El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, acto seguido Manuel Merino, presidente del Congreso, asumió la presidencia pero solo por cinco días, ya que los ciudadanos exigieron su dimisión con manifestaciones masivas. “Merino no me representa” fue la consigna.
El momento cumbre de la más reciente crisis política en Perú dejó un saldo de dos jóvenes muertos y 114 heridos. La represión por parte de la Policía Nacional del Perú fue “brutal”, calificada así por la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que enviaría una comisión para investigar las violaciones a derechos humanos.
El descontento escaló luego de que el Congreso votara a favor de la vacancia de Vizcarra. La solución reconocida como la más viable por el titular de la mesa directiva del Congreso, Luis Valdez, fue que en la presidencia de este órgano fueran designados los legisladores que habían votado en contra de la destitución del presidente. En total, 19 votaron en contra de la vacancia y 105 a favor.
En este panorama, Francisco Sagasti, congresista del partido morado y quien cuenta con una de las bancadas más pequeñas, asumió la presidencia del Perú, en una segunda ronda de votaciones. En la primera la propuesta estaba encabezada por Rocío Silva-Santisteban, del partido Frente Amplio, pero no logró los votos, aunque contaba con la promesa de las distintas bancadas.
Sagasti será el encargado del Ejecutivo por los próximos siete meses. En abril hay elecciones generales y, en julio, el ganador de la contienda asumirá el mandato. Aunque tiene un periodo corto, está impulsando una serie de medidas extraordinarias, principalmente en temas de seguridad.
Tan solo dos días después de su ceremonia de reconocimiento como presidente, Francisco Sagasti sorprendió con la destitución de Orlando Velasco, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), el cargo más alto dentro de la institución. Velasco llevaba tres meses al mando de la comandancia general, dos de los cuales los pasó recuperándose del COVID-19. Esa misma noche, Sagasti anunció como nuevo comandante a César Augusto Cervantes Cárdenas, quien hasta ese momento era un agregado policial en la embajada del Perú.
Como consecuencia del nombramiento de Cervantes Cárdenas, los siguientes en mando renunciaron a sus puestos: el subcomandante Jorge Lam y el inspector general Herly Rojas.
La destitución de Velasco no fue la única. Hasta el momento, más de 18 oficiales en los altos mandos de la PNP han sido removidos. El más reciente cambio ocurrió el pasado 30 de noviembre con la renuncia de Óscar Gonzáles Rabanal, quien estaba al mando de la Dirección contra el Crimen Organizado.
Mientras Sagasti afirma que los cambios en la PNP son derivados de las facultades otorgadas por el Decreto Legislativo 1267, los funcionarios que han sido relevados de sus cargos aseguran que se trata de una “afectación directa a la línea de sucesión y a la institucionalidad” de la policía peruana. Además, el presidente pidió a los efectivos deslindados de su puesto durante su primera entrevista a medios locales “no trasladar la insatisfacción al resto de los miembros de la policía”, de lo contrario afirma que solo se distanciará más a la policía de la ciudadanía.
Otro de los cambios inmediatos del gobierno de Sagasti ha sido la designación de una comisión para “modernizar y fortalecer la institución policial”. Con un plazo de 60 días, corriendo, la comisión será liderada por el ministro de interior Rubén Vargas Céspedes, pero tendrá participación de la ciudadanía, además de miembros de la propia policía.
Por último, como consecuencia de las presuntas compras corruptas de insumos médicos durante la pandemia por la PNP, Sagasti designó a miembros de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para que funjan como gerentes públicos, es decir, para que gestionen desde sus sistemas administrativos y presupuestales a la PNP. Además, la Contraloría General de la República, órgano constitucional autónomo, será el nuevo encargado de realizar el control de la gestión administrativa, pues los insumos que la institución compró eran inservibles y, de acuerdo con el presidente, ocasionaron la muerte de cientos de policías en funciones durante el estado de emergencia.
Sagasti ha asegurado que no busca una reforma a nivel constitucional sino que su gestión será meramente transitoria. Aunque para el mandatario la cuestión policial está “zanjada”, diversos oficiales inconformes han llamado a una eventual huelga policial.
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