La Contraloría General del Estado (CGE) deberá cumplir nuevos roles. Sin embargo, el desarrollo de sus competencias durante la crisis sanitaria ha dejado mucho que desear. Su inacción o su acción politizada no solo ha incrementado su desprestigio, además ha despertado un clamor urgente para reorganizarla por completo.
Esta reorganización y los retos que se le han colocado, como su participación activa en la persecución de delitos, devienen de la nueva 'ley anticorrupción'. Esta se fundamenta con las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y las modificaciones a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Para la ciudadanía el órgano de control ha desnaturalizado sus facultades, ha dejado de ser una entidad técnica y se ha convertido en un aparato de persecución administrativa que, incluso, ha sobrepasado sus límites actuando de forma inoportuna e ilegítima, entrometiéndose en actividades que por reserva legal no le competen. Por lo tanto, ahora que se la piensa reformar hay que analizar los nuevos roles que debería asumir para vigilar el correcto uso de los fondos públicos y para que no se comentan, una vez más, los errores que criticamos.
Por supuesto, la pandemia ha denotado cuán fracturadas se hallan las bases de nuestra sociedad. Ante lo que se describe se han producido reacciones tardías para combatir la corrupción pese a que la ciudadanía ha clamado remedios urgentes. La consecuencia de aquello es que varias entidades del Estado se hayan desprestigiado aún más por la desidia y la omisión de implementar acciones en favor de precautelar el bien común, cuidar los recursos públicos, proteger el interés nacional y el orden social.
Fruto de acciones tardías como solución, tenemos las nuevas competencias que la Contraloría General del Estado asume con la reforma que se ha hecho al COIP y que se han expedido en el Registro Oficial. No obstante, cabe cuestionar si las competencias con las que se disponía eran ya suficientes para luchar contra el mal manejo de fondos públicos y la discrecionalidad. Es necesario además preguntarse cuál era o es el órgano que audita a la Contraloría, esto porque a los ojos de la ciudadanía esa entidad no rinde cuentas a nadie.
No podemos creer, como ciudadanos, que las reformas que se han expedido hace poco tiempo al COIP sean las únicas para que la Contraloría General del Estado audite y valide las fases previas y el desarrollo contractual que realiza la administración pública para adquirir bienes, servicios y obras. Los filtros previos son necesarios, pero habrá que desarrollarlos para que no sean meramente enunciativos.
Me pregunto si la CGE se encuentra en la capacidad de implementar los controles urgentes, tomando en cuenta que el trabajo deja de ser manual y se otorga preponderancia a los sistemas informáticos para agilizar la competencia y con la que se cree se combatirá la corrupción de manera final. Me cuestiono, además, si existen los recursos para desarrollar los programas informáticos y el costo que implicará que se lo haga. Me cuestiono: ¿cuál será el impacto económico y social?
Este gran ejercicio de depuración a la corrupción hay que empatarlo con los cambios expedidos vía reformas del COIP con lo regulado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), respetando la especialidad para que no se generen conflictos de competencia. ¿Alguien ha observado aquello?
A la fecha existen varios proyectos en la Asamblea Nacional que buscan reformar a la Contraloría General del Estado, no se ha difundido lo que se trata de implementar en el fondo y, como si fuera una solución, se han tomado como ejemplo figuras existentes en otras legislaciones debido a que no tenemos iniciativa propia.
Por todo lo expuesto es imperioso que como ciudadanos abramos los ojos al momento que vivimos y cuando se reactive el debate de las normas que tratan de reestructurar la figura de la Contraloría, planteemos nuestras quejas con el ánimo de que esa norma no siga siendo un medio de ataque; si eso sucede la consecuencia será que tendremos hipotéticamente un órgano de control que actuará de la misma forma y que no combatirá la corrupción, que seguirá actuando sin criterios lineales, amén de los acuerdos y pasiones políticas de turno con las cuales se ha desfigurado sus competencias. Si eso no cambia, aunque la denominen con otro nombre, se la fusione o se la reubique geográficamente en otro lugar, las cosas seguirán igual.
Por cierto, el optimismo de parte de los funcionarios de la CGE deberá ser desterrado, si no se lo extirpa ninguna ley ni fórmula para transparentar a la administración pública, buena intención o reforma legal que se ejecute será suficiente para combatir la corrupción. ¡El tema a la larga es casi mental!
*Diego Torres Saldaña es abogado sénior en la firma ecuatoriana BACLAW.
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