El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apoya proyectos de infraestructura de iniciativa pública y privada en América Latina a través de su brazo financiero BID Invest, tomó una decisión histórica. El grupo retiró un préstamo por 13 millones de dólares para la construcción de dos hidroeléctricas en Guatemala.
Lo inédito es que esta decisión va acompañada de un plan de acción dirigido a corregir el incumplimiento de lo establecido en sus políticas operativas como en las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingles) para su salida responsable de los proyectos. IFC es una dependencia del Banco Mundial.
Bajo el nombre de San Andrés y San Mateo, los proyectos eran desarrollados por Generadora San Andrés y Generadora San Mateo, filiales de la empresa Energía y Renovación, en la microrregión de Yichk’isis (Ixquisis), en el norte del país, pero tropezaron con la protesta de las comunidades mayas que habitan la zona, que denunciaron ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del organismo daños ambientales, la contaminación de fuentes de agua de la que se abastecen y el impacto de esto en las actividades que realizan para su sustento, así como en la biodiversidad.
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Además, alegaron la falta de inclusión de mujeres en ambos proyectos, el aumento de la inseguridad, ruptura del tejido familiar y comunitario, así como violencia y represalias (violación a los derechos humanos, amenazas de muerte y homicidios) en contra de aquellos que manifestaron oposición a la construcción de las hidroeléctricas. También mencionaron afectaciones a la cultura como daños a sitios sagrados y arqueológicos. Ya en 2009 los pueblos de la zona, a través de una consulta, se habían negado a la construcción de proyectos de infraestructura.
La denuncia fue presentada en agosto de 2018 y contó con el aval de organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al, Popti’ y Mestiza.
A partir de entonces, el MICI inició una investigación que llevó a que el 1 de marzo de este año se publicara un plan de acción para guiar el retiro responsable del BID de los proyectos.
El documento, que fue traducido a los idiomas chuj y q’anjob’a, se fundamenta en un informe de verificación de observancia en el que MICI concluye que hubo acciones y omisiones como “la ausencia de una adecuada y completa evaluación de impactos ambientales y sociales que habría impedido la completa identificación y la caracterización de la población impactada”. También señala que no realizaron procedimientos adecuados de consulta previa y acceso a información.
La publicación del informe llevó a la liquidación del financiamiento en octubre pasado, luego de la firma de acuerdos entre el BID y la empresa patrocinadora de los proyectos.
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Precedente
Los proyectos hidroeléctricos guatemaltecos que se construían con apoyo financiero del BID hoy se encuentran desmantelados. Tras la investigación y la pandemia, la paralización es total.
La decisión tomada por el BID en relación con estas dos hidroeléctricas marca un precedente y puede ser el camino a seguir en el caso de otros proyectos que cuentan con el aval del organismo que, en 2021, registró un récord de financiamientos en América Latina y el Caribe, por más de 23.400 millones de dólares.
Es el caso de Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), ubicado en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, y a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM). También es el caso de la represa chilena de Río Negro, en la región de Los Lagos, ambos con impactos negativos de acuerdo con denuncias presentadas por las comunidades aledañas. Hidroituango, aún en construcción, también ha generado preocupación en la población por los riesgos que acarrea tras los deslizamientos de tierra ocurridos en 2018. Si bien su construcción se mantiene, la especulación sobre la posibilidad de que el BID se retire ante un eventual cambio de contratistas ha llevado a la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) a solicitar información a la empresa sobre los efectos jurídicos, financieros y contables en contratos de operación de créditos vigentes, así como en el cronograma y los riesgos de una decisión semejante.
El cambio de contratistas será consecuencia de una investigación por responsabilidad fiscal por supuestas pérdidas en el proyecto, adelanta la Contraloría General de la República.
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AIDA considera que “un proyecto que ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en Colombia” como Hidroituango debe llevar al BID a garantizar una salida responsable del proyecto. En febrero, la institución dijo que el proceso de investigación sobre el cumplimiento de las políticas de BID Invest, que cursa ante el MICI, debe continuar tras la queja recibida en julio de 2018, aunque el grupo decida retirarse del proyecto.
La denuncia, hecha por habitantes de varios municipios, menciona afectaciones relacionadas con el manejo de los impactos sociales y ambientales, aumento de la conflictividad, inseguridad y violencia de género y ausencia de consultas, entre otras. La investigación se inició en el primer trimestre de 2020 y permanece abierta.
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