A principios de marzo, ya iniciada la pandemia del COVID-19 en México, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que un tercio de los niños y adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad, un problema derivado de que consumen el 40 % de sus calorías diarias a través de productos ultraprocesados. En el informe se observó la falta de acceso a alimentos frescos y saludables en hogares, escuelas y mercados. Además, se registró al país como el mayor consumidor en América Latina de bebidas azucaradas y productos industrializados.
Tan solo en Ciudad de México se estima que seis de cada diez niños en edad escolar básica padecen sobrepeso u obesidad, de acuerdo con cifras oficiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado que las enfermedades crónicas, entre las que se encuentran la obesidad y el sobrepeso, agravan los efectos causados por el COVID-19. Tras las críticas, varios Estados han comenzado a promover reformas que prohíben la venta y promoción de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad.
Estas medidas forman parte de la 'Estrategia de alimentación saludable, justa, sustentable y económica' presentada a finales de julio que, entre otras políticas, ha promovido el nuevo etiquetado frontal. Esta ley entrará en vigor en octubre y ha obligado a las empresas a reformular sus productos o a comenzar a colocar hexágonos frontales que advierten el exceso de sales, azúcares y grasas. La reforma se aprobó a semejanza de otros países de la región como Chile, Perú y Ecuador y actualmente se discute en Argentina.
La prioridad de la estrategia es la reducción del consumo de alimentos industrializados y el fomento del consumo de productos frescos, sanos y limpios. Esto tiene concordancia con los proyectos legislativos que se discuten a nivel federal para impedir la venta de comida chatarra a menores de edad. El primer Estado en aprobar una reforma al respecto fue Oaxaca, seguido de Tabasco. Actualmente, varias entidades buscan reformas similares y el Congreso Federal también analiza la propuesta.
¿Qué se considera comida chatarra?
La legislación de Oaxaca define como comida chatarra a las bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. El Poder Legislativo estatal aseguró que el comercio local no será afectado porque el chocolate oaxaqueño, los dulces regionales, las tlayudas, los helados, el pan de yema y otros productos realizados de forma artesanal podrán seguir siendo vendidos a los niños porque no están contemplados en las Normas Oficiales Mexicanas.
Al respecto de la exclusión, el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, comentó que le parece un problema serio que puede generar desigualdad en la industria de alimentos, ya que cierta comida con la misma calidad calórica es ingerida sin información solo por no estar contemplada en la Norma Oficial Mexicana. El problema es que se “pretende atacar un problema tan amplio como la malnutrición desde un ángulo simple como la prohibición”.
En el caso de Tabasco, el segundo Estado en adoptar la reforma, la definición de comida chatarra queda como “bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasa, azúcares y sodio”. En esta norma, además de la prohibición de venta a menores, la publicidad de los alimentos estará gravada con un 25 % más sobre el pago de derechos y no podrá venderse en un radio de 300 metros de cualquier institución escolar pública o privada.
En Colima, Hidalgo, Puebla, Jalisco y en la Ciudad de México se han presentado proyectos similares. Este miércoles se presentará en la capital una segunda propuesta que no solo abarca la venta de comida fuera de las escuelas, sino también la de los vendedores ambulantes y supermercados.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que estas medidas buscan culpar a la industria por las muertes masivas en medio de la pandemia, pero que “los alimentos y bebidas preenvasados no son los culpables”. Solicitó la ayuda de los alcaldes para que no se prohíba la venta de estos alimentos, ya que los empresarios no serán los únicos afectados, sino también los demás actores de la cadena de producción y distribución.
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