La fuga de usuarios jóvenes de Facebook es una de las mayores preocupaciones de su fundador. Atraer a las nuevas generaciones se ha vuelto un desafío frente a la competencia de otras redes sociales que han capturado la atención de este segmento. El interés comercial, preponderante en esta empresa, ha llevado a la plataforma a desarrollar nuevas estrategias, controvertidas, para abordar a esos usuarios.
Hace aproximadamente un año, Facebook realizó un proyecto para desarrollar una versión para niños de 6 a 13 años; este lo llevó a numerosas entidades luego de la presentación de una serie de quejas oficiales contra la empresa, por lo descabellado de la idea y por ir en contra de la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), que limita a las compañías que recolectan y comparten datos de niños, en especial cuando estos requieren el consentimiento de los padres. Ante los cuestionamientos, Facebook anunció finalmente la suspensión de dicho proyecto en septiembre de 2021.
La polémica hoy se centra en el rastreo de actividad de navegación de menores de edad, que estaría realizando Meta, la nueva marca que agrupa a las empresas que lidera Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp). Aunque Meta niega las acusaciones y señala que los datos de cuentas de niños o adolescentes que se recopilan y no se usan con fines comerciales, no sabemos realmente si ello ocurre, ya que el gigante ha sido varias veces sancionado por entidades de protección de datos en diferentes países.
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Por otra parte, desde hace al menos una década, los Estados han comenzando a exigir y regular a las entidades como Facebook, y ya no solo respecto de temas de privacidad —como lo ha estado haciendo Europa con el GDPR y las Agencias de Protección de Datos de cada país— sino que, además, existe el interés de regular (y sancionar) algunos casos donde la información entregada a los usuarios sea filtrada, ordenada o seleccionada de tal forma que provoque una modificación en su comportamiento, lo cual puede ser dañino o, al menos, controvertido, especialmente cuando se trata de temas políticos, elecciones, revueltas sociales o distribución de material prohibido.
No es un secreto que los algoritmos permiten seleccionar, clasificar y ordenar las noticias que un usuario visualiza en su cuenta y, por tanto, pueden ser usados para que dicha información favorezca contenidos que tienen un mayor nivel de popularidad (basado en la interacción de los usuarios con ese contenido). Tampoco es un secreto que redes como Instagram usan algoritmos para favorecer filtros que llevan a los adolescentes a publicar fotos de sus cuerpos retocados estéticamente, buscando una “belleza perfecta”, algo que, a su vez, los lleva a crear una imagen falsa de sí mismos e inseguridades respecto de su verdadera identidad.
Lo anterior no es banal: muchas veces tiene consecuencias. Las personas son influenciadas por la selección de contenidos que son del interés “de la plataforma”, un interés basado exclusivamente en estándares de “lo más popular”, que no repara en la salud mental del usuario.
Hasta ahora, Facebook ha excusado sus políticas en la sección 230 del Digital Millennium Copyright Act (DMCA), con la que argumenta no ser responsable del contenido publicado por terceros o generado por los mismos usuarios, posicionándose, convenientemente, como una plataforma intermediaria y totalmente neutra (safe harbor). Sin embargo, no es secreto que —en la práctica— Facebook tiene un staff que selecciona los contenidos mediante algoritmos que ellos defienden como imparciales cuando no lo son.
Esto salió recientemente a la luz con los Facebook Papers, que develaron que existían, entre otras cosas, personas VIP no censuradas, “fallas” en filtros sobre mensajes de odio, uso de la plataforma para actividades ilegales y falta de recursos para combatir la entrega de información falsa fuera de EE. UU.
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Así, los desafíos abordan tanto la protección de datos como la regulación de las formas de filtrar los contenidos, siendo necesario que todos los países cuestionen y regulen estas plataformas y productos digitales de consumo, que pueden afectar el comportamiento o la salud mental de las personas.
La protección de datos y los neuroderechos
En el Congreso de Chile está hoy en trámite (y con urgencia) un proyecto de ley que moderniza la Ley 19.628, también conocida como Ley de Protección de Datos Personales. Si todo va bien, en un tiempo razonable contaremos con una entidad o agencia de Protección de Datos y tendremos los derechos en el mismo estándar que la legislación europea, en el manejo de nuestros datos personales.
Por su parte, respecto de los contenidos, existe una innovadora moción presentada por un grupo de senadores en octubre de 2020, en el marco del debate del proyecto de Protección de los Neuroderechos y la Integridad Mental y el desarrollo de la investigación y la Neurotecnología (Boletín N° 13828-19). Este proyecto pretende regular las plataformas digitales con el objeto de que estas garanticen el tráfico de datos de manera equitativa sin discriminación, restricción o interferencia, respecto del contenido al que acceden o se distribuye. El proyecto es amplio e incluye el uso correcto de los datos personales, buscando también evitar la exposición de los usuarios, especialmente los niños y jóvenes, a contenidos pornográficos, alusiones de odio, violencia o racismo o los algoritmos que puedan generar mecanismos adictivos.
La tarea es grande y exige a cada legislación adaptarse rápida y continuamente a la interacción de la tecnología y las personas, por cuanto las plataformas sociales y productos tecnológicos dejan de ser neutros cuando su uso afecta el bienestar mental o los derechos a la personalidad y uso de los datos personales. Esperemos que Facebook y sus estrategias, que pretenden crear un Meta mundo y prometer un Meta futuro, no nos hagan olvidar que la tecnología es para el bienestar de las personas y no viceversa.
*Javiera Badilla es socia de Beytia Badilla Davis, especializada en propiedad intelectual. También es directora legal de Birdie, brindando asesoría en materias legales de software y propiedad intelectual.
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