y explícita al condicionar la ejecución de la sentencia a la cosa juzgada del decreto condenatorio. De producirse una decisión contraria a dicho principio, colocaría en jaque al proceso penal brasileño.
Como se sabe, todavía se espera un ‘voto medio’ del presidente del Supremo Tribunal, el cual permitiría la ejecución de la pena previo enjuiciamiento de los recursos en el Supremo Tribunal de Justicia. Aun así, esa alternativa para una eventual decisión sería contraria a la Constitución Federal ya que cualquier enjuiciamiento o redacción de ley contrario al texto constitucional, para anticipar la ejecución de la pena, estará violando los principios de la presunción de inocencia y del debido proceso legal.
*Willer Tomaz, socio del escritorio Willer Tomaz Advogados Associados.
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