En agosto de 2016, Germán Lora Álvarez, socio de Payet, Cauvi, Pérez Abogados, asumió la Jefatura de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Trabajo del Perú. En ese momento aseguró que regresaría a la firma una vez concluyera el período que dedicaría a la administración pública.
El primero de agosto de este año se conoció que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo había aceptado la renuncia de Lora Álvarez al cargo. Cumpliendo su palabra, un año después ha retornado a Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados y accedió a conversar con LexLatin, nuevamente, acerca de su experiencia en el despacho laboral del Ejecutivo.
En primer término, el especialista en derecho laboral aseguró que haber ejercido en el Gabinete laboral fue “una gran experiencia. Definitivamente trabajar en el sector público y en el área en la que uno se desempeña normalmente —en mi caso el derecho laboral— representa no solamente una gran oportunidad de aporte para el país, sino también una oportunidad de aprendizaje. Considero que los profesionales de muchas ramas del derecho debemos contar con una experiencia en el Estado para brindar un servicio más integral a nuestros clientes”.
Precisamente en cuanto al aprendizaje adquirido, Lora destacó “que muchas veces el aspecto técnico es incompatible con el aspecto político”, por cual “el tema laboral es muy complicado de cambiar y actualizar (…) Pero —rescató— frente a ello se genera un gran reto para encontrar alternativas de solución que busquen un asesoramiento acorde a las necesidades de nuestros clientes”.
El paso por el despacho laboral peruano le permitió evaluar “que definitivamente el Perú –como viene sucediendo en otros países como México, Brasil y Francia– requiere de una revisión de la legislación laboral a fin de modernizarla en procura de generación de más puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes. Eso lo debemos entender todos los actores involucrados en el mercado laboral peruano”.
Germán Lora impulsó durante su gestión “el proyecto de Ley de Incentivo a la Contratación de Jóvenes, propuesta trabajada seriamente por el Ejecutivo con la finalidad de crear puestos de trabajo para los jóvenes, sin ningún recorte de beneficios laborales”, sin embargo, “ni la comisión de trabajo ni la comisión de economía del Congreso han apoyado la propuesta legislativa, más bien otras bancadas han presentado propuestas propias en la misma línea; seguramente con fines políticos”, precisó.
Asimismo, aunque el gobierno peruano se ha propuesto reducir el empleo informal, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indicó que los índices de informalidad han aumentado.
A juicio del exasesor del despacho laboral, “muchos son los factores que inciden sobre la informalidad en el empleo. Uno de ellos es el tema legal. En este sentido cabe recordar que las modificaciones legislativas –si bien pueden ser elaboradas e impulsadas por el Poder Ejecutivo– deben ser aprobadas por el Congreso y es allí donde se encuentran las principales barreras para avanzar”.
“De otro lado, cabe recordar que la informalidad laboral también se encuentra vinculada a la falta de productividad de los trabajadores de las MYPES por lo que sería conveniente revisar el establecimiento de remuneraciones mínimas diferenciadas, conforme lo plantea la propia norma que regula este tipo de empresas”, argumentó.
En este sentido, Lora opinó que “desde el sector privado se puede apoyar fuertemente a impulsar la transformación laboral, a través de elaboración de propuestas, asesoramiento y el traslado de la experiencia en proyectos normativos (leyes/decretos supremos, etc.). En esta línea de idea, soy de la opinión que los gremios empresariales deberían tener una presencia más activa en los temas laborales de nuestro país”.
Migración de venezolanos al Perú
Lora Álvarez también comentó en torno a la migración de venezolanos al Perú y el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de este país en regularizarlos e integrarlos. Cifras extraoficiales indican que más de dos millones de venezolanos han salido de su país como consecuencia de lo que se considera la peor crisis sociopolítica de su historia.
“Se deben respetar los porcentajes limitativos que impone la legislación laboral peruana para la contratación de extranjeros y que estos –para la prestación de sus servicios en territorio peruano– cumplan con los requisitos establecidos por la legislación laboral y migratoria peruana”, consideró el exasesor del despacho laboral, con el objetivo de “buscar un equilibrio entre la colaboración con los ciudadanos venezolanos y la generación de empleo para los peruanos”.
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