Este 27 de julio, el Ejecutivo colombiano promulgó siete nuevas leyes en materia laboral, alimentación y milicia. En materia de empleo, fue publicada la ley por la que se acredita como experiencia de trabajo el cumplimiento de prácticas profesionales, algo que obliga a instituciones públicas a pagar remuneraciones.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia alcanzó una tasa de desempleo del 21,4 % en mayo. En palabras del representante a la Cámara, José Daniel López, “se estima que alrededor de 1,4 millones de jóvenes no están empleados”.
La nueva ley pretende que las instituciones de Gobierno reconozcan el tiempo invertido en las prácticas universitarias, pasantías, monitorias y participación en grupos de investigación que estén relacionados con la carrera concluida como experiencia profesional. Estas prácticas serán igualmente válidas si fueron realizadas en el extranjero o en territorio nacional.
Aunque la ley es de cumplimiento obligatorio para el sector público, no lo será para el sector privado. La norma no incluye montos mínimos de remuneración, sino que indica que se determinarán de acuerdo con el presupuesto de cada entidad pública que esté contratando. El objetivo es cubrir los gastos de transporte y alimentación de los practicantes.
Otra de las nuevas disposiciones publicadas, presentada por el senador Fernando Araújo, tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia de las Fuerzas Armadas colombianas. Uno de los componentes más importantes de esta nueva ley será el otorgamiento de becas de estudios superiores para el personal militar con especial énfasis en quienes participaron en la Operación Jaque, llevada a cabo en 2008 para liberar a 15 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta operación fue calificada por el Ejecutivo como un triunfo de Colombia frente al terrorismo y el secuestro y fue homenajeada este lunes.
Finalmente, se ha publicado una norma sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que suministra alimentos a más de cinco millones de niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público. La nueva disposición crea una herramienta de combate a la corrupción para que padres de familia y asociaciones vigilen el cumplimiento de los contratos y destino de los recursos. Además, permite que su voz sea escuchada por los demás actores del programa, incluso si es para denunciar irregularidades.
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