Una denuncia en contra del gobierno de Estados Unidos por la reciente aprobación de la norma que prohíbe a los migrantes que entren al país sin ser inspeccionados a pedir asilo fue recientemente presentada por la Coalición de Derechos de Inmigrantes (CAIR Coalition), el Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales (Raices, en inglés) e individuos afectados que fueron representados por Hogan Lovells. La firma está haciendo trabajo pro bono en este caso.
La demanda busca proporcionar asistencia legal a los migrantes perseguidos en sus países de origen y la impugnación de la nueva política (implementada a través de un decreto presidencial) que niega automáticamente el asilo a quienes entran en EE.UU. desde México, por alguna vía distinta a los puntos de llegada oficiales.
De acuerdo con Neal Katyal, socio de Hogan Lovells, muchos de los que ingresaron a EE.UU. sin inspección han escapado de situaciones indescriptibles en sus países de origen.
Añadió que:
"Las autoridades locales no pueden o no quieren protegerlos de daños graves o, en algunos casos, de la muerte. Las leyes de Estados Unidos otorgan a los migrantes el derecho a ser considerados para asilo. Nuestra demanda busca garantizar que puedan hacer uso de ese derecho".
Entre los demandantes representados por Hogan Lovells se encuentran una madre hondureña y su hijo, quienes huyeron tras recibir amenazas contra sus vidas por parte de integrantes de la MS-13, una conocida banda criminal de Centroamérica.
Según la firma, ambos fueron detenidos por oficiales de inmigración por ingresar al país fuera del punto de entrada oficial. A pesar de que expresaron su temor a ser torturados o incluso asesinados por la MS-13, el gobierno estadounidense les informó que no eran elegibles para el asilo.
Hogan Lovells precisó en un comunicado:
"Dicha política constituye un ataque ilegal a la elegibilidad para solicitar asilo de grupos de migrantes que —de manera desproporcionada— están conformados por mujeres, niños, personas LGBT y otras personas vulnerables que se han convertido en objetivos en sus países de origen debido a sus circunstancias personales".
Lo que la firma considera más importante de esta demanda es que, a través de ella se cuestiona lo que considera una política ilegal que deriva inmediatamente en situaciones “potencialmente mortales para los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos”.
El caso se diferencia de uno anterior —asumido también por la firma— en que esta vez la demanda es presentada en nombre de una clase de demandantes migrantes, además de dos organizaciones de servicios legales a migrantes (CAIR y Raices).
A esto se sumó que surgieron algunos desafíos en relación al nombramiento del fiscal general interino y, en consecuencia, a la autoridad para emitir la norma, en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, en inglés). La firma habló de los problemas relacionados con la decisión arbitraria de la agencia que produjo la política y la vulneración de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de Personas, que creó un proceso de asilo especial para proteger a los niños.
Por ahora, los esfuerzos de Hogan Lovells, Raices y CAIR se centran en “desafiar una política ilegal que les negaría su derecho a ser considerados para asilo en Estados Unidos”, a pesar de tratarse de personas amparadas por el derecho internacional, apuntó la directora de litigios de CAIR, Claudia Cubas.
Los abogados de Hogan Lovells involucrados en esta demanda son los socios Neal Katyal, Craig Hoover, T. Clark Weymouth y Justin Bernick; los asociados sénior Colleen Roh Sinzdak, Thomas Schmidt, Zachary Best, Mitchell Reich, Elizabeth Hagerty y la asociada Kaitlin Welborn.
Hogan Lovells logra que familias separadas tengan otra oportunidad de buscar asilo
La firma logró el 15 de noviembre un acuerdo con el gobierno estadounidense para resolver una querella colectiva presentada en nombre de niños migrantes (en su mayoría de Honduras y Guatemala) que fueron separados por la fuerza de sus padres tras cruzar la frontera. Dicho acuerdo restaura el derecho al asilo en Estados Unidos a los menores de edad, luego de que Dana Makoto Sabraw, juez del distrito Sur de California, calificara el acuerdo como “razonable”.
Hogan Lovells denunció a varios funcionarios y agencias gubernamentales que ejecutan deportaciones planificadas de familias de migrantes, obviando la ley de Inmigración y Nacionalidad y la cláusula de debido proceso de la Constitución de los Estados Unidos.
En dicha demanda se expuso que a estas familias les fue negada la oportunidad de buscar asilo, a pesar de haber expresado el temor de regresar a sus países de origen, ignorando el debido proceso al que tenían derecho.
Todos los demandantes eran niños que ingresaron a los EE.UU. junto a sus padres y que, bajo la política de inmigración de "tolerancia cero" del gobierno de Donald Trump, fueron separados por la fuerza de sus familias. Estas firmaron en muchos casos formularios bajo coerción que autorizaban a las autoridades a deportar a los adultos con sus hijos, en vez de deportarlos solos, mientras sus hijos presentaban su solicitud de asilo.
La aprobación del acuerdo garantiza que estas familias no sean deportadas ni separadas mientras todos sus integrantes hacen la petición de asilo, explicó la firma en un comunicado.
El acuerdo también implica que los padres migrantes que recibieron orden final de expulsión, tengan derecho a una segunda entrevista. Si los padres recibiesen una negativa más después de esta segunda oportunidad, sus hijos tendrían derecho a una entrevista propia, independientemente del resultado de la sus padres.
En esta demanda el equipo de Hogan Lovells estuvo liderado por los socios Justin Bernick, Theodore Clark Weymouth y el asociado sénior Zachary Best.
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