El despacho PBP Abogados, establecido en la Ciudad de México, sumó dos socios a su equipo tras promover a Daniel Silva, en el área corporativa, y contratar a Rafael Sosa Yñigo, especialista en derecho penal y quien dirigía su propia firma. Ahora está a cargo del área de análisis de riesgo, responsabilidad corporativa, prevención del delito y compliance de PBP.
Con este nombramiento el número de socios de la firma sube a ocho. En abril de 2020, PBP integró a su equipo de litigios a David Ortega Ordóñez.
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Sosa dijo que se trata de "un complemento mutuo, congruente con la filosofía de la firma y con la realidad que enfrenta un país que representa un difícil panorama para sus empresarios y a diversos sectores sociales y económicos”, expresó Sosa.
Desde su nueva posición, buscará consolidar el departamento de compliance en el corto plazo y llevar esa práctica hacia una estructura multidisciplinaria en el mediano plazo. A largo plazo se propone convertir el área en referente y modelo a seguir para cualquier firma que preste ese servicio.
Ambos creen que el reto en esta nueva etapa es conservar la confianza en el país y lograr la viabilidad de las empresas y los proyectos que nos son encomendados con sus prácticas y estándares de calidad. “Ser ese puente entre nuestros clientes y el Estado para asegurar el crecimiento de México y la seguridad y certeza de nuestros representados”, manifestaron.
Exigencias del mercado
Sobre el mercado, Sosa comentó que la materia penal, que antes era considerada únicamente para situaciones contingentes, hoy es un área a considerar desde el nacimiento de una empresa o negocio, en su vida útil y años después de su extinción. Señaló que, en el caso particular de PBP, cada cliente requiere de una vigilancia y asesoría preventiva de sus prácticas y operaciones para poder garantizar resultados óptimos. De allí que el escritorio jurídico considerara abrir el área, tomando en cuenta la inclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas en el Código penal Federal y en dos tratados internacionales.
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Silva manifestó que al inicio de la pandemia temían que el mercado de derecho corporativo y transaccional en México fuera a sufrir una desaceleración importante. Pero para su sorpresa en 2020 lograron mantenerse activos en dicha materia, participar en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones y eso les dio la confianza en que el mercado se seguía moviendo, aunque a otro ritmo. “El inicio del 2021 ha sido algo lento, hemos visto con cautela la inversión, pero esperamos que la tendencia que vimos en 2020 continúe durante el 2021”, dijo.
Más de Daniel Silva
Enfoca su práctica en derecho financiero y derecho corporativo y, en especial, en el área de capital privado.
Ingresó a PBP en 2019. Fue asociado sénior de Creel Abogados (2017-2018) y de Ayala SV Abogados (2016-2017) y director jurídico del fondo de capital privado LCA Capital (2015-2016). Anteriormente, fue asociado de Gonzalez Calvillo (2009-2015) y pasante de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar (2007-2009), de Laporta De Caso y Asociados (2004-2006) y de la Notaría 30 del D.F. (2003-2004).
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana (2007), con Maestría en Derecho de la Empresa por la misma casa de estudios (2017).
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Más de Rafael Sosa Yñigo
Asiste a particulares y empresas mexicanas y extranjeras de diversos sectores en asuntos de derecho penal y amparo.
Hasta 2020 trabajó en Rábago, Sosa y Mena, la firma que fundó en 2006, una boutique especializada en derecho penal y amparo, de la que fue socio durante 14 años. Durante su trayectoria ha trabajado en López Velarde Heftye y Soria hoy Dentons López Velarde - México, (1998-2002), Gonzalez Calvillo (2001-2003) y Mendoza Morales Abogados (2003-2004).
Es abogado por la Universidad Iberoamericana (2005), con una Maestría en Juicios Orales. También cursó el programa de perfeccionamiento para directores de empresa en el IPADE Business School (2010).
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