Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil parece haber una sola certeza: los próximos cuatro años serán muy difíciles desde la perspectiva económica. Incluso antes de que se definiera que Luiz Inácio Lula da Silva había resultado el ganador de la contienda electoral, este escenario ya estaba configurado, principalmente por el endeudamiento.
El nuevo presidente deberá hacer el esfuerzo necesario para resolver el tema fiscal. Es difícil recortar gastos, ya que el presupuesto brasileño está casi enteramente ligado a estos, por lo que la solución debe pasar por el aumento de impuestos y la articulación de una nueva ancla fiscal, que permita vislumbrar la reducción del déficit. El techo de gasto público, acordado en 2016 y formalizado en la Enmienda Constitucional N° 95, ya no parece capaz de cumplir con esta tarea.
Según el Informe de Seguimiento Fiscal de la Institución Fiscal Independiente (IFI), organismo vinculado al Senado Federal de Brasil, la Deuda Bruta del Gobierno General (DBGG) cerrará 2022 en 77,3 % del PIB y puede superar el 80 % el próximo año.
Ilan Godfajn, expresidente del Banco Central de Brasil, junto con otros autores resumió el tema en un artículo recientemente publicado en el blog del FMI titulado 'América Latina enfrenta un tercer shock a medida que las condiciones financieras globales se endurecen'. En este detalla: “la política fiscal debe centrarse en reconstruirse. Esto requerirá controlar los gastos, mejorar el diseño de los sistemas tributarios y fortalecer las estructuras tributarias para asegurar una disciplina sostenida”.
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Dos visiones del contexto
Para profundizar en el panorama, LexLatin conversó con dos secretarios de Hacienda estatales —Renê Garcia Jr., del Gobierno de Paraná, más alineado con Bolsonaro, y George Santoro, de Alagoas, estado gobernado por la familia Calheiros, aliada del presidente Lula—, así como con uno de los más reconocidos especialistas de Brasil en el tema, el economista del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fabio Giambiagi.
García Jr. se define a sí mismo como 'democrático' y tiene una relación histórica con el PT. Doctor y Máster en Economía por la Fundação Getúlio Vargas (FGV), fue secretario del gobernador de Benedita da Silva a principios de siglo, en el Estado de Río de Janeiro. George Santoro, por su parte, es un abogado especializado en administración pública y finanzas que no se define como una persona del ámbito político de centroderecha. Con experiencia en aeronáutica, inició su vida pública en el equipo económico del gobernador Sérgio Cabral, en Río de Janeiro, de donde solo partió para unirse al gobernador de Renan Filho, en Alagoas, por indicación de una de las mayores referencias públicas en finanzas en Brasil, el economista y ex ministro de finanzas, Joaquim Levy.
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Santoro reitera que el escenario externo para el próximo año en Brasil “es bastante duro”. Señala que el gobierno obligó a bajar los precios por temas electorales, lo que provocó un desequilibrio en la recaudación de la federación y los estados, favoreciendo a los primeros. “Este movimiento generó un hueco fiscal en estados y municipios y, en algún momento, esta cuenta aparecerá en 2023 para ser cobrada”.
Según el especialista, eso ya está siendo cuestionado mediante diferentes recursos presentados ante el Supremo Tribunal Federal (STF). “Era mucho más Brasilia y menos Brasil. Ya se están efectuando algunas acciones para compensar esta pérdida por parte de los estados. Esta será otra presión fiscal para el gobierno federal en los próximos años”, indica.
Bono demográfico
Además del mundo político, Fabio Giambiagi ve a Brasil con dos grandes desafíos por delante: uno de corto a mediano plazo, que es el tema fiscal, y otro de mediano a largo plazo, que es el problema de la caída de la productividad a nivel nacional, "que está totalmente descartada para los próximos cuatro años”, refiere.
En la última edición del informe 'Desempeño de la Industria en el Mundo', elaborado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Brasil bajó otra posición en el ranking de productividad. La industria nacional, que hasta principios de la década pasada representaba el 2 % de la producción mundial, vio caer esta participación al 1,28 %.
El problema es que esta pérdida de posiciones ocurre en un momento en que Brasil todavía se beneficia de un crecimiento de la población económicamente activa, el llamado 'bono demográfico'. En teoría, esto significa que debería haber un aumento de la productividad solo por el mayor número de personas dispuestas a trabajar. Sin embargo, según Giambiagi, esta curva pronto se revertirá y, “dentro de 20 a 25 años habrá el mismo porcentaje de personas en edad de trabajar que hay hoy”. Por lo tanto, el crecimiento necesariamente tendrá que venir de la innovación.
Enfatizar lo social
Renê García define al próximo gobierno como 'de transición', por las imposibilidades que marcará la crisis fiscal. Para él será fundamental adoptar políticas de asistencia social más integrales “para evitar que un componente de la población quede relegado por la crisis de definiciones que tendrá”.
En el campo financiero, parte de la solución, tanto para Renê como para Giambiagi, puede llegar finalmente de la reforma tributaria, probablemente con un aumento de la carga.
Sobre el tope de gastos, Giambiagi explica que la regla tributaria “ha caducado”. Sin embargo, todavía está vigente, es un cadáver insepulto.
“Esta regla el techo fijo, aunque no fue tan fijo. Ya ha sido objeto de dos Proyectos de Reforma Constitucional en los últimos 12 meses y posiblemente sería objeto de un tercero. No quiere decir que el tope tenga que ser reemplazado por el vacío. La idea de límites es fundamental, tanto para la sociedad como para el sistema político, pues vivimos en un Estado de debate nacional en el que da la impresión de que el dinero crece en los árboles. Tiene que haber un límite. ¿Cuáles son los puntos clave en esta discusión? La del 2023 es una emergencia: las personas que están recibiendo 600 reales para el mes de ayuda, 21 millones de personas, recibirán 400 reales en enero. Y entonces el nuevo gobierno nace muerto”, dice.
El economista analiza que en la definición original de la regla del techo de 2016 se omitían algunas partidas y los gastos no incluidos en el techo eran, en la jerga fiscal, computados en el 'techo extra', es decir, por encima del techo.
“Ahí es donde entra la astucia de los políticos para intentar burlar las restricciones y tirar fuera lo que no se quiere controlar. En la reedición del techo, que se discutirá en 2023, si fuera por mí, terminaría con el techo extra. El techo es sobre todo. Quiere gastar más, así que dígame de dónde lo saco”.
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Para una expansión del gasto público a partir de ahora, Giambiagi cree que el índice de la inflación (IPCA) tendrá un impacto en 1,5% como una propuesta realista, tanto desde el punto de vista del crecimiento promedio proyectado en el país para los próximos años, como para sostener las demandas sociales, abriendo un perspectiva de declive en la relación entre el gasto y el PIB.
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