Las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia podrían no contar con la candidatura del expresidente Evo Morales. Así lo decidió la Sala Constitucional Segunda el pasado lunes.
En la última audiencia se recurrió a la ayuda de un tercer vocal, Alfredo Jaime Terrazas, para dirimir el asunto. El primer vocal, René Delgado, habría decidido admitir el amparo constitucional presentado por el exmandatario y permitir su candidatura, mientras que el segundo, Heriberto Pomier, se inclinó por apoyar la inhabilitación. El voto de Terrazas en contra de la candidatura de Morales fue clave para que la Sala Constitucional anunciara que esta quedaba inhabilitada.
En febrero, el Tribunal Electoral de Bolivia anuló la candidatura de Evo Morales para senador de Cochabamba por no cumplir con la residencia mínima de dos años en la circunscripción, requisito que establece la Constitución boliviana. Desde diciembre de 2019, Morales reside en calidad de asilado político en Argentina, tras haber renunciado de manera forzosa.
"Toda resolución dictada por las Salas Constitucionales son ejecutables de forma inmediata, por lo que se considera obligatoria desde su emisión", explica Raquel Molina, abogada constitucionalista, asociada de la firma boliviana Guevara & Gutiérrez. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene que conocer estos fallos, por lo que es necesario un sorteo previo para conocer qué Sala será la encargada de estudiar el asunto. Considerando la demora que lleva el TCP en el sorteo de acciones constitucionales, es posible que este fallo no se conozca antes de las elecciones.
"Es posible que la defensa de Morales alegue la concurrencia de un peligro inminente y grave perjuicio para intentar adelantar el sorteo y resolución, sin embargo, esto demostraría a todas luces que el TCP estaría preponderando acciones de tipo político. Es verdad que puede revocar dicha decisión, pero si no lo hace antes del 18 de octubre, fecha de las elecciones, la acción constitucional quedaría sin objeto de reclamo" detalla Molina.
Morales consideró la decisión del tribunal como “un golpe contra la democracia” y lo acusó de querer proscribir a su partido Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque este sí tendrá participación en las elecciones. Los abogados de Morales presentaron un amparo constitucional que ha sido criticado por diferentes actores políticos. En especial, el ministro de Justicia, Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, criticó el uso político que se le está dando al amparo constitucional. También aseguró que se iniciarán los procesos correspondientes al vocal René Delgado por favorecer a Evo Morales.
La legislación boliviana no permite ningún tipo de recurso de apelación para las resoluciones constitucionales, por lo que el expresidente tendría que acudir a organismos internacionales. "Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos es absolutamente clara en el artículo 23 cuando afirma que el derecho político a la elección puede ser restringido en razón de la residencia. En consecuencia, en el caso de que Morales plantease una demanda contra el Estado boliviano o una solicitud de medida cautelar, la decisión de la Corte debería enmarcarse en la Convención. Existe jurisprudencia con un cierto matiz al respecto, pero nuevamente la Corte podría no pronunciarse hasta después las elecciones, en ese caso, lo máximo a lo que podría ser obligado el Estado es a indemnizar al candidato", expone Molina.
Actualmente, Evo Morales enfrenta varias denuncias en su contra. En agosto pasado, la fiscalía boliviana admitió una denuncia por genocidio, terrorismo y atentado contra la salud pública luego de que el expresidente llamara a sus simpatizantes a manifestarse, lo que derivó en bloqueos en las principales carreteras del país y afectó el suministro de oxígeno para los enfermos en la pandemia. Asimismo, ha sido acusado de fraude electoral en los comicios de 2019, lo que llevó a solicitar la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA). También se le acusa de abuso de menores, estupro y tráfico de personas.
Sin embargo, a decir del procurador general de Bolivia, José María Cabrera, la influencia de Morales en todos los niveles del Gobierno continúa. El mismo Cabrera, en días pasados, presentó ante la Corte Penal Internacional en La Haya una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Morales.
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