La solicitud llegó el martes 9 de junio en México. El senador del oficialista Morena, Ricardo Monreal, pidió que en la gaceta de la Comisión Permanente se incluyera una iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. La propuesta se aceptó y fue sumada al día siguiente. Desde el primer minuto, el proyecto prendió las alertas por plantear la fusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Así nacería un súper órgano regulador: el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).
Los pros y los contras comenzaron a emerger. Por un lado había quienes consideraban que la propuesta era acertada, pues cuestionaban el actuar que hasta entonces habían tenido los tres órganos que, por separado, tienen la facultad de regular la competencia económica en general y en el sector de telecomunicaciones y en energía respectivamente. “No todo ha sido color de rosa y no debemos ser ingenuos, los organismos autónomos no han sido completamente ajenos a los intereses políticos ni tampoco a los intereses económicos de servidores públicos y de particulares”, dice Benjamín Robles, diputado del Partido del Trabajo.
Por otro lado están quienes rechazaban la intención, argumentando que se trataba de un desmantelamiento y un debilitamiento de estos órganos reguladores que tienen como misión combatir las prácticas monopólicas y anticompetitivas de los grandes capitales en diferentes sectores y que, a lo largo de los años, han apostado por la especialización para atender sus facultades. “Es lo mismo pensar que porque un entrenador de fútbol es muy bueno puede ser igualmente bueno y eficaz con un equipo de basquetbol. Claro, ambos son deportes y requieren de un equipo, se juega en la cancha, en estadios, etcétera, pero son cosas completamente diferentes”, explica Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista.
El debate se activó: académicos, legisladores, líderes empresariales y especialistas en los diferentes sectores participaron. Siete días después, el 17 de junio, el proceso legislativo se frenó: Monreal anunció que posponía la presentación de la iniciativa e iniciaba un proceso abierto de discusión en torno a la propuesta. “Solicitaré que se posponga la presentación de la misma para que podamos construir una solución cimentada en el consenso y los acuerdos”, anunció el legislador.
No hay una fecha definida para la nueva presentación ni una plataforma pública que muestre los comentarios que el senador ha recibido para enriquecer la propuesta. LexLatin solicitó una entrevista al senador a fin de tener más claridad sobre los siguientes pasos, pero esta no se concretó para la publicación de esta nota.
Marco Antonio Zeind, profesor de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), socio de Zeind & Zeind y autor del libro Organismos constitucionales autónomos, afirma que -en este caso- el proceso comenzó al revés porque el parlamento abierto debió plantearse antes de ingresar la propuesta legislativa. “La iniciativa se ingresó, además, en el peor momento posible. Hoy estamos en una crisis, la del COVID-19, donde muchas de las pequeñas y medianas empresas van a extinguirse y van a sobrevivir las grandotas, que después de esto van a ser más poderosas porque van a tener menos competencia. Si además nosotros debilitamos a los reguladores por parte del Gobierno, los monopolios y oligopolios van a tener la cancha abierta porque además de no tener competencia no van a tener alguien que las regule, o no con la misma fuerza”.
Una radiografía de la propuesta
El argumento principal de la iniciativa, de 69 páginas, indica que los tres órganos comparten ciertas características de facultad y competencias. Y, señala, al integrarlas en un mismo instituto se reduciría el gasto que representa su operación.
“La [ventaja de la] creación de un órgano regulador como Inmecob está en la posibilidad de aprovechar las economías de escala derivadas de la existencia de funciones que pueden considerarse semejantes, así como también metodologías y procedimientos de actuación similares”, se lee en el documento suscrito por Monreal. “Se podría generar una estructura orgánica que optimice recursos y atienda el principio de austeridad”.
El presupuesto total que requeriría el instituto, según la propuesta, sería de 1,875 millones de pesos, es decir, 500 millones de pesos anuales menos que el asignado a IFT, Cofece y CRE. “Verdaderamente se trata de un ahorro marginal y más aún con relación al impacto que tendría en la política regulatoria del país una decisión de este tipo”, señala Zeind.
La iniciativa toma como referencia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que opera en España desde 2013. Este organismo independiente se creó al fusionar cinco organismos reguladores: Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.
Los especialistas coinciden que, en los últimos años, esta comisión ha sido cuestionada por varios aspectos, principalmente por la pérdida de especialización y la cantidad de trabajo acumulada. “Si hacen una revisión de qué ha sucedido con esta Comisión, pues también arrastra temas de corrupción desde el nombramiento de su titular”, afirmó Sonia Venegas Álvarez, doctora en Derecho Fiscal en su participación en el webinar Análisis de la iniciativa para fusionar el IFT, la Cofece y la CRE, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM.
La iniciativa señala que el Inmecob integraría mayor potencial de eficiencia en la toma de decisiones regulatorias, pues el órgano de gobierno estaría integrado por cinco consejeros. Actualmente son 21 distribuidos en los tres órganos. “Los asuntos, que de por sí tienen varios detenidos, encontrarían un rezago. Estaríamos sujetos a que esas cinco personas en las que se va a depositar todo ese poder empiecen a aprender a hacerlo, cuando en estos organismos los comisionados que están ahí ya tienen muchos años de experiencia”, añade Zeind.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la propuesta es la forma de elección de los cinco consejeros. Serían designados de forma escalonada por el Ejecutivo Federal a propuesta del Senado y se propone eliminar el examen de conocimientos para “evitar la formación endogámica, incorporar visiones externas y evitar un sesgo a favor de una formación exclusiva tecnocrática”.
Para Venegas Álvarez, la fusión no debería ser la primera y única opción. Antes, propone evaluar el desempeño actual de los reguladores con base en las metodologías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); realizar una revisión legislativa para dotar de mayor claridad y sinergia a las funciones de estos órganos reguladores; reforzar su autonomía y promover que los titulares, al tener un rango equivalente al de una Secretaría de Estado, comparezcan ante el Congreso. Esto reforzaría a estos órganos constitucionales autónomos.
Los expertos coinciden en que, a nivel mundial, este tipo de órganos toman una importancia cada vez más fuerte. De ahí la importancia de reforzarlos y no desaparecerlos. “Unirlos crearía una masa que no tendría una lógica y ponerle cinco consejeros a esto sería crear un cuello de botella enorme que retrasaría enormemente los avances regulatorios”, destacó José Luis Peralta, ingeniero en telecomunicaciones y excomisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT), durante su participación en el webinar de la UNAM. Agregó: “más que cuestionarlos creo que debemos fortalecer todavía más sus atribuciones, mientras haya agentes preponderantes hay que seguir siendo vigilantes”. Además, según Venegas, son resultado de una serie de compromisos internacionales que, en su momento, México contrajo, por lo que deberían mantenerse.
Actualmente, México tiene nueve órganos constitucionales autónomos a nivel federal –como la Cofece, el IFT y el Banco de México– y 189 en los Estados.
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