En los últimos años, Estados Unidos ha aplicado sanciones como herramienta política en respuesta a las actividades del gobierno venezolano. Su presidente ha emitido órdenes ejecutivas, administradas y ejecutadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), prohibiendo las transacciones comerciales o financieras y otras transacciones de personas estadounidenses, a menos que lo autorice la OFAC.
En Estados Unidos se debe cumplir con las regulaciones de la OFAC, incluidos todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes permanentes —sin importar dónde se encuentren—, todas las personas y entidades dentro del país, así como todas las entidades constituidas allí y sus sucursales extranjeras.
Recientemente, el presidente de los Estados Unidos emitió una nueva orden ejecutiva ordenando el bloqueo de propiedades del gobierno de Venezuela. A pesar de su alcance específico, la OFAC ha emitido 12 licencias generales modificadas y 13 nuevas licencias generales.
Entre estas licencias generales, la licencia número 27 autoriza ciertas transacciones relacionadas con patentes, marcas y derechos de autor. En concreto, se refiere a transacciones relacionadas con patentes, marcas, derechos de autor u otras formas de protección de propiedad intelectual (PI), tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, permitiendo expresamente lo siguiente a personas estadounidenses: presentación, transferencia, renovación o mantenimiento, procedimientos de oposición o infracción y el pago de tasas.
Este permiso autoriza a las empresas con sede en los Estados Unidos a participar en actividades regulares relacionadas con la propiedad intelectual, vitales para la protección, el mantenimiento y la aplicación de las leyes de marcas y patentes en Venezuela, involucradas en operaciones comerciales y contratos existentes. Por lo tanto, permitirá y alentará el diseño de estrategias de protección de PI en anticipación a la recuperación económica de Venezuela.
Como antecedente, los propietarios de derechos de propiedad intelectual estuvieron enfrentando la obligación de hacer pagos de tarifas de una manera expresamente prohibida por OFAC, quedando expuestos a sanciones cuando el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) solicitó el pago de tarifas oficiales en petros. Es importante mencionar que el pago en petros continúa prohibido, ya que la licencia número 27 no autoriza ninguna transacción expresamente prohibida por la orden ejecutiva número 13827 (emitida en marzo de 2018), cuyo texto en parte dice así:
Todas las transacciones relacionadas al financiamiento y otras transacciones por parte de una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, cualquier moneda digital, moneda digital, token digital, emitida por, para, o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018, están prohibidos a partir de la fecha de vigencia de esta orden.
El SAPI ofreció un método alternativo de pago a través de un ente afiliado al Estado venezolano y sancionado por la OFAC, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Sin embargo, dado que las sanciones de la OFAC no solo aplican a las empresas estadounidenses, sino a cualquier empresa o agente que realice transacciones utilizando el sistema financiero estadounidense, no se permitieron transferencias bancarias a Bandes.
Un nuevo método de pago se ha puesto a disposición exclusivamente en efectivo, con pago en euros o dólares estadounidenses, a través del Banco del Tesoro, también afiliado al Estado venezolano pero no sancionado por la OFAC. La oficina venezolana de patentes y marcas acepta pagos en moneda local (el bolívar venezolano) solo para personas y empresas naturales venezolanas.
EE.UU. ha estado incrementando medidas y sanciones económicas en contra de la infraestructura comercial del gobierno venezolano desde agosto de 2017. Sin embargo, la licencia general número 27 representa un paso positivo para la protección continua y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual en Venezuela, al tiempo que enfatiza la importancia de esta como uno de los elementos claves para la futura recuperación económica de Venezuela.
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