La democracia es una forma de gobierno que, en su acepción más primaria, propende porque la mayoría decida -en equidad- sobre los asuntos públicos (por lo que se deslegitima su filosofía cuando impera la desigualdad), consistente en que una minoría concentra buena parte de los beneficios económicos, mientras la mayoría tiene ingresos bajos, afectados por altas inflaciones. De ahí que la democracia presente síntomas de cansancio que amenazan su legitimidad y minan su eficacia para responder a los problemas y expectativas de la ciudadanía.
La desigualdad desacredita la democracia. En general, no se observa un compromiso de los gobiernos para revertirla mediante la implementación de sistemas tributarios progresivos e inversión cuantiosa que mejore la calidad de los servicios públicos. En el caso de EE. UU, pese a la recuperación económica que siguió a la crisis de 2008, no pudo evitarse que el 1 % más rico capturara el 93 % de la riqueza —estudios indican que en los últimos 30 años, el 90 % de la población no obtuvo un aumento real de ingresos.
Por su parte, la financiación de campañas políticas por privados, sin topes ni controles efectivos, maximizó el poder de ciertos grupos de interés, que inciden y condicionan la gestión pública, incentivando decisiones estatales que generan rentas indebidas para particulares. La financiación sin controles facilita que personas abusen de la puerta giratoria entre lo particular y lo público, según su conveniencia.
Las democracias liberales afrontan el reto de que las sociedades modernas son pluralistas, existiendo en ellas intereses variopintos, lo que dificulta que los dirigentes puedan identificar el bien común. Además, la especialización del conocimiento impide discernir con facilidad cuáles son las políticas públicas que deben implementarse, pues abundan fundamentos técnicos inaccesibles para el ciudadano lego y el político poco ilustrado.
Por si fuera poco, la tecnología ha aumentado la velocidad con la que los ciudadanos presentan sus demandas, poniendo en dificultades a los gobiernos, los cuales no pueden estructurar una política o corregir el rumbo con la rapidez de Twitter o Facebook. Así, se originó una consecuencia nefasta: los gobernantes concurren en forma facilista a las redes sociales, incluso para desligarse de los actos de su gobierno, como una estrategia para acercarse a la ciudadanía y conservar popularidad.
Ante estas falencias, ciertos líderes prefieren patear el tablero y tomar el camino populista: el de diagnosticar problemas inexistentes y proponer soluciones sin racionalidad ni fundamento fáctico. Colombia, debe tomar nota de esta realidad, para adelantar reformas que corrijan los problemas descritos, y evitar el riesgo, no descartable, de un salto populista en el 2018.
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