
Las empresas que enfrentan controversias con clientes o proveedores tienen la opción de acudir al arbitraje, un mecanismo de resolución de conflictos que ofrece grandes y poco conocidas ventajas frente a la vía judicial, pero que aporta menos en los casos de disputas poco complejas o cobranzas simples.
El arbitraje implica que las partes en conflicto acuerden someter su disputa a la decisión de uno o más árbitros, es decir, personas imparciales y expertas que emiten un laudo que tiene fuerza vinculante y ejecutiva.
Para acceder al arbitraje, las partes deben pactarlo expresamente, ya sea antes o después de surgir el conflicto, mediante una cláusula arbitral en el contrato (convenio arbitral).
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Entre las ventajas que ofrece el arbitraje frente a la vía judicial destaca la privacidad. El arbitraje se desarrolla en un ámbito confidencial, protegiendo la reputación y la información sensible de las partes, evitando la exposición mediática que puede generar un proceso judicial.
Asimismo, permite a las partes elegir a los árbitros que consideren más idóneos para resolver su caso, según su experiencia, conocimiento y criterio en el ámbito jurídico, técnico o comercial que corresponda. Esto puede garantizar una mayor calidad y eficacia del laudo, así como una mayor aceptación de las partes. Algunos centros de arbitraje tienen reglamentos que hacen obligatorio el control de la calidad del laudo, lo que se denomina 'escrutinio del laudo'.
La flexibilidad es otro atributo del arbitraje porque se rige por las normas y principios que las partes acuerden, permitiéndoles adaptar el procedimiento a sus necesidades, fijando plazos máximos para resolver el caso; el idioma a ser empleado (no es extraño encontrarse con arbitrajes multilingües), entre otros aspectos. Los principales centros de arbitraje tienen reglamentos que prevén todos estos aspectos, lo que alivia la complejidad de cualquier negociación que las partes pudiesen enfrentar como parte de un negocio mayor. Así, estas se pueden adherir al reglamento de un centro de arbitraje cuando negocien.
A ello se suma que el arbitraje suele ser más rápido que la vía judicial. Es cierto que algunos arbitrajes duran más de cuatro años como consecuencia de su complejidad o por la cantidad de partes o reclamaciones presentadas, pero como el laudo arbitral es definitivo e inapelable, se evita así la prolongación del conflicto en instancias superiores.
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Los costos y limitaciones del arbitraje
Sin embargo, el arbitraje también implica algunos costos y limitaciones que deben ser evaluados por las partes antes de optar por este mecanismo. El arbitraje tiene un costo mayor que el servicio de justicia, ya que implica el pago de honorarios a los árbitros, a las instituciones arbitrales. Estos costos pueden variar según la complejidad, la cuantía y la duración del caso y pueden ser asumidos por las partes de forma proporcional o según lo que establezca el laudo.
Una limitación del proceso radica en que no garantiza el cumplimiento voluntario del laudo por parte de la parte vencida, por lo que puede ser necesario recurrir al servicio de justicia (jueces y tribunales del Poder Judicial) para su ejecución forzosa. Esto implica iniciar un nuevo proceso judicial, que puede demorar varios años, especialmente si la parte ejecutada es el Estado.
En promedio, la duración de un proceso judicial de cobranza de laudo es no menor a dos años si es contra empresas privadas y no menor a cinco años si es contra el Estado. Si bien el laudo puede ser impugnado por causales de anulación expresamente previstas en la mayoría de las leyes de arbitraje a nivel mundial vinculadas al debido proceso (bajo los estándares de la Convención de New York de 1985), tal impugnación nunca puede significar la revisión del criterio de fondo utilizado por los árbitros para resolver el caso. El inicio de un proceso de anulación puede suspender la ejecución del laudo solo en caso que el ejecutado presente una garantía adecuada y suficiente por el monto de la condena contenida en el laudo.
¿Cuándo conviene el arbitraje?
En conclusión, el arbitraje puede ser una alternativa conveniente para resolver conflictos empresariales que impliquen materias complejas, especializadas o sensibles, que requieran una solución rápida, eficaz y confidencial y que cuenten con el consentimiento de las partes expresado en el convenio arbitral.
Sin embargo, el arbitraje puede ser una opción no ideal cuando se trate de cobrar dinero derivado de una operación comercial simple o de ejecutar hipotecas, pagarés, letras de cambio o equivalentes. En general, el arbitraje no es recomendable para discusiones poco complejas, ya que el costo del arbitraje puede ser superior al beneficio obtenido y la ejecución del laudo puede enfrentar dificultades o demoras.
En estos casos, es recomendable acudir al Poder Judicial. Si tal es la elección, el lector debe tener en cuenta que, en promedio, un proceso judicial de ejecución de hipoteca dura en el Perú seis años, según una estadística publicada en 2015 (no tengo evidencia de que la situación haya mejorado a la fecha). No todos los tipos de procesos duran lo mismo, pero parece razonable tener este punto de referencia para tomar decisiones.
*Domingo Rivarola es socio de Cuatrecasas y experto en litigación y arbitraje.
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