El 14 de junio, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), firmó las resoluciones a través de las cuales cinco cableoperadoras locales fueron habilitadas con una Licencia Clase B para ofrecer servicio de internet (banda ancha fija) o de transporte y transmisión de datos.
La fecha es histórica si se toma en cuenta que hasta entonces solo la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) estaba facultada para prestar tal servicio en una suerte de monopolio. La decisión del Ejecutivo uruguayo recibió críticas de gremios de trabajadores y exdirectivos de Antel, que aseguraban que el país pierde soberanía al entregar licencias en un sector considerado estratégico.
Martín Montoro Inchausti, quien enfoca su práctica en tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT, por sus siglas en inglés), en el despacho Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay, señala que, en rigor, Antel no tenía un monopolio legal, pues el Reglamento de Telecomunicaciones (Decreto 115/003), ya contemplaba que los servicios de Internet (calificados como “transporte y transmisión de datos”) podían ser prestados por empresas privadas que obtuvieran licencias (Clase B) por parte del Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con el Reglamento de Licencias de Telecomunicaciones, una licencia clase B permite prestar servicios de telecomunicaciones utilizando como soporte la red, medios o enlaces propios de otro operador.
Sin embargo, según el abogado, en la práctica no se otorgaban esas licencias y la situación encontró mayor respaldo en la Ley 19.307 (Ley de Medios), promulgada en diciembre de 2014. En su artículo 56, esta norma prohíbe a las empresas de servicios de comunicación audiovisual prestar a su vez servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos.
Esta disposición legal fue declarada inconstitucional en diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia a partir de 2016 y, por lo tanto, declarada inaplicable respecto de aquellas empresas que promovieron el accionamiento, las mismas que han obtenido la licencia de operación: Korfield, Praimar, Nuevo Siglo, Montecable y Tractoral (TCC).
Más jugadores, más competencia
Actualmente, en el Parlamento, se estudia la Ley de Rendición de Cuentas, que propone la derogación del mencionado artículo 56. Montoro espera que por esta iniciativa y otras acciones de inconstitucionalidad se abra paso para que más competidores comiencen a prestar sus servicios y expandan su oferta.
“La mayor cantidad de nuevos jugadores aumentará la competencia, dinamizando así al sector y trayendo a su vez mayores eficiencias para las empresas y beneficios para los consumidores”, agregó en entrevista.
El otorgamiento de licencias Clase B abre una ventana para la competencia, aunque solo en el segmento de transporte y transmisión de datos. En el corto plazo, el abogado no visualiza que este avance pueda impactar en otros servicios de telecomunicaciones. Hasta ahora Antel mantiene el monopolio en la prestación del servicio de telefonía fija. Fundada en 1974, además ofrece servicios de telefonía fija, banda ancha y datos.
Consultado sobre la justificación de la existencia de monopolios, Montoro resaltó que, como principio, la competencia tiende a redundar en mayor eficiencia y, por lo tanto, en mayores beneficios para el consumidor.
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Cree que pueden, eventualmente, existir mayores justificaciones en aquellos sectores donde por sus particularidades una sola empresa puede garantizar mayores eficiencias y menores costos. Sin embargo, señaló que, en el caso del sector de las telecomunicaciones, y particularmente en el suministro de servicios de Internet, la experiencia ha demostrado que la competencia mejora los servicios, reduce los precios e incentiva las inversiones en un área donde es crítico el desarrollo de la infraestructura y la implementación de las nuevas tecnologías. "Es así como vemos que globalmente y, en particular ciertas regiones con mayor sensibilidad, caso Europa, luchan denodadamente para que la competencia siga siendo el criterio rector en todo momento", manifestó.
Descarta que la decisión de abrir la competencia represente la pérdida de soberanía para Uruguay como han denunciado algunos sectores, pues más bien se vincula con la promoción de la competencia y el cumplimiento de las reglas de derecho. Cree que, en todo caso, Antel tiene el 99 % de este mercado y una infraestructura que puede, si quisiese, arrendar a cableoperadores privados, con lo que, de seguir prestando servicios de calidad, su impronta en el mercado no debiera verse amenazada.
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