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La firma peruana Santiváñez Antúnez Abogados inició operaciones en el mercado chileno el 1 de marzo. El despacho legal, que es reconocido por sus prácticas de derecho disciplinario y penal, sigue ampliando su huella geográfica al abrir una oficina en Santiago de Chile, valorando la importancia del país en el desarrollo económico de América Latina. En esta sede ofrece servicios jurídicos en las especialidades de derecho sancionador y disciplinario, derecho penal y procesal penal, compliance y resolución de disputas
En entrevista concedida a LexLatin, el escritorio dijo que la gran limitación que tiene el mercado disciplinario y la necesidad de contar con asesoría para la defensa especializada de miembros de instituciones como Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, lo llevó a expandirse hacia ese país. Aseguró que la pandemia del COVID-19 ha incrementado la demanda del servicio que ofrece tomando en cuenta el rol de las fuerzas del orden en relación con la crisis sanitaria. "A diario funcionarios públicos son objeto de denuncias que motivan que se abra juicios de reproche o procesos penales", agregó.
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La oficina de Santiago de Chile se suma a la que Santiváñez Antúnez abrió en Tegucigalpa, Honduras, en 2019 para brindar asesoría jurídica a instituciones de Gobierno vinculadas a la seguridad ciudadana y a la práctica del derecho administrativo sancionador. Al igual que en Perú, donde contribuyó con el Plan Nacional para la Reforma de la Policía Nacional del Perú, en Honduras trabajó en la estructuración de un sistema disciplinario policial.
Ahora tiene como meta llegar a Ciudad de México a mediados de este año. "México viene atravesando una gran transformación de sus fuerzas policiales con la unificación de sus especialidades, y resulta necesario que cada uno de sus miembros pueda contar con el patrocinio especializado, en caso fueran sometidos a procedimientos sancionadores por el ejercicio de la función", comentó. Observa que en ese país la práctica penal es sumamente intensiva, por lo que tiene gran expectativa en relación con su plan de instalarse en ese mercado. En este caso, además incorporarán las áreas de derecho administrativo y corporativo, a solicitud de dos clientes.
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El despacho legal informó que para atender a los clientes chilenos fueron contratados los abogados chilenos Guillermo A. Briceño Villegas e Ignacio Sebastián Moya Guzmán, especializados en litigios constitucionales, penales y laborales y defensa pública y quienes se desempeñan como socio-directores de la oficina. En esta los acompañan dos asociados adscritos a la práctica profesional penal y contenciosa. En planes también está incorporar, en el corto plazo, un abogado en el área corporativa y a mediano plazo abogados especializados en el área de litigios y controversias de alta complejidad, donde Santiváñez Antúnez ha ganado reconocimiento.
Señaló que acompañará a sus clientes establecidos en Chile y estimulará la inversión de los empresarios locales en Perú y Honduras, además de ofrecer atención a funcionarios públicos, militares y cuerpo de Carabineros que requieran representación ante procedimientos administrativos sancionadores y asuntos penales en el que resultaran involucrados en el ejercicio de sus funciones.
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“Nuestra asistencia en Santiago de Chile no solo se vincula al ofrecimiento de un alto estándar de servicios jurídicos para las empresas locales y para nuestros clientes que mantienen inversiones en dicho mercado, sino además facilita el camino de aquellas corporaciones que quieran expandir sus negocios a otros horizontes en donde nuestra firma podrá asistirlos”, manifestó Juan José Santiváñez Antúnez, CEO del estudio, en un comunicado.
En la oficina ubicada en la capital chilena el bufete atiende a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades comerciales sin limitación fronteriza alguna, así como de los sectores de la construcción, transportes y comunicaciones, minería y gobierno.
Briceño comentó que la incorporación de Santiváñez Antúnez Abogados en el mercado chileno para desarrollar las áreas de derecho disciplinario y práctica penal ha generado gran expectativa, tomando en cuenta que el estudio “tiene reconocido prestigio por su vasta experiencia profesional y por sus estándares de calidad”.
Moya agregó que, en el corto plazo, la firma aspira ser un referente en el mercado local “y contribuir a la escuela latinoamericana que los socios del despacho incentivan hace muchos años”, así como ayudar a los clientes en la conducción de estrategias que procuren la resolución de sus conflictos con un servicio de calidad.
Consultado sobre la estrategia de establecer oficinas propias como parte de su plan de expansión, Santiváñez comentó que esto se da por varias razones, entre ellas la alta especialidad y el reconocimiento de que goza el estudio y el compromiso con su plantilla de profesionales. "Invertir en la carrera de los abogados más jóvenes a algunas otras firmas les resulta ajena, pero para nosotros es una decisión que esta en nuestro ADN", destacó.
Más de Guillermo A. Briceño Villegas
Antes de ingresar a Santivánez Antúnez fue socio de Briceño & Rojas Abogados (2019-2021). En la Defensoría Penal Pública de Chile ha ocupado los cargos de abogado habilitado en defensa penal general (2018), abogado habilitado en defensa penal penitenciaria (2019) y defensor penal público (2019). Fue abogado de la Confederación de Trabajadores de la Minería (2019), asesor legislativo de la Cámara de Diputados en la Provincia de Valparaído (2017-2018), asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2015-2017) y pasante de la Fiscalía de Chile (2014-2015).
Obtuvo el título de abogado en la Universidad Diego Portales. Tiene Postítulo en Teoría y Práctica del Derecho Penal por la Universidad Alberto Hurtado (2020) y cursa una Maestría en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires.
Más de Ignacio Sebastián Moya Guzmán
Fue asociado de Inostroza-Herrera Abogados y Consultores y, al mismo tiempo, trabajó en la defensoría penal pública. También laboró como abogado del área de litigios en la oficina de reclamos del Colegio de Abogados de Chile y en servicios de procuraduría en el estudio jurídico Carvallo. Fue pasante en la oficina de asistencia penal de la Corporación de Asistencia Judicial de Chile.
También egresó de la Universidad Diego Portales y tiene una Maestría en Derecho Penal por la Universidad Talca (Chile) y la Universidad Pompeu Fabra (España) que culminó en 2015.
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