En Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las leyes actuales contra el lavado de activos y otros delitos relacionados establecen medidas que, de acuerdo al nivel de riesgo, deben implementar las personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades y profesiones financieras no designadas. Esto es para prevenir ser utilizadas o participar directa o indirectamente en el delito de blanqueo de capitales.
Con tal fin, dichas leyes imponen a las empresas, firmas legales, y a los profesionales, como a los abogados y a los notarios, entre otros, la obligación de reportar determinadas transacciones y de llevar a cabo una debida diligencia de clientes actuales y potenciales.
Las sanciones por incumplimiento incluyen multas y prisión de 4 a 20 años, según el tipo de actuación de la persona natural o jurídica en los delitos perseguidos. Algunos ejemplos son haber participado, haber adquirido, ser cómplice y/o haber asesorado.
Hasta la sanción de las leyes en materia de prevención de lavado de activos y otros delitos relacionados, estas medidas para prevenir el lavado de activos, recaían solamente en los bancos.
Sin embargo, al no ser solamente los bancos los sujetos que manejaban dinero, fue necesario controlar también las transacciones que realizasen las empresas, firmas legales y profesionales como abogados y notarios para exigir que tomasen medidas: conocer quiénes eran sus clientes, contratistas y proveedores, para que contasen con el respaldo de toda la información necesaria.
Las leyes contra el lavado de activos y otros delitos relacionados son algunas de las normas que toda empresa, incluidas las firmas legales, deben cumplir.
Para un mejor control de su cumplimiento, es aconsejable que todas las normas que les atañen sean incluidas dentro de un "programa de cumplimiento normativo" o de compliance, como se denomina en inglés. Este programa, a ser cumplido por todos los miembros de la organización, tiene que ser creado por un equipo especializado en el tema y que cuente con la mayor cantidad de recursos posible.
En tal sentido, un programa de cumplimiento normativo deberá contener no solo las normas internas de la empresa o firma legal como pueden ser reglamentos, manuales de marca, código de ética. También ha de incluir las normas externas que - de acuerdo a su actividad, industria o sector y jurisdicción - deberá cumplir, junto con aquellas normas que le exijan las partes interesadas, ya sean privadas y/o públicas.
Es importante que dada la cantidad de normas que podrá incluir el compliance, el programa diseñe los procedimientos necesarios que aseguren su cumplimiento, que sea supervisado, actualizado e indique los responsables de su seguimiento.
Esta importancia en el diseño de un programa, radica en establecer claramente las políticas de actuación necesarias para cumplir con todas las normas internas y externas y a la vez, para detectar los riesgos por su incumplimiento y su mitigación. El incumplimiento de estas podría ocasionar pérdidas millonarias en las empresas. Tanto las firmas de abogados como los profesionales independientes, deben estar al día con las novedades legislativas, sus reglamentos y su aplicación para poder asesorar interna y externamente en base a las mismas.
La legislación y la tendencia actual a nivel mundial en compliance, muestra un camino a seguir y lleva a tomar conciencia de que el cumplimiento de toda la normativa interna y externa no solamente ordena, sino que además brinda una mayor seguridad y transparencia al hacer negocios en la región.
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