Se han observado importantes transformaciones en la forma en que la administración pública brasileña se relaciona con los individuos (los administrados). Si existía una tradición imponente y unilateral, ahora tanto la legislación como las prácticas administrativas buscan mejorar el diálogo y brindar soluciones más equitativas.
Como ejemplo reciente del cambio está la inclusión del artículo 26 en la Ley de Introducción a las Normas del Derecho brasileño, una autorización general para que las administraciones públicas negocien entre sí y con particulares, y la Ley federal nº 13.140/2015, que regula la adopción de mediación entre particulares, como medio de resolución de conflictos, y prevé la autocomposición de los conflictos en el ámbito de la administración pública.
Los analistas, sin embargo, señalaron la ausencia de estructuras administrativas que pudieran implementar efectivamente el uso de este consensualismo.
Para llenar el vacío se publicó el Decreto N° 12.091/2024, que creó la Red Federal de Mediación y Negociación – Resolve. Resolve tiene como objetivo organizar, promover y mejorar el uso de la autocomposición de conflictos a través de la mediación y la negociación, entendidas como herramientas de gestión y aumento de la ejecución de políticas públicas.
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La red tiene como objetivo la resolución de conflictos en los que formen parte órganos y entidades directas, autónomas y fundacionales de la administración pública federal. Su implementación podría traer a la administración pública federal acciones estratégicas encaminadas a la resolución extrajudicial de conflictos, con miras a prevenir y gestionar conflictos judiciales y administrativos, así como mejorar la ejecución de las políticas públicas.
Como beneficio, Resolve pretende garantizar una mayor celeridad en la resolución de conflictos, ya que priorizará la agilidad y el desarrollo de procedimientos de medición y negociación, que se establecerán como políticas institucionales prioritarias para la actuación de los órganos contenciosos. Además, la red se encargará de preparar las subvenciones necesarias para establecer flujos de trabajo aptos para la autocomposición; impulsar la creación de mecanismos de protección de los abogados públicos encargados de formalizar acuerdos; gestión de información derivada de la mediación y negociación que puede ser utilizada para mejorar la ejecución de políticas públicas; y promoción de acciones de formación y difusión de conocimientos relacionados con la mediación y la autocomposición.
Resolve estará integrado por un órgano superior (comité gestor), un órgano central (Procuraduría General de la República), unidades de mediación sectoriales (además de la Cámara de Mediación y Conciliación de la Administración Pública Federal – CCAF), salas especializadas y comités de resolución de controversias), unidades de negociación sectoriales (equipos responsables de transacciones o acuerdos judiciales y extrajudiciales) y puntos focales que determinen los órganos, organismos y fundaciones de la administración pública federal.
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Creada por Ley Regimiento en 2007, la Cámara de Mediación y Conciliación de la Administración Pública Federal – CCAF, que hoy forma parte de la Red Resolve, inicialmente tuvo como intención resolver controversias jurídicas que involucraran únicamente a órganos y entidades de la administración federal, a través de la conciliación y/o arbitraje. Posteriormente, se amplió su objeto y comenzó a resolver controversias entre las administraciones federal, estatal, municipal y distrital.
De manera más amplia, la Red Resolve estará orientada a la resolución de conflictos en los que aparecen como partes órganos y entidades de la Administración Pública Federal, independientemente de otros interesados en el proceso de mediación y negociación.
Cabe mencionar que, con la Red Resolve, ya no será obligatoria la participación y asesoramiento de la Procuraduría General de la República (AGU) en mediaciones y negociaciones que involucren al Sindicato o sus agencias y fundaciones. Tampoco será necesaria la autorización de la AGU para que los órganos y entidades de la administración pública federal inicien un procedimiento de solución consensuada de controversias en el ámbito del Tribunal Federal de Cuentas.
El mayor desafío de Resolve Network es su implementación efectiva frente a una cultura de judicialización de cualquier disputa. Esto se debe a que, para que la Red tenga éxito, es fundamental que exista conciencia tanto entre los abogados públicos como entre los abogados privados que litigan contra la Unión.
En lugar de limitarse a reaccionar ante las disputas, la administración pública debería adoptar un enfoque proactivo para anticipar y evitar nuevos conflictos siempre que sea posible. Cuando este no es el caso, se deben tomar acciones estratégicas para gestionar dichos conflictos, buscando soluciones consensuadas. Tiene sentido pensar que las decisiones tomadas con base en el consenso tienen mayores posibilidades de ser observadas por las partes.
La creación de Resolve representa un avance significativo en la modernización de la administración pública en Brasil. Ahora es necesario monitorear cómo se pondrá en funcionamiento esta red, con el fin de ganarse la confianza del sector público para resolver los conflictos de manera más rápida y efectiva.
*Carolina Caiado es socia, Diego Fernandes es consejero y Carolina Pazzoti Toni es pasante, todos del área de Derecho Público y Asuntos Gubernamentales de Campos Mello Advogados en cooperación con DLA Piper.
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