La legalización de la interrupción del embarazo es un clamor imparable de las mujeres de América Latina. En el último día del año en Argentina vimos cómo mujeres de todas las generaciones abrazaron el triunfo de la llamada marea verde. La Organización Mundial de la Salud estima que tres de cada cuatro abortos realizados en Latinoamérica son peligrosos e inseguros y que pueden provocar traumatismos o la muerte de las mujeres. De los 40 países y territorios que conforman la región, tan solo seis permiten la interrupción del embarazo voluntario en las primeras semanas de gestación: Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guayana Francesa, Uruguay y, desde el pasado 30 de diciembre, Argentina.
Es de recordar que en 2018, en Argentina, el Senado desechó un proyecto de ley previamente aprobado por la Cámara de Diputados y ahora es el mismo Senado el que aprueba, con 38 votos a favor y 29 en contra, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta segunda oportunidad de discutir el tema se debe a a una iniciativa presentada por el presidente Alberto Fernández.
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Comparados, el IVE presentado en el Poder Legislativo en 2018 y el presentado en 2020 coinciden en permitir a las mujeres argentinas mayores de 16 años interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Además, se aprobó que no haya límite de tiempo para abortar en caso de que la mujer haya sido víctima de una violación o si su vida corre peligro de continuarse con el embarazo. En caso de ser menor de 13 años, se requerirá la autorización de uno de los padres o tutores.
Una de las diferencias entre ambos proyectos es que el presentado por el presidente Fernández tiene como objeto regular la atención postaborto. De ahí que su aprobación se haya dado en conjunto con la Ley de 1.000 días que amplía el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), una ayuda mensual otorgada a las mujeres embarazadas de seis a nueve meses para cubrir la totalidad del periodo de gestación. Además, se otorgará un pago anual de una asignación universal por hijo para el cuidado de los menores de tres años.
El único requisito para realizar un aborto es que las mujeres firmen un consentimiento informando del procedimiento al que se someterá. La ley también contempla que el personal médico pueda objetar por motivos de conciencia que no desea realizar el aborto pero deberá dirigir a la mujer con otro médico que no sea objetor.
Los antecedentes de Uruguay y Puerto Rico
Desde 2012 permite el aborto legal hasta la semana 12. En caso de que la mujer fuera víctima de violación, se permite hasta la semana 14. En Uruguay, si la gestante no es mayor de 18 años requerirá la autorización de uno de sus padres, contar con un aval médico o bien, una orden judicial. En caso de que la salud de la mujer corra peligro o exista riesgo de malformaciones, no habrá límite de tiempo.
El procedimiento requiere de varios pasos. Primero, la gestante debe acudir al médico o ginecólogo quien ordenará un estudio de sangre y una ecografía para confirmar el embarazo. Después debe entrevistarse con una comisión de trabajadores sociales y médicos quienes le ofrecerán las alternativas a su decisión, como la adopción y los apoyos económicos o sociales. Al cabo de cinco días debe ratificar su decisión de abortar ante la comisión y firmar su consentimiento informado.
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Otro ejemplo de regulación híbrida es Puerto Rico, donde las menores de edad no necesitan el consentimiento de sus padres para abortar. La interrupción se permite durante el segundo y tercer mes de gestación. Debido a que la Constitución norteamericana rige en este país, el aborto es legal desde 1973. A pesar de esto, existe una ley penal que prohíbe recibir o proveer un aborto si no se tiene como objetivo la protección de la salud o la vida de la mujer.
El pendiente de México
De los 32 estados que conforman a la República mexicana, solo dos permiten la interrupción libre y sin condiciones del embarazo: la Ciudad de México y Oaxaca. En el resto del país se permite bajo ciertas causales, como la violación.
El pasado 31 de diciembre una comitiva de diputados del partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), compartieron en redes sociales un documento en el que aseguran que como representantes populares cumplirán con su deber de garantizar los derechos de las mujeres al aborto legal y seguro en todo el país. Morena cuenta con la mayoría de las dos Cámaras a nivel federal y con la mayoría en los Congresos locales, pero en más de dos años de gobierno no han impulsado ninguna iniciativa sobre el tema.
Recientemente, colectivos feministas tomaron los Congresos de Quintana Roo y Puebla para exigir la legalización del aborto en sus entidades. Las protestas concluyeron en Puebla el pasado 18 de diciembre y logró que diputados de ocho de las nueve bancadas firmaran un acuerdo para discutir y votar en el pleno la interrupción legal del embarazo. La promesa es que esto se hará entre el 15 de enero y el 15 de abril. La toma del Congreso en Quintana Roo continúa a pesar de que desde el pasado 21 de diciembre se le suspendió el suministro de agua y luz eléctrica a las mujeres que tomaron las instalaciones.
La lucha en Colombia
Desde 2006 se ha permitido el aborto en Colombia solo por tres causales: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando existe una grave malformación del feto y cuando se ha practicado una inseminación artificial sin consentimiento de la mujer o ha quedado embarazada debido a una violación.
Una de las iniciativas más recientes -llamada Causa Justa- pretende eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano. Citan que desde 2006 se han abierto más de 5.640 procesos en contra de mujeres que han abortado, entre quienes más de 500 son adolescentes de entre 14 a 17 años.
Latinoamérica ante la marea verde
En el resto de la región el movimiento feminista no ha obtenido logros contundentes. En Perú la norma es que las mujeres pueden acceder al aborto legal hasta antes de la semana 22 de embarazo cuando su vida o salud esté en peligro, sin embargo, colectivos como Promsex han denunciado a las autoridades que no se aplican los protocolos. El aborto legal es restrictivo a 10 causales, entre ellas: si la mujer tiene cáncer, sufre de insuficiencia cardíaca o respiratoria, entre otras enfermedades. Sin embargo, no contempla el aborto legal por violación o por inseminación artificial.
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Un caso llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), L.C. vs Perú, involucraba a una menor abusada sexualmente desde los 11 años que quedó embarazada. L.C. tenía apenas 13 años, intentó suicidarse y se arrojó de un edificio, sufrió graves afectaciones a su columna vertebral, por lo que era necesaria una intervención quirúrgica. La madre -con el consentimiento de la menor- solicitó que se le practicara un aborto terapéutico, pero la junta médica del hospital que la trataba determinó que no estaba en riesgo la vida de la menor, negándole el aborto. La limitación de las causales provoca que los abortos clandestinos sean cada vez más comunes, pero por ahora no existe una iniciativa de ley para regular el aborto sin restricciones.
Por otro lado, hay países en los que el aborto está prohibido sin excepciones, entre ellos están El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
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