En marzo de este año, el embajador de Arabia Saudita para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Abdulaziz Alwasil, fue designado para encabezar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano de la ONU dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Estos puestos se rotan entre los cinco grupos regionales que integran los estados que conforman la ONU y son, usualmente, confirmados por unanimidad del órgano de que se trata. En este caso, la designación fue aprobada por todos los miembros de la comisión, después de que varios Estados miembros se abocaron a que se retirara a Filipinas de la propuesta de designación.
Pero Arabia Saudita se encuentra en el lugar 131 de 146 en temas de igualdad de género, según el Foro Económico Mundial, y esto sucede porque Arabia Saudita no reconoce los derechos humanos de las mujeres.
Si bien se han señalado algunos avances en materia de igualdad y equidad de género que ha tomado Arabia Saudita, en años recientes, como es el haber otorgado a las mujeres el derecho a conducir automóviles y el derecho a trabajar, estos son siempre que su tutor lo permita. Es decir, estos avances deben estar sujetos a la autorización del tutor masculino que cada mujer debe tener, por lo que, en realidad, no se ha dado un reconocimiento autónomo a los derechos de las mujeres saudíes.
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Más aún, el 8 de marzo de 2022, casualmente el día en que se conmemoran los derechos de las mujeres, Arabía Saudita aprobó la Ley del Estatus Personal (LEP), que, aunque según las autoridades de aquel país representa una reforma mayúscula para los derechos de las mujeres, perpetúa el concepto de la tutela patriarcal y codifica la discriminación en contra de ellas en la mayoría de los aspectos de la vida familiar.
Amnistía Internacional, después de un análisis profundo a la LEP, indicó algunos aspectos positivos, como la edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, la LEP formaliza, en un marco normativo no religioso, el sistema de tutela patriarcal, impidiendo la tutela adecuada de las mujeres para protegerlas de la violencia doméstica, en un primer plano, y reconociendo un sistema discriminatorio en cuanto al matrimonio, el divorcio, la custodia misma de las mujeres y sus hijos y el derecho a heredar.
Heba Morayef, directora regional del Medio Oriente y Norte de África de Amnesty International, señaló: “Para obtener progreso verdadero, las autoridades sauditas deberían cumplir con las obligaciones inherentes en materia de derechos humanos”.
En enero de 2024, en el contexto de la cuarta evaluación periódica universal de Arabia Saudita, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diez Estados solicitaron reformas legales sustanciales respecto de los derechos humanos en dicho país, incluyendo la abolición del sistema de tutela patriarcal y el delito de “desobediencia” a este. Además, pidieron la anulación de la LEP, porque discrimina a mujeres y niñas, y las disposiciones discriminatorias en cuanto a la transmisión de la nacionalidad en la Ley de Nacionalidad de dicho reino.
En este contexto, la designación de Arabia Saudita para encabezar la Comisión le quita fuerza a la ONU en sus esfuerzos por obtener un cambio significativo de los derechos de las mujeres saudíes, derivado de la evaluación realizada a Arabia Saudita, en cuanto a la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
ALQST para los Derechos Humanos es una ONG independiente, establecida en 2014, por la defensora de derechos humanos saudita, Yahaya Assiri, con el fin de defender y promover los derechos humanos en Arabia Saudita. La directora de Monitoreo y Abogacía de ALQST, Lina Alhathloul, comentó: “Tomando como base la discriminación que se encuentra implícita en las leyes del reino de Arabia Saudita y la falta de espacio cívico para promover un cambio, Arabia Saudita no está en una posición que le permita supervisar los esfuerzos de la comisión para generar igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Primero debería revisar sus propias inequidades y violaciones de los derechos humanos de las mujeres y permitir que activistas pacíficas puedan promover y defender dichos derechos a favor de ellas mismas y otras mujeres”.
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Desde un punto de vista internacionalista, y partiendo de la Carta de la Naciones Unidas, todos los países que sean amantes de la paz y acepten las obligaciones establecidas en dicha carta, pueden ser miembros de la ONU, incluyendo aquellos que no abogan ni respetan los derechos humanos. En este sentido, la ONU, en su camino, se ha ido transformando y ha asumido roles más proteccionistas de ciertos principios y valores que los que originalmente dieron lugar a su creación. Entre estos roles se ha generado el reconocimiento de los derechos humanos, en particular los de las mujeres, que en 1945 no eran los que hoy se reconocen, empezando por el derecho al voto y una vida libre de violencia. Los derechos humanos son tan importantes para la ONU, que los estados miembros deben respetarlos y reconocerlos en sus legislaciones internas, para lo cual la ONU evalúa el nivel de cumplimiento de los estados miembros.
Para muchas mujeres feministas y organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres, la designación de Arabia Saudita como cabeza de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer resulta una incongruencia total a los fines que persigue dicha Comisión. ¿Será posible que el embajador de Arabia Saudita para la Organización de las Naciones Unidas, Abdulaziz Alwasil, cuando funge como embajador de la ONU, acepte y reconozca que las mujeres son seres autónomos con los mismos derechos humanos que los hombres y que esos derechos y las mujeres mismas no pueden estar sujetas a la tutela de un hombre? De ser esto cierto, ¿cómo puede desconocer que la LEP viola dichos derechos humanos y ser una persona congruente? ¿Cómo puede Arabia Saudita reconocer la vigencia y validez de la LEP y ser la cabeza de un órgano internacional cuyo objetivo es que se reconozcan por todos los países e individuos la igualdad de género y, por lo tanto, que dicha LEP es violatoria de la igualdad de género?
La ONU, la comisión y las personas que integran la ONU tienen mucho que pensar y reflexionar para no generar estas incongruencias que le restan seriedad y fortaleza a su rol organizacional en el contexto de los derechos humanos. Por lo pronto, muchas feministas estamos molestas con esta designación, incluyendo a la que escribe.
*María Teresa Paillés es socia de SMPS Legal. Se especializa en inversiones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones, operaciones de financiamiento, licitaciones públicas y derecho corporativo general. Es socia fundadora y presidenta de Abogadas MX, una ONG que promueve el desarrollo profesional de mujeres abogadas.
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