A finales del mes pasado Telefónica puso en venta sus operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, países en los que tiene activos, pero todavía no hay compradores ni acuerdos formales. Como 'plan b', de acuerdo con José María Álvarez-Pallete, presidente de la compañía, estas filiales formarán un spin-off operativo para su gestión como unidad autónoma.
"Ponemos en marcha la revisión de nuestro portafolio de activos en Hispanoamérica con el doble objetivo de modular nuestra exposición a la región, al tiempo que se crean las condiciones para maximizar su valor, tanto en crecimiento, como consolidación y posibles operaciones corporativas”, detalló Álvarez-Pallete en un comunicado.
De acuerdo con el presidente de Telefónica, hasta hace unos años, estas operaciones eran un motor de crecimiento para la empresa, pero las regulaciones, la presión competitiva y la escala volátil e insuficiente de las divisas, hicieron necesario desprenderse de ellas. Desde hace unos años sus ganancias no han sido suficientes comparadas con su deuda millonaria, que hasta septiembre pasado el monto global ascendía a más de 40.000 millones de dólares.
Según sus propios informes, el promedio de ingresos por usuario en Latinoamérica, en los últimos cuatro años, correspondía a 4,10 dólares; en 2011, solo en Perú ese ingreso era de 6,6 dólares.
El ‘plab b’, la reestructuración de Telefónica, implica la agrupación de filiales para ser dirigidas por un mismo equipo de trabajadores, de manera que se genere un modelo sostenible a largo plazo.
Desmoronamiento paulatino
A inicios de este año, América Móvil, cuyo socio mayoritario es el magnate mexicano Carlos Slim Helú, adquirió las acciones de Telefónica Guatemala y El Salvador, por un monto de 648 millones de dólares. Poco después vendió a Millicom International Cellular sus filiales en Nicaragua, Panamá y Costa Rica, por la suma de 1.650 millones de dólares.
Perú también le ha significado un golpe a su economía: a finales de noviembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), luego de más de 10 años en litigio tributario, cobró a Telefónica cerca de 75 millones de dólares. La cifra es resultado de la suma de multas acumuladas que impuso la autoridad de Hacienda peruana al fiscalizar a la empresa. Telefónica declaró pérdidas en 1999, 2000, 2003 y 2004 y no pagó el impuesto a la renta (ISR). Luego de fiscalizar a la empresa la autoridad comprobó que había diferencias entre lo declarado y las cuentas de la compañía, entonces le requirió el pago de los impuestos acumulados y, además, la sancionó por haber dado información que no correspondía.
Inmediatamente después de este cobro, la empresa española anunció sus intenciones de dejar Latinoamérica. Pocos días antes de esto tenía la buena noticia de haber firmado un acuerdo con AT&T en México para dejar de invertir en espectro y así aligerar sus gastos. El único país latino en el que seguirá operando será Brasil, que le aporta un promedio de ingresos por usuario de 7,77 dólares. Alemania, España y Reino Unido son sus principales mercados.
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