La Fundación Pro Bono Chile organizó una mesa de trabajo para diseñar una propuesta como aporte al proyecto de Ley Migratoria, que fue entregada a los diputados de la Comisión de Gobierno Interior de ese país en junio. Carolina Contreras, directora ejecutiva de la Fundación, y el bufete Albagli Zaliasnik (AZ) conversaron con LexLatin sobre este trabajo.
Contreras explicó que la iniciativa tomó forma luego de que mantuvieran conversaciones con el Servicio Jesuita a Migrantes y vieran “la importancia y la oportunidad de conjugar el expertise del sector privado y el de la sociedad civil en temas de migración y así generar un insumo valioso y acabado para aportar a la discusión parlamentaria en uno de los temas prioritarios hoy para Chile y para nuestra sociedad”.
Así, invitaron a cinco firmas de abogados y una consultora, miembros de la Fundación Pro Bono Chile. En total, participaron 16 abogados de los bufetes Morales & Besa; Barros & Errázuriz; Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Rivadeneira Colombara Zegers y Albagli Zaliasnik, junto a PwC Chile y la abogada Andrea Abdala. Por AZ trabajaron las abogadas Natalia Ramos y Dafne Guerra.
El objetivo de la mesa fue “desarrollar un diagnóstico que considerara la realidad y el estado de la situación regional y, a partir de ello, crear una propuesta de ley responsable, basada en realidades y no supuestos, que relevara el resguardo y el respeto a los derechos humanos y que se planteara con una visión de futuro, en vista de la lógica y el dinamismo de los flujos migratorios”.
Precisó:
“La actualización de la ley de migración es imperativa para generar un marco jurídico que proteja y priorice el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes al igual que su regularización e inclusión y así terminar con la situación de incertidumbre, de discriminación y con la precariedad en la que viven en nuestro país”
Las medidas propuestas
La directora de la fundación resaltó que reconocen el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de regular la migración, sin embargo, consideraron que al proyecto de ley “le faltaba una perspectiva de derechos más fuerte e integral, razón por la cual desde nuestra propuesta quisimos colaborar con medidas protectoras del ejercicio de los mismos, encaminada a la igualdad, equidad e inclusión, considerando el dinamismo de la migración a nivel regional, el cual es muy diferente a las realidades que presentan otros países y continentes”.
En ese sentido, AZ reforzó que
“la sociedad no puede ignorar el crecimiento sostenido de la población migrante en nuestro país y las dificultades, muchas veces injustificadas, con las que se encuentran las personas migrantes para poder establecerse en este”.
“La normativa vigente en esta materia se estableció sobre la base de un contexto nacional completamente diferente al actual y que nos ha demostrado ser insuficiente al fenómeno de esta nueva realidad social, en tanto aborda la inmigración desde un punto de vista más bien de seguridad nacional, y no desde una mirada de respeto a los derechos (y) carece de un estándar de protección adecuado o, al menos, conforme a los Tratados Internacionales de los que Chile es parte, con relación a la protección de los derechos fundamentales de migrantes”.
Precisó que “dentro de los ajustes propuestos se contempló la creación de un procedimiento sancionatorio propiamente tal, con recursos y vías de impugnación idóneos a efectos de garantizar un debido proceso. Asimismo, se propuso realizar una declaración de principios que permitiera delinear el sentido de una ley migratoria coherente con los derechos fundamentales de las personas migrantes, incorporando medidas referentes a educación, seguridad social, vivienda y acceso a la salud”.
La propuesta contiene 24 materias que se concentran en cuatro ejes: derechos fundamentales, regularización, debido proceso e inclusión.
“Creemos que cualquier medida que tome el país en relación a la migración, debe siempre anteponer el respeto a la dignidad de las personas -en consideración de que en derechos somos todos iguales-, velar por su inserción y reducir al mínimo el margen de arbitrariedad en los procesos de toma de decisiones donde queda en manos de la autoridad fronteriza el futuro de una persona y la de su familia. Esto último puede derivar en una mejora de su calidad de vida o por el contrario en tener que enfrentar costos personales, familiares y, en algunos casos, también políticos”, puntualizó Carolina Contreras.
Diario Financiero reseñó seis puntos en los que la propuesta de los abogados pone la lupa. Entre estos destacan los temas de vivienda y seguridad social. En el primero, indica que “el proyecto de ley no presenta ningún artículo que se refiera a esta materia y teniendo en consideración la precaria habitabilidad en la que viven en Chile, el texto propone un reconocimiento a la vivienda digna para toda persona migrante”.
Respecto al segundo, cita: “Mientras el proyecto de ley establece la entrega de beneficios de seguridad social con completo cargo a recursos fiscales a extranjeros en situación regular que lleven viviendo en Chile de forma continua por dos años, este grupo de abogados propone que, dado que los extranjeros cotizan de la misma forma que un chileno, éstos tengan acceso en forma igualitaria a los beneficios sociales sin establecerse que deban encontrarse viviendo en Chile por algún plazo mínimo”.
Casos Venezuela y Haití
El 9 de abril de este año, el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de Medidas Administrativas con Efecto Inmediato para modificar el Proyecto de Ley Migratoria en vista del ingente aumento de migrantes a Chile.
Albagli explicó que dentro de estas medidas “comunicadas mediante un acto administrativo que no es tratado en términos particulares en la Ley”, se eliminó la posibilidad de solicitar visas temporarias por motivos laborales desde el 23 de abril de 2018, representando un gran porcentaje de las residencias otorgadas en el año 2017.
Así, “se crearon diferentes visas consulares que permiten a los extranjeros solicitar estos permisos fuera de Chile, en los Consulados respectivos por motivos laborales, para extranjeros con postgrados en las mejores universidades del mundo o chilenas acreditadas, por periodos de 12 meses prorrogables por un periodo. Al respecto vemos que con estas visas consulares se ha querido regular las solicitudes de permisos en nuestro país, lo que limita desde ya el ingreso de extranjeros”.
Entre el 23 de abril y el 22 de julio se dio el proceso de regularización de extranjeros, para permitir a unos 300.000 inmigrantes irregulares obtener los documentos para legalizar su residencia en la nación austral. El director social del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Valenzuela, felicitó este proceso en entrevista con Televisión Nacional de Chile, toda vez que “la principal causa de exclusión de un migrante es la irregularidad, eso lo hace más vulnerable a abusos”.
Según cifras publicadas por El Espectador, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, informó que de 13.762 personas inscritas el primer día de la jornada, 4.194 fueron ciudadanos haitianos; 2.087, venezolanos; 2.001 de República Dominicana, 1.863 de Colombia y 1.677 de Perú.
Venezuela y Haití son dos de los países que generan la mayor cantidad de inmigrantes a Chile. Para los venezolanos el presidente Piñera creó una Visa de Responsabilidad Democrática que deberá ser solicitada previamente en el Consulado chileno en Caracas, mismo que podrá otorgar un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable por una vez y que posibilita luego pedir la Residencia Definitiva.
A los ciudadanos haitianos se les exige un permiso por turismo que también debe ser solicitado en los Consulados chilenos antes de entrar a Chile, y podrá tener una duración máxima de 30 días. Además, “considerando la realidad de los nacionales haitianos en nuestro país, se crea una Visa Humanitaria de Reunificación Familiar, para aquellos familiares que deseen venir a Chile, la que también debe ser otorgada previamente por el Consulado chileno en Haití, siendo esta última limitada a un máximo de 10 mil visados por año”, indicó la firma.
Sobre la primera visa, la directora ejecutiva de Fundación Pro Bono afirmó que puede resultar “discutible cuando consideramos la realidad social y política de ese país, y si pensamos que la regla general es que los extranjeros puedan ingresar a Chile sin visa de turismo consular y hasta por 90 días prorrogables por 90 adicionales, con lo cual podemos crear un terreno de arbitrariedad”.
En cuanto a la segunda visa “creemos que aún hay muchos aspectos que deben ser revisados de los procedimientos que se están ejecutando para su obtención”, indicó.
En ambos casos, Contreras evaluó que se debe
“tener en consideración la realidad de la migración latinoamericana, pues su implementación podría derivar en un costo muy alto, desde una arista económica, política y familiar, para las personas migrantes, derivando así, en contra del efecto buscado, en un aumento de la irregularidad de la migración en nuestro país”.
En su opinión, es importante tomar medidas con visión de largo plazo, tomando en cuenta que “prohibir por ley la posibilidad de cambiar la categoría migratoria dentro del país podría conllevar en un aumento de los índices de irregularidad, dejando obsoleto el proceso de regularización extraordinaria que se está llevando a cabo, e imposibilitar a las personas migrantes optar a mejores oportunidades de vida”.
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