El descontento de la población argentina se hizo evidente hace unos días durante la manifestación de la Avenida 9 de Julio. La protesta fue contra las medidas de distanciamiento impuestas por el Gobierno, que desde marzo han impedido que diversos sectores de la población reanuden sus actividades económicas. Sin embargo, también sirvió de plataforma para expresar rechazo a la Reforma Judicial que ha propuesto el Ejecutivo desde finales de julio.
Un día después de la protesta, el Senado discutió por quinta ocasión -y por casi cinco horas- el proyecto de reforma. Durante el encuentro estuvieron presentes juristas, abogados, exjueces y actuales funcionarios del Poder Judicial.
El punto más controversial es la creación de un nuevo fuero penal, algo que se traduce en la creación de nuevas fiscalías, 23 juzgados y, por lo tanto, nuevos cargos. El problema radica en que se busca designar a los nuevos funcionarios mediante sucesión o subrogación. En ese sentido, un juez podría ser reemplazado por alguien elegido de manera arbitraria, con el único requisito de aprobar un examen público en su primer año, un procedimiento contrario a la Constitución.
Mientras que el presidente Alberto Fernández afirma que con la reforma “la justicia no será utilizada para saldar discusiones políticas y permitirá que el sistema judicial funcione en su plenitud”, la población argentina muestra su descontento en redes sociales y en marchas. Se considera que la reforma será utilizada para remover a los jueces que actualmente conducen el caso de corrupción contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Asimismo, el proyecto de ley promueve la creación de un Consejo Consultivo, un cuerpo autónomo que realizará funciones de asesor directo del Poder Ejecutivo. Este ofrecería soluciones concretas para la mejora de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, buscando mejorar la administración de justicia. Además, emitirá recomendaciones de proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo para su debate en el Congreso.
Por último, busca unificar la justicia civil y comercial federal y la contenciosa administrativa. Al respecto, Ernesto Marcer, exsubsecretario en lo Administrativo y Contencioso de la Fiscalía de Estado, mencionó que “hay innumerables conflictos de competencia” pero que el propósito del proyecto es terminar con ellos. Marcer no cree que la solución sea unificar cámaras, sino incorporar al proyecto ocho títulos relativos a los conflictos de competencia.
Dentro de lo discutido por el Senado, este martes 18 de agosto se habló de medidas inmediatas que pueden llevarse a cabo como quitar funciones administrativas y económicas a los jueces federales, nacionales y a los fiscales. Algunos senadores manifestaron que actividades como nombrar empleados o atender las agendas de las audiencias solo retrasarían el trabajo jurisdiccional.
Hugo Blasco, secretario general de la Federación Judicial Argentina, instó a que se escuchara la voz de la ciudadanía más allá de la de los expertos “que a lo largo de la historia han monopolizado el diseño de reformas que fracasaron sistemáticamente”.
El Gobierno de Fernández espera que la reforma sea avalada en comisiones esta semana y que se apruebe por completo la siguiente.
}
Add new comment