Pedro Castillo, presidente del Perú, ha promulgado la Ley que regula la explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia (Ley Nº 31557), que fue aprobada hace un mes por la mayoría del Congreso de la República.
Con esta iniciativa, que fue resultado del trabajo conjunto entre ambos poderes, se busca que la actividad en crecimiento se formalice, sea objeto de fiscalización y comience a pagar impuestos.
Según el gobierno peruano, la llamada industria del gambling mueve alrededor de 256,3 millones de dólares al año (1.000 millones de soles al 16 de agosto), de los que espera obtener 41,1 millones de dólares por la vía impositiva.
Ahora la actividad está sujeta a la regulación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que recibirá 40 % de lo recaudado por concepto de impuesto a los juegos. Del restante 60 %, 20 % se destinará al Fisco nacional, 20 % al desarrollo del deporte y 20% a la promoción de la salud mental.
Además, se intenta proteger a menores de edad con controles de acceso y, en general, a la población, al establecer políticas de juego responsable, además de evitar que se cometan fraudes, delitos informáticos y otras actividades ilegales.
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¿Era necesario regular los juegos en línea en Perú?
En un documento que hizo legar Miranda & Amado Abogados a esta redacción, Fabiana Vittoria Figueroa, asociada del área regulatoria del despacho, comentó que la nueva ley peruana tiene implicaciones a nivel regulatorio y tributario, considerando los aspectos relacionados con la obtención de títulos habilitantes (con vigencia propuesta de dos años renovables) y cumplimiento de requisitos operativos, técnicos y legales para operadores y entidades certificadoras, y en cuanto a que crea el impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia de 12 % del ingreso neto mensual de las empresas.
La abogada considera que era imperativo regular la actividad y establecer requisitos a los operadores para garantizar la transparencia y trazabilidad de las operaciones, así como los derechos de los usuarios, dada la amplia oferta de servicios de juegos y apuestas por Internet que existe en Perú y que —dijo— se incrementó durante la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, advierte que ciertas disposiciones del proyecto de ley podrían representar un riesgo para el fomento de la competencia en este mercado (que desincentive la inversión por parte de los operadores) o ausencia de regulación (escenarios de falta de predictibilidad respecto del régimen de infracciones, pues no se distinguen bajo un criterio de gravedad).
El caso de Chile: proyecto en pausa
A pesar de que hace algún tiempo ha intentado regular una actividad que está prohibida, fue este año cuando Chile inició el debate en el Parlamento sobre los juegos online.
Una de las aristas de la normativa planteada es la tributaria y, al respecto, el Congreso adelanta un debate sobre la reforma fiscal, actualmente en despacho de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados del Parlamento chileno. Es así que el proyecto sobre la regulación para los juegos y apuestas en línea fue pausado, para tratarse junto con la reforma tributaria en curso.
Rodrigo Albagli, socio gerente de Albagli Zaliasnik, y Natalia González, asociada especializada en contratación de tecnologías, protección de datos, propiedad intelectual y cumplimiento legal, tras analizar el contenido de la propuesta legal, consideran “conveniente conducir la discusión por cuerdas relacionadas, pero separadas”.
Destacan que el proyecto, de ser aprobado, permitirá a las plataformas de apuestas en línea transitar desde el plano de la ilegalidad hacia el de la legalidad, para lo que deben tramitar licencias, bien sea generales o especiales, ante la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar (SCJA).
Más allá de los aspectos tributarios de la reforma, resaltan que se otorgue seguridad a los usuarios en relación con sus apuestas en una plataforma autorizada y protección al reconocer que existe una relación de consumo entre aquellos y las plataformas.
Si bien consideran que el proyecto de ley es un buen paso para la regulación nacional de las apuestas en línea, señalan que contiene normas que deben discutirse con cautela y mejorarse de manera que la falta de certeza jurídica no se convierta en un desincentivo para que las empresas se sumen al sistema de licencias.
Todo ello tomando en cuenta el anhelado objetivo de aumentar la recaudación fiscal y el esperado crecimiento del número de plataformas de apuestas en línea.
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Otros casos en la región
Algunos países de América Latina y el Caribe cuenta con una normativa que regula la actividad.
Colombia es considerado un país de referencia, pues fue el primero de la región en aprobar una ley para regular los casinos en línea, en 2016. Cuatro años más tarde la norma fue objeto de reforma para incluir los juegos online. La actividad es pechada con 16 % de las ganancias brutas.
México fue pionero en regular los juegos de azar en 1947, con la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En 2013 el país aprobó una ley sobre los juegos en línea que no ha podido avanzar en el Congreso, a pesar de varios intentos ante la obsolescencia de la norma vigente y conforme avanza la tecnología. Se calcula que en esa nación esta actividad produce unos 2.000 millones de dólares al año.
En Argentina las apuestas online se rigen por normas establecidas por cada provincia. Al menos 15 cuentan con una legislación al respecto. Diversas razones, entre ellas políticas y religiosas, han impedido que otras provincias hayan seguido el mismo camino.
En febrero de este año, Brasil dio un paso hacia la regulación y legalización de los juegos en línea, cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que contempla la creación del Sistema Nacional de Juegos y Apuestas. La norma, que se discute desde mayo en el Senado, incluye casinos, bingos y el popular jogo do bicho.
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