La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela inició el martes un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la versión digital del diario El Nacional, uno de los periódicos más emblemáticos del país, con 75 años de historia. Esto se produce tras la cobertura de las elecciones presidenciales del domingo.
El ente regulador alega el presunto incumplimiento del artículo 27 de la ley en Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) “al difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas y además incitando, y/o promoviendo el odio”.
El Nacional, además, se convierte de esta manera en uno de los primeros medios en ser investigado por la supuesta violación de un artículo de la controversial ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente y vigente desde noviembre de 2017.
Conatel arguye que el diario, fundado por el escritor y periodista Miguel Otero Silva, viola el artículo 14 del texto, que dice:
La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga”
Sin embargo, uno de los riesgos que enfrenta la editora del diario ante esta arremetida es que en ninguna parte de la ley Resorte se establecen claramente las consecuencias que devienen de un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por la Conatel. La ley Resorte, por ejemplo, tiene 35 artículos y los 27 y 28, por mencionar dos, están integrados por más de 100 tipos de faltas sancionables. Sin embargo, no se establece la proporcionalidad entre estas y las penalidades.
La falta de claridad de este recurso se convierte en una espada de Damocles que pende sobre la libre expresión y la libertad de empresa: las sanciones pueden acarrear desde altísimas multas económicas –impagables para la mayoría de los medios de comunicación con las pautas publicitarias en descenso, gracias a la economía deprimida del país y a la presión gubernamental– hasta el bloqueo de sus páginas web y la salida del aire de televisoras y radioemisoras, así como prisión para sus directivos de hasta 25 años, establecida esta última por la llamada ley del Odio.
Pero si algo se ha aprendido en Venezuela es que nunca se sabe qué pasará. La discrecionalidad se impone en estos casos.
Desde los tiempos de Hugo Chávez y muy especialmente durante el mandato de Nicolás Maduro, Conatel ha sido el brazo censor del régimen chavista. En los últimos cuatro años, el ente regulador ha sacado del aire televisoras internacionales como CNN en Español, NTN24, RCN, El Tiempo Televisión y Todo Noticias de Argentina. También se han bloqueado –aunque sin mucho éxito– sus sitios web y sus señales en línea. Todo esto por la cobertura de las protestas que se dieron en el país en los años 2014 y 2017.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ofrece cifras reveladoras en el estudio Conatel sintonizado con el PSUV: seis de los ocho directores de Conatel entre 2005 y 2016 han sido militantes del PSUV (el partido de gobierno). En este periodo también se iniciaron 129 procedimientos, de los cuales el 55% se han ejecutado durante el gobierno de Maduro.
La lucha del gobierno en contra de El Nacional es de larga data. Su presidente editor, Miguel Henrique Otero, permanece en el exilio desde 2015 tras ser demandado junto con otros miembros de la junta directiva por Diosdado Cabello, cabeza del PSUV y uno de los hombres fuertes del régimen. Esto, luego de que el periódico replicara un reportaje del español ABC en la que se detallaba una investigación de un fiscal federal en Nueva York contra Cabello por narcotráfico.
En esta querella tambiénn fueron acusados Alberto Federico Ravell, director de Lapatilla.com, y Teodoro Petkoff, del semanario Tal Cual. A esto se le suman el acoso y las demandas que han enfrentado periodistas de diversas fuentes por parte de personeros del gobierno a lo largo de estos años.
Además, los impresos de Venezuela sufren desde que el papel periódico salió de las listas de esenciales para la asignación de dólares por parte de Cadivi (Comisión Nacional de Administración de Divisas), ahora Cencoex (Centro de Comercio Exterior). Esta medida ha incidido directamente en la disminución del tiraje, la frecuencia, la circulación, la paginación y la plantilla de periodistas y profesionales de los medios impresos. Entre 2013 y 2018, son 35 los diarios que han salido de circulación debido a estas dificultades, según contabiliza el IPYS.
Y aunque no es nada nuevo, con el procedimiento de Conatel en contra de El Nacional, la censura es lo único que parece fortalecerse en Venezuela.
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