
Perú puede despedirse de las llamadas y los mensajes extorsivos: el Pleno del Congreso acaba de aprobar por insistencia una ley que permite precisar la localización y el rastreo de teléfonos móviles asociados a actividades ilícitas.
Con 85 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Parlamento autorizó la suspensión de las líneas telefónicas, el bloqueo del IMEI y la baja del servicio de dispositivos vinculados con hechos delictivos y crimen organizado.
La medida, que modifica los decretos legislativos 1182 y 1338, contempla la creación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y el combate del comercio ilegal de equipos de terminales móviles.
A partir de ahora, la Policía Nacional del Perú podrá acceder a datos de dispositivos móviles en casos de flagrante delito o investigaciones preliminares vinculadas a una amplia lista de crímenes, como tráfico de drogas, trata de personas, lavado de activos y delitos contra la dignidad humana.
“El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el encargado de solicitar a las empresas operadoras, de oficio o a solicitud del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario, del Ministerio Público o del Poder Judicial, la suspensión temporal de las líneas, así como el bloqueo del IMEI de los equipos vinculados a la comisión de delitos”, explicita el artículo 6.
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