Las medidas de aislamiento por la pandemia frenaron las actividades económicas durante meses. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 2,7 millones de empresas cerrarán en la región y 8,5 millones de empleos se perderán. Como consecuencia, los gobiernos recibieron menores ingresos en tributos y el gasto público creció. La crisis económica global ha obligado a los países a buscar soluciones ante los costos de la pandemia.
Entre las propuestas más discutidas en Latinoamérica está aquella que plantea que los millonarios ayuden a pagar la crisis. Países como Perú, Chile y, recientemente, Argentina, discuten iniciativas de ley para la creación de un impuesto a la riqueza. Sin embargo, estos proyectos han sido tan controvertidos que deben enfrentar el debate constitucional.
Perú
En Perú se han perdido 2,3 millones de empleos y la población que cuenta con un trabajo formal se redujo en un 54 %. La deuda pública llegó a su nivel más alto en 10 años, lo que representa el 39,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2020.
El primer proyecto de impuesto a la riqueza fue presentado en marzo por el partido Frente Popular Agrícola del Perú, el mismo que impulsó el retiro de los fondos de ahorro previsionales, tanto privados como públicos. Este plantea que las personas naturales que hayan obtenido ingresos a partir de 282.000 mil dólares durante el año fiscal o que posean inmuebles cuyo valor ascienda a ese monto deberán pagar un impuesto con tasas entre 0.22 % y 1 % del monto registrado. Sin embargo, dicha propuesta tuvo problemas de estructura y diseño, ya que no especificaba si la base gravable del impuesto era sobre los ingresos o sobre el patrimonio.
La iniciativa más reciente fue presentada en mayo por la bancada del partido Frente Amplio. La propuesta es gravar el patrimonio de las personas que, al 1 de enero de cada año, superen los 488.000 dólares (el valor de 400 Unidades Impositivas Tributarias). Dentro del término patrimonio estarían incluidos los inmuebles, vehículos, acciones y bonos que cotizan en la bolsa, entre otros bienes. El impuesto sería aplicable al patrimonio neto, es decir, después de la deducción de los pasivos, con una tasa progresiva del 1 % hasta el 5 %.
Asimismo, se propuso la creación del 'Padrón de la Riqueza' que llevaría el registro puntual del patrimonio de las personas que pagarían este impuesto.
Al respecto, el empresario minero Roque Benavides Ganoza comentó que esos eran temas ideológicos “absurdos”, citando al político Victor Raúl Haya de la Torre: "No hay que quitarle al que tiene, sino crear la riqueza para el que no la tiene".
Chile
La tasa de desempleo en Chile llegó al 13,1 %, lo que ocasionó la perdida de 1,8 millones de empleos. Adicionalmente, la deuda externa alcanzó el 85,9 % del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año.
La iniciativa presentada por la oposición, a finales de julio, propone una reforma constitucional que permita cobrar por una sola ocasión un impuesto del 2,5 % al patrimonio bruto de las personas naturales. Para ello serán considerados los bienes y derechos declarados hasta el 31 de de diciembre de 2019 y solo se pagará el impuesto si el patrimonio iguala o supera los 22 millones de dólares. Para aprobar este proyecto se necesita una reforma constitucional debido a que la actual constitución no permite los impuestos al patrimonio ni los impuestos de afectación.
El Estado estima que este proyecto representaría entradas entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, esta cifra representa un ingreso mínimo por al menos tres meses para cuatro millones de hogares.
Argentina
El pasado viernes 28 de agosto se presentó, en la Cámara Baja del Congreso, el proyecto para el “impuesto solidario”. Este propone lograr que aproximadamente 12.000 argentinos cuyas fortunas alcanzan los 2,7 millones de dólares paguen un impuesto de entre 2 % y 5,25 %. Esto permitirá recaudar más de cuatro mil millones de dólares.
Aunque la reforma apenas se comienza a discutir, está previsto que esta semana se reúnan las comisiones para su discusión. Se espera que en la segunda semana de septiembre ya haya un dictamen al respecto.
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