La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una serie de reformas constitucionales para eliminar ciertos órganos constitucionalmente autónomos y que secretarías del Gobierno Federal absorban sus funciones. Dentro de los organismos mencionados está el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los órganos constitucionalmente autónomos están contemplados en la Constitución y tienen independencia jurídica de los poderes del Estado. Además, tienen competencia sobre determinadas materias y autonomía, lo que implica que pueden realizar actos jurídicos frente a terceros. Es decir, gozan de personalidad jurídica por lo que pueden ejercer funciones públicas y control y equilibrio en los demás poderes del Estado.
De acuerdo con el presidente, estas reformas son necesarias para ahorrar y eficientar los recursos del presupuesto. Afirma que el dinero destinado a estos organismos constitucionales nunca resulta en un beneficio real para los ciudadanos y que con los recursos que estos organismos captan se podría pagar la mitad de las vacunas que necesita México para combatir la pandemia.
Te recomendamos leer: En histórica emisión, México refinancia deuda por más de 6.600 millones de dólares
El IFT es un órgano constitucional autónomo que se creó en 2013 para supervisar la prestación de servicios de radiodifusión y, en general, las telecomunicaciones en México. Sus miembros son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. La propuesta del presidente es que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte absorba sus funciones.
Por su parte, el INAI fue creado en 2014 y es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y la protección de datos personales. López Obrador ha comentado que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o, incluso, la Fiscalía Anticorrupción podrían asumir sus funciones.
Diversos actores se han pronunciado en contra de tales medidas, entre ellos el presidente del IFT, Adolfo Cuevas Teja, y la organización internacional Artículo 19. Cuevas ha resaltado que dentro de los acuerdos tomados para la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se pactó la existencia de un órgano regulador independiente en México en materia de telecomunicaciones, mientras que el Artículo 19 asegura que la eliminación de órganos como el INAI representa un grave retroceso en materia de derechos humanos para el país.
“Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida en que pretende depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo", agregó la organización en su comunicado.
Como datos duros ofrecieron las siguientes cifras:
-
2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.
-
En 2020 la Oficina de la Presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones.
-
Existen investigaciones de años recientes en las que han reportado violaciones a la privacidad de activistas y periodistas, a través del uso de softwares de vigilancia por parte del Gobierno.
Te puede interesar: Las reformas pendientes (y polémicas) de México para 2021
Discurso de austeridad
La propuesta del Ejecutivo forma parte del discurso de austeridad que ha usado López Obrador desde su campaña a la presidencia y que se ha visto reflejado antes en la extinción de 109 fideicomisos o en la cancelación de programas sociales como las estancias infantiles, por ejemplo.
Con la extinción de los fideicomisos, el Gobierno Federal obtuvo 68.400 millones de pesos. Los fideicomisos beneficiaban a periodistas y defensores de derechos humanos, productores del campo, comunidades científicas y atletas paralímpicos, entre otros. Los fondos se continuarán dando a los beneficiarios, pero ahora son las secretarías centrales las que administran esos fondos.
López Obrador aseguró que gracias a este tipo de medidas, su administración acabará con la corrupción y el país tendrá más medios para atender las necesidades originadas por la pandemia.
En días pasados, el mandatario comparó a los organismos autónomos con los fideicomisos extintos al decir que “fueron creados a diestra y siniestra para manejar dinero público de manera discrecional”. Asegura que promoverá el debate como se hizo con la eliminación de los fideicomisos el año pasado.
Sobre el proyecto de ley para la eliminación de los fideicomisos, este fue aprobado por la Cámara de Diputados donde el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría. El debate duró 19 horas pero los diputados morenistas rechazaron una a una las 350 reservas de la oposición. En el Senado fue aprobado por 65 votos, con 51 votos en contra. En total, el trámite duró menos de un mes hasta que el presidente publicó el decreto. Miles de ciudadanos y organizaciones civiles se manifestaron en contra de su eliminación, pero no se logró detener el decreto.
Otro ejemplo de eliminación de entidades son las antiguas estancias infantiles, un tipo de guardería para los sectores más vulnerables de México. El programa que financiaba a las estancias fue cancelado por López Obrador para destinar ese dinero a transferencias monetarias directas a las familias, con el fin de que sea estas elijan quién cuidará a sus hijos. Más de 300.000 menores fueron afectados por la decisión.
Te puede interesar leer: El segundo ebook de Gestión LexLatin "Evolución del modelo de negocios: temas a considerar" ¡Descárgalo ahora!
}
Add new comment