La virtualización de la justicia civil es un valor entendido. La necesidad de su aplicabilidad es innegable. Con distintos matices, los órganos judiciales se han estado preparando antes de la pandemia —y no lo digo premonitoriamente— para transitar a un proceso telemático moderno y eficiente. En Latinoamérica, tal evolución ha ido a paso de tortuga y, si se tuviese que dar un ejemplo de esa lentitud, en el Perú encontramos uno.
Desde la falta de voluntad política, pasando por las deficiencias institucionales, hasta llegar a la ausencia de liderazgo, todos los caminos han conducido a un entramado o tejido judicial —que no sistema— desfasado: Ley Orgánica del Poder Judicial, anacrónica, además de los serios problemas de gestión procesal.
En medio de ese escenario de crisis y con la pandemia encima, las autoridades tratan de persuadirnos de que el proceso hacia la digitalización había empezado antes de 2017 y mejorado a partir de ese año. La realidad demuestra que dicha “preparación” no fue suficiente. Las aplicaciones no funcionan; hay una falta de fidelización con la tecnología y a esto se suma temor por parte de quienes ven en ésta la ruina de sus costumbres una serie de factores que nos hace constatar que de proceso moderno todavía falta.
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¿Lo remates y los embargos electrónicos nos colocan en la modernidad? ¿De qué sirve tener expedientes digitalizados si el juez se los lleva en físico? No es modernidad ni avance, ciertamente, tener solo el 12 % de expedientes electrónicos de toda la carga procesal. En este estadio cabe preguntarse: ¿los bancos multilaterales seguirán adelante con los financiamientos de expansión del expediente electrónico peruano?
La Big Data en el proceso judicial debería servir para medir y predecir, para analizar información y tomar decisiones hacia una descarga procesal a partir de indicadores y que, a partir de este cambio de época, se intente un sistema de eficiencia procesal que dé sus primeros pasos. Eso todavía no ocurre ni de cerca.
Así pues, el “proceso sin papel” no puede ser una aspiración transitoria, facilista, populista y sin objetivos claros. Es necesario, me animo a decir, un recambio generacional en el aparato judicial que esté más cerca de los mecanismos digitales. Me refiero a jóvenes abogados talentosos que, con vocación, vean en este hecho histórico una oportunidad para ayudar en la impartición de justicia. Como han ido las cosas, se hace necesario abrir paso a nuevas soluciones.
No ha servido digitalizar los expedientes para acrecentar el repositorio judicial electrónico. La burocratización digital ha sido tan dañina como su predecesora. Si se va a expandir la justicia digital, adelante, siempre y cuando no se expanda la ineficiencia y el caos.
A las autoridades, en vísperas de las elecciones presidenciales peruanas, solo queda pedir que asuman, dentro de la modernización del Estado, a la reforma judicial como urgente y esencial.
*Juan Manuel Loza Martínez es socio fundador de Loza Legal – Arbitration & Litigation
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