Sinaloa despenaliza el aborto, pero se advierte riesgo en las reformas

Cifras pre-pandemia reportan un promedio anual de 750.000 a un millón de abortos clandestinos en el país. / @MerdelaPrada - Twitter.
Cifras pre-pandemia reportan un promedio anual de 750.000 a un millón de abortos clandestinos en el país. / @MerdelaPrada - Twitter.
Este es el séptimo estado en México que permite el avance de la marea verde. Colima lo antecedió a finales de 2021. 
Fecha de publicación: 10/03/2022

Sube la marea verde en Sinaloa, aunque no garantiza la plena protección del derecho a decidir de las mujeres. Este 8M, el Congreso de Sinaloa aprobó una serie de reformas al Código Penal estatal, a la Ley de Salud y a otras normativas para legalizar el aborto hasta la semana 13. El tablero de votos fue el siguiente: 28 a favor, dos en contra, nueve abstenciones y una ausencia. 

Este avance se da en consonancia con el criterio impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el 7 de septiembre emitiera una declaración histórica: en el estado de Coahuila la penalización del aborto es inconstitucional.

Este precedente evita la aplicación de leyes que criminalizan a las mujeres en caso de interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Reportes oficiales publicados por la organización feminista mexicana GIRE evidenciaron que, en un periodo de tres años (2015-2018), se abrieron más de 2.000 inspecciones y carpetas de investigación por aborto. La decisión de la SCJN contribuye a frenar esa parte de la violencia institucional ejercida en los tribunales mexicanos.  

“Avanza la marea verde en Sinaloa”, así celebró la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, una de las políticas que más ha impulsado el debate. Desde el pleno, la senadora reportó una cifra de alerta, aunque no por ello motivo de sorpresa: en el estado se llevan a cabo alrededor de 1.500 abortos clandestinos cada año. Cifras prepandemia reportaban un promedio anual de 750.000 a un millón de abortos clandestinos en todo el país.  


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Punto polémico en la reforma aprobada

Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima son las entidades que preceden a Sinaloa, dejando a las 26 restantes como parte de la ruta pendiente de la agenda de movimientos feministas y sociedad civil. 

En esta ocasión el rol de las organizaciones ha sido esencial al advertir imprecisiones y usos terminológicos confusos que podrían generar vacíos legales y márgenes de peligrosa discrecionalidad. Para Ipas México, uno de los principales errores del dictamen radica en el uso del término 'interrupción del embarazo' y no 'aborto'. 

“Interrupción del embarazo es un concepto médico que se utiliza en el marco normativo y regulador de la provisión de servicios de salud para guiar la atención a las mujeres en las diferentes etapas de la gestación, acorde con disposiciones oficiales como la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046)”, destaca la subdirectora de la incidencia de Ipas Centroamérica y México, Fernanda Díaz de León Ballesteros, en un análisis sobre las reformas realizado por medios locales. 


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La especialista advierte que el término podría generar confusión en la población, así como en prestadoras y prestadores de servicios de salud, en el alcance y legalidad de sus actuaciones. Es decir, abrirle una puerta falsa a la criminalización a emergencias obstétricas que puedan resultar en el término del embarazo posterior a la semana 13. 

“Desde Ipas Centroamérica y México (CAM) lamentamos que lo que pretendía ser una reforma progresista que garantizaría los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a decidir sobre su reproducción resulte en la posibilidad de violar sus derechos”, expresó la directora del Ipas CAM, María Antonieta Alcalde Castro.

Otro aspecto señalado por la organización internacional tiene relación con la sanción penal para el aborto forzado. Al respecto, GIRE, destaca lo débil que queda dicho extremo que deja desprotegida a mujeres que aborten forzadamente, producto de un hecho de violencia física o sexual. 

“Desde GIRE confiamos en que estas deficiencias puedan ser enmendadas y que no se obstaculice el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes”.

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