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Combatir la corrupción: una cuestión de responsabilidad social empresarial

por Daniela Morales Galván Duque y Ángel Escalante Carpio
publicado el28/08/2018

Actualmente, la corrupción representa uno de los problemas más serios para la sociedad a escala mundial. Año tras año, la percepción que tiene la población del problema empeora. Pero, ¿en qué consiste este problema? ¿Qué conductas o actividades comprende?

La asociación Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (Mcci) define a la corrupción como:

“El abuso de cualquier posición de poder público o privada con el fin de generar un beneficio privado indebido, a costa del bienestar colectivo o individual”.

Así, podemos decir que se trata de conductas que llevan a cabo las personas, con base en las atribuciones que les fueron conferidas, para beneficio propio o de un tercero y que afecta a la colectividad.

Es importante enfatizar que el problema no solo atañe al sector público, pues la corrupción también puede darse -y efectivamente se da- en empresas y organizaciones sociales del sector privado. Esta cuestión durante muchos años no había sido considerada, pues era la propia sociedad quien atribuía la existencia de este problema a las esferas gubernamentales y/o políticas.

Desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el 2003, se dejó de ver el fenómeno como un problema que únicamente corresponde atajar al gobierno a través de políticas públicas, medidas y programas. La Convención hace referencia a la importancia de la participación de la sociedad civil y del sector privado para su combate.

¿Cómo puede participar el sector privado? ¿Existen normas que puedan orientar dicha participación?

Una de las principales herramientas en materia de responsabilidad social empresarial es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cual es entendido como un compromiso con la sociedad al que se han adherido países y han adoptado empresas.

Por otra parte, existe la ISO 26000, entendida como un estándar internacional -“norma voluntaria”- en materia de responsabilidad social (RS), en la que se habla de siete materias fundamentales.  Dentro de estas se encuentran las “Prácticas Justas de Operación”, que hacen referencia a que las organizaciones y las empresas tengan un comportamiento ético en el desempeño de sus funciones y actividades. Así, al referirnos a prácticas justas de operación, nos referimos también a la necesidad de crear políticas y prácticas dentro de las empresas cuya principal finalidad sea evitar las conductas corruptas.

Gran parte de la credibilidad de las empresas y del acreditamiento de su compromiso con la sociedad puede encontrarse resumido en la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué hace esta empresa contra la corrupción? ¿Cuenta con prácticas que la eviten tanto en el ámbito interno como en el externo?

Es importante tener en cuenta que tanto las obligaciones previstas en las leyes como las iniciativas y programas del sector privado/sociedad civil pueden ayudar a las empresas a crear e implementar políticas anticorrupción efectivas. Es importante que se trabaje desde tres puntos de vista: (i) marco jurídico aplicable (nacional e internacional); (ii) la autorregulación de las empresas; y (iii) la participación de la sociedad civil.

Dentro de los principios en materia de RS resultan relevantes para estos efectos los principios de rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético y el respeto fundamental al principio de legalidad. Estos principios son, a su vez, rectores en materia de anticorrupción, pues solo a través de la implementación de ellos es que las empresas pueden combatir la corrupción.

Algunos ejemplos claros de la implementación de estos principios pueden ser, entre otros: (i) el informe público sobre las acciones para el combate a la corrupción; (ii) manual para un comportamiento ético; (iii) rendición de cuentas y transparencia en las finanzas de la empresa; (iv) comunicar el resultado de los programas anticorrupción; (v) capacitación y actualización constante en la legislación aplicable a la materia; y (vi) políticas y manuales para el combate a la corrupción en las actividades en las que participe la empresa con las diversas autoridades gubernamentales.

Pero ¿cómo pueden todas estas prácticas ser efectivas para la empresa? ¿Qué otros factores deben cubrirse? Es claro que, para que todos los programas y prácticas sean efectivos, se requiere un respaldo firme y visible de los directivos de la empresa. Ha de venir de las esferas más altas, para que todas las demás áreas se vean contagiadas.

En conclusión

El combate a la corrupción debe dejar de verse como un problema que sólo debe ser atacado en la esfera del gobierno. Es un problema que nos corresponde a todos y por ello es necesaria la participación del sector privado.

Las empresas deberán crear planes, programas y manuales de conformidad con los estándares nacionales e internacionales, para que, desde el ámbito interno, combatan la corrupción en su operación y funcionamiento y, con ello, se vea reflejado un resultado positivo en la sociedad al que cada vez más y más empresas se puedan ir sumando.

Debemos tener presente que la ética corporativa, la transparencia y el combate a la corrupción son -en su conjunto- buenas prácticas que contribuyen a que una empresa sea socialmente responsable y que, a su vez, coadyuvan a incrementar exponencialmente su valor intangible.

Según diversos estudios, como el realizado por J. Kendrick de la Universidad de Washington, el principal valor de una empresa en la actualidad se encuentra en sus intangibles, pues de 1994 a 1999, el valor de los intangibles pasó de comprender un 30 % del valor de las empresas a un 70 % del total del valor. Es por ello que resulta importante que las empresas lleven a cabo prácticas socialmente responsables. Al luchar contra la corrupción, se verán beneficiadas automáticamente, incrementando su valor debido a la buena reputación con la que se ostentan ante la sociedad.

Las empresas, a través de áreas de responsabilidad social que tengan este enfoque, se verán significativamente beneficiadas. Habrá un correcto uso de sus recursos económicos, el desempeño de sus trabajadores mejorará, habrá atracción de talentos por compartir esa cultura, se dará mayor seguridad a clientes y proveedores y se reflejará un mayor compromiso con la sociedad. Todo esto tendrá como consecuencia un incremento directo al valor e imagen de la empresa.

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