La última elección en Venezuela

El día de ayer, el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo un evento electoral en contravención de la constitución y las leyes para elegir a un nuevo presidente de la República. O mejor dicho, para buscar una suerte de relegitimación de su mandato. Tal y como se esperaba, en horas de la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció la avasallante victoria de Maduro en un proceso electoral en el que la mayoría del país se negó a participar.

La diferencia de votos anunciada por el muy cuestionado ente electoral con su contrincante más cercano, Henri Falcón, fue significativa -cerca de los 4 millones. Falcón, quien había decidido lanzarse en representación de la oposición en contra de lo acordado por la mayoría de partidos y grupos de la sociedad civil que se oponen a Maduro, desconoció el proceso por irregularidades que se dieron durante el día antes del pronunciamiento de Lucena. Luego de haber votado tercamente en casi todas las elecciones con las que el chavismo buscaba darse un baño de democracia, una gran mayoría de la población decidió quedarse en su casa para castigar al gobierno con una abstención que estuvo cerca del 52 %.

Técnicamente es difícil hablar de abstención, ya que el proceso fue convocado ilegalmente por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -órgano ilegítimo que usurpa funciones del Parlamento y otras instituciones- y que fue adelantado a conveniencia del gobierno. De acuerdo con la constitución venezolana, la juramentación para el nuevo período presidencial debe ocurrir en los primeros días de enero del año que comienza, por lo que las elecciones suelen llevarse a cabo aproximadamente un mes antes.

El gobierno de Nicolás Maduro se vistió de dictadura oficialmente hace más de un año, cuando el Tribunal Supremo de Justicia decidió atribuirse funciones exclusivas del parlamento y luego con la convocatoria fraudulenta de la ANC. Para darle legitimidad a la constituyente, el chavismo ha insistido en que jefes de gobierno regionales juramenten ante el ente.

Sin duda, Maduro jurará para su nuevo período presidencial ante la ANC, acto que en realidad debe llevarse a cabo frente a la Asamblea Nacional. En ese momento, se quitará el lastre del último vestigio de institucionalidad al cual se encontraba atado: el título de Presidente de la República.

Venezuela quedará sin presidente constitucional.

La gran pregunta es cómo lo manejará la comunidad internacional. Muchos países, que en el pasado eran aliados clave de Venezuela, ya han anunciado que desconocerán los resultados. Según voceros del gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump está lista para aplicar nuevas sanciones a individuos relacionados a violaciones de derechos humanos y esquemas de corrupción que son parte del gobierno de Venezuela. Diosdado Cabello, que ha sido uno de los líderes más influyentes del chavismo, recientemente fue designado dentro de la lista OFAC por sus vínculos con esquemas de corrupción y con el tráfico de drogas.

Incluso se ha hablado de la posibilidad de sanciones comerciales que impactarían la venta de petróleo hacia EE.UU., prácticamente el único país que le genera ingresos petroleros a Venezuela. Esto, unido al actual estado de la petrolera estatal PDVSA -en uno de sus peores momentos de productividad por las mala gestión de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro- tendrían un grave impacto en las finanzas del chavismo.

Algunos países miembros del grupo de Lima están estudiando un posible acuerdo que establezca un marco para rastrear fondos provenientes de corrupción relacionados con el gobierno venezolano.

La comunidad internacional tiene el reto de presionar al gobierno y articular una estrategia para montar un canal de ayuda humanitaria a la población que sufre la crisis internamente, mientras reciben a los miles de venezolanos que buscan refugio de la dictadura en el extranjero.

Pero el reto más grande lo tiene en este momento la oposición venezolana, que luego de dos derrotas en procesos electorales controlados por el gobierno, se encuentra desarticulada, fracturada, y desmoralizada. Quizás sea buen momento para que los partidos de oposición -de liderazgos tradicionalmente monolíticos- aprovechen para renovar sus liderazgos al tiempo que renuevan la coalición de partidos y sociedad civil que enfrentaría al régimen. Si bien es cada vez menos probable que la salida del atolladero en el que se encuentra el país sea a través de un proceso electoral -no hay condiciones institucionales para ello- es importante que exista una representación del cambio, gente que haga el trabajo interno y que haga política. Un primer paso en la dirección correcta podría ser demostrar su talante democrático eligiendo nuevos líderes.

La última elección en Venezuela no fue la de ayer, sino -quizás- la anterior.

Probablemente no veremos en Venezuela un proceso electoral en mucho tiempo, cosa que agrega un grado de dificultad a la oposición que estaba acostumbrada a organizarse en torno a elecciones. Pero es tiempo de cambiar de estrategia, es tiempo de volver a unirse.