Durante los últimos 20 años, el sector financiero brasileño —especialmente la banca minorista— se ha consolidado de forma sustancial. La tendencia comenzó a finales de los 90, a raíz de una serie de colapsos en los años 80 y 90, sucesos que tuvieron un alto coste político y financiero para el Gobierno.
No dispuesto a observar semejante desastre de nuevo, el Banco Central comenzó a impulsar la regulación y los controles bancarios, aumentando así el coste de hacer negocios en la industria financiera. Este ajuste regulatorio, combinado con la estabilidad de la moneda brasileña traída por el Plan Real de 1994, creó las condiciones ideales para la concentración en la industria.
Los grandes bancos iniciaron así un movimiento horizontal para abordar a sus pares, que luchaban en un entorno de baja inflación. Los bancos también se movieron verticalmente al inmiscuirse en segmentos inexplorados, dirigiéndose principalmente a instituciones especializadas en préstamos a personas con poco o sin acceso a servicios bancarios.
Para reforzar el ambiente ya favorable a la concentración, el nuevo formato del ahora poderoso Consejo Administrativo de la Defensa Económica (CADE por sus siglas en portugués) estaba apenas surgiendo. Durante varios años, los bancos simplemente no notificaron al CADE para obtener aprobación y no hubo reacción por parte de este.
El resultado de esta consolidación fue la concentración de la mayor parte de la banca minorista en Brasil en las manos de cinco bancos. En 2018, el Banco Central emitió un informe que ubicaba a Brasil entre los países con sistemas bancarios más concentrados del mundo, con datos que indican que en 2016 los cinco bancos más grandes del país controlaban el 82 % de todos los activos financieros.
Después de promover la consolidación, el Banco Central de Brasil cambió su enfoque para fomentar la competencia. La primera víctima fue el mercado de métodos de pago, altamente concentrado. Como resultado de las nuevas leyes promulgadas en 2013, se impusieron requisitos de interoperabilidad. Ya no se podía negar el acceso de otros jugadores al sector. Esto provocó un aumento del lado de la oferta de la industria de métodos de pago, con grandes beneficios para los consumidores en términos de precios y servicios. Solo en 2018, dos proveedores no tradicionales de soluciones de tecnología de pago lanzaron OPI, alcanzando un valor de mercado de más de USD 20.000 millones.
El actual objetivo de los reguladores monetarios en Brasil es fomentar la competencia en el mercado de crédito a través de la tecnología, aprovechando la alta inmersión de la tecnología móvil en la población brasileña. Actualmente, existen en el país aproximadamente dos dispositivos digitales por habitante, principalmente teléfonos inteligentes. En 2019, se espera que alcance los 420 millones de dispositivos digitales activos.
Para cumplir tal meta, en 2018 comenzaron a emitirse regulaciones destinadas a promover la inclusión en el sistema financiero a través del uso de las tecnológicas financieras o fintech.
En marzo de 2018 la Ley Fintech introdujo dos nuevos tipos de instituciones financieras especializadas en transacciones crediticias a través de plataformas electrónicas: las sociedades de crédito directo (SCD por sus siglas en portugués) y las sociedades de préstamos entre pares (SEP por sus siglas en portugués). Las SCD son instituciones crediticias que solo pueden prestar su propio capital. Los SEP son instituciones de préstamo de igual a igual, que intermedian entre personas dispuestas a prestar a otros que deseen obtener un préstamo pagando una tarifa.
Estas instituciones ofrecen riesgos sistémicos mínimos, por lo que están sujetas a una carga regulatoria menor. En octubre de 2018, se otorgó un impulso adicional a estas instituciones: el Gobierno brasileño emitió una autorización general para que inversionistas extranjeros posean hasta el 100 % del capital de las SCD y SEP, eliminando así la necesidad de un decreto presidencial específico y posicionando el capital extranjero al mismo nivel que el brasileño. En diciembre de 2018, el Banco Central de Brasil emitió una regulación más innovadora que establece las pautas básicas para la implementación del sistema de pagos en tiempo real en el país.
El desarrollo normativo más reciente, en abril de este año, fue el anuncio de los requisitos fundamentales para la implementación del sistema financiero abierto, para guiar el modelo de banca abierta (open banking) en Brasil. La banca abierta permitirá a los clientes acceder a todas sus cuentas e inversiones en una única plataforma y realizar transacciones sin la necesidad de acceder a la plataforma de su institución.
Este entorno favorable y el marco regulatorio han contribuido al auge de las tecnológicas financieras. De acuerdo con el informe de KPMG The Pulse of Fintech 2018, Brasil registró una inversión récord en el sector de USD 555,9 millones en 2018. Los informes de FintechLab incluyeron una lista de 54 empresas en 2015, 369 en 2017 y más de 450 a mediados de 2018, todas dedicadas a mejorar la eficiencia en los servicios financieros. Estos jugadores se centran en la innovación y en un enfoque orientado al cliente para conseguir una parte de los ingresos de los principales bancos brasileños en banca minorista.
Además de reducir la cuota de mercado de los principales participantes, las fintech tienen un vasto territorio por explorar en Brasil, ya que aproximadamente el 30 % de la población adulta (más de 60 millones de personas) no tiene cuenta bancaria. La revolución fintech ya está pasando en Brasil y está todavía muy lejos de alcanzar su punto máximo, creando así una amplia gama de oportunidades para empresarios e inversores.
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