De diciembre de 2018 a la fecha, la reforma energética de 2013 ha sido mencionada en más de 80 conferencias matutinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En algunas ocasiones, el mandatario hace referencia a ella para recordar que protestó contra esta modificación constitucional que abrió la puerta a la participación de privados en el sector y fue aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto. Otras veces la menciona para enfatizar que la reforma tenía como fin destruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como privatizar completamente la industria energética.
Mostraba su rechazo pero no profundizaba en las acciones para revertirla. “Lo que estaba haciendo es jugar un discurso muy ambivalente”, dice Miriam Grunstein, abogada y consultora en Brilliant Energy Consulting con más de 20 años de experiencia. Pero desde agosto, López Obrador ha dicho algo más: tiene planes de trabajar –junto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)– para fortalecer a las dos empresas del Estado.
Busca realizar lo anterior sin una reforma legal que modifique la Constitución y las leyes secundarias. “Si vemos que no es posible porque dejaron todo esto bien amarrado con las llamadas reformas energéticas, si vemos que no se puede, va la reforma constitucional”, agregó el presidente en la conferencia del 24 de septiembre. Los especialistas prevén que la contrarreforma se llevaría a cabo después de las elecciones de 2021.
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Para Erick Hernández, abogado de Greenberg Traurig, la estrategia inicial se centra en avanzar sin tocar la constitución porque esto implica tener la autorización de las dos terceras partes del Congreso, más la aprobación de las legislaturas en los Estados. “Eso no lo tiene todavía, él (presidente) sabe que al día de hoy eso todavía es negociar con los otros partidos y no es 100 % seguro que pase, por eso intentó primero tratar de ver y confirmar si podía hacer todas las modificaciones pertinentes sin necesidad de tocar la constitución”.
A través de un memorándum enviado a mediados de este año, que no se ha hecho público de manera oficial, el mandatario cuestionó a los representantes de los órganos reguladores del sector si era posible implementar una estrategia contra el proceso de privatización para, en su lugar, fortalecer y rescatar Pemex y CFE en beneficio de los mexicanos. La respuesta fue positiva.
De acuerdo con los especialistas, los ajustes alcanzarían a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Petróleos Mexicanos y la de la Comisión Federal de Electricidad. Aunque las modificaciones serían cuidadosas pues “si reforman las leyes secundarias y no la constitución va a haber un problema de inconstitucionalidad”, advierte Grunstein.
En el sector hidrocarburos, según Hernández, las modificaciones a nivel leyes secundarias se enfocarían en sumar disposiciones, lineamientos y restricciones en los procedimientos, con el fin de hacer más restrictivos los requerimientos que se necesitan, por ejemplo, para que las empresas puedan obtener permisos. Algunos de ellos serían subir el pago de derechos y aprovechamientos anuales e incluir medidas de control corporativo, como impedir que las empresas que tengan acciones extranjeras realicen solicitudes.
En electricidad los cambios también se centrarían en las disposiciones, particularmente en la utilidad pública. “Lo hemos estado viendo. En la parte eléctrica han estado sacando disposiciones desde el año pasado, primero modificaron el tema de la obtención de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para que CFE y sus proyectos previos a la reforma energética pudieran generar certificados de energía limpia y cumplir con sus obligaciones. De ahí pasaron también a la modificación de las disposiciones para tratar de que los permisos negados no se modificaran o no se pudieran modificar”, enfatiza el abogado de Greenberg Traurig. “La estrategia que está implementando este Gobierno a nivel legislación secundaria es poner todas las piedras posibles e imposibles para que tú no puedas cumplir u obtener un permiso”.
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En el camino nace una iniciativa
La ruta marcada por el presidente está clara: avanzar sin tocar el marco legal y, en caso de que no se llegue al objetivo, promover una contrarreforma energética. Pero el 14 de septiembre, el diputado del partido oficial Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, presentó una iniciativa que pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta tiene como misión recuperar la rectoría y exclusividad del Estado al quedar demostrado que los resultados de la reforma energética de 2013 fueron contrarios a los objetivos que se formularon y que las privatizaciones no contribuyeron a mejorar ni las condiciones de Pemex, ni brindaron mejores precios de los combustibles a los consumidores y sí representan un grave atentado contra la soberanía energética y la seguridad nacional de México. Esto, según el legislador, sin anular los contratos vigentes y respetando los derechos adquiridos.
“Estaba revisando los datos de la cuenta pública de 2018 y 2019 y tenemos que cuando se presentó la reforma energética en 2013 se hicieron grandes planteamientos. En ese entonces estaba la producción en 2.5 millones de barriles diarios y se acordó que se iba a incrementar hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo, pero al contrario hoy ha bajado: estamos produciendo 1.8 millones de barriles diarios en promedio”, explica en entrevista el legislador, quien destaca que además aumentó la deuda de Pemex y disminuyeron las reservas.
Entre otros objetivos de la reforma, se había prometido que para 2018 habría una reducción de las tarifas eléctricas, medio millón de empleos formales y medio punto porcentual adicional de crecimiento económico para el país. Hasta el momento, estas metas no se han cumplido.
Los especialistas coinciden en que es poco tiempo para hablar del éxito o del fracaso de la reforma de 2013. “En el tema económico íbamos muy bien porque la derrama en materia de inversión energética en México era de más de 6,600 millones de dólares. Y más o menos la inversión en electricidad de particulares es de 24 %, hablo de energía limpia normalmente porque es lo que hay, no nada más renovables, también centrales de ciclo combinado que usan gas natural. Y la demanda de electricidad, si no hubiéramos tenido estas empresas privadas, empezaríamos a tener deficiencias muy graves porqué CFE no reinvierte el dinero”, destaca Hernández.
La propuesta, que fue enviada a comisiones, no cuenta con el respaldo de la bancada de Morena. “Lo estamos consensuando, fue una iniciativa de manera muy particular”, dice Gutiérrez Gutiérrez, quien adelanta que en el partido ya trabaja en otra propuesta que será complementaria a la suya.
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