Uno de los decretos de urgencia emitidos por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, obliga a todas las farmacias y boticas, públicas y privadas, a mantener un stock mínimo de medicamentos genéricos para resolver el problema de desabastecimiento. Pero el decreto también obliga a los establecimientos privados a vender 40 genéricos ‘puros’ (no genéricos de marca) que determinará el Ministerio de Salud con base en el listado del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. De no contar con el stock mínimo, los establecimientos podrían pagar una multa máxima de casi 2.500 dólares.
El objeto del decreto de urgencia es garantizar la disponibilidad de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. Su reglamento está previsto para el próximo 30 de noviembre.
LexLatin conversó con Óscar Ugarte Ubilluz, extitular del Ministerio de Salud (2008 - 2011) y médico con maestría en gestión de políticas públicas. Ugarte Ubilluz refirió que si bien esta es una buena medida para solucionar los problemas del abastecimiento de medicamentos en los servicios de salud públicos, la multa para las privadas, especialmente las farmacias independientes que suman alrededor de 15.000, no debería establecerse, al representarles un grave riesgo de sostenibilidad económica. Apuntó a establecer normas complementarias para regular el campo de los productos de innovación de más alto costo como los oncológicos.
"La principal medida que adopta es la aplicación de un operador logístico, que haga compras centralizadas, masivas y por lo tanto consiga mejores precios, a la vez garantizará una distribución adecuada de los medicamentos en todos los establecimientos públicos”, manifestó Ugarte.
El exministro detalló que si bien el 75 % del mercado peruano está cubierto por los servicios de salud que ofrece el Estado y el 25 % por el sector privado, estudios de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) muestran que del 100 % de las personas que compran en farmacias privadas, el 39 % proviene de hospitales del Ministerio de Salud, el 20 % de hospitales de la seguridad social y un 4 % restante de la seguridad de las fuerzas armadas, policiales o municipales. “No logran obtener el medicamento dentro de los establecimientos públicos y van a la farmacia a pagarlo de su bolsillo”.
"Una medida complementaria es que se autoriza a las farmacias privadas a vender los genéricos de calidad que el sector público va a proveer con este nuevo operador logístico, entonces cualquier ciudadano que vaya a una farmacia con su receta privada podrá conseguir estos medicamentos genéricos del Estado”.
Aunque el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales contiene más de 900 productos que son los que se utilizan en los servicios de salud ofrecidos por el Estado y han sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo será obligatorio el stock mínimo para 40 de ellos. De acuerdo con el extitular del Ministerio de Salud, el sector privado tiene inscritos más de 20.000 medicamentos.
Pendiente legislativo
Este decreto de urgencia no ha sido una improvisación. Al menos entre el 2016 y 2019 se plantearon ocho proyectos de ley para garantizar los stocks mínimos de venta de genéricos, la distribución ordenada de los mismos y su uso preferencial. Estos fueron presentados por distintos grupos parlamentarios.
Los análisis del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) datan de antes, por ejemplo, en uno de 2014 sobre la iniciativa del 'Proyecto de Ley ética de la prescripción médica para la promoción y uso de medicamentos genéricos', concluyó que prohibir que los establecimientos médicos se nieguen a suministrar genéricos los obligaría a contar con un stock ilimitado, por lo que se debía establecer una lista de productos básicos para garantizar el derecho de los consumidores a obtener un medicamento genérico. Esto fue recogido por el decreto de urgencia.
Otros decretos de urgencia son la reanudación de obras públicas paralizadas en el país, con una inversión de poco menos de cinco millones de dólares, y otro más sobre incentivos de inversiones para la investigación científica e innovación tecnológica. La Comisión Permanente del Congreso disuelto ha creado grupos de trabajo para estudiar estos decretos y enviar posteriormente sus informes al Congreso que se elija en los comicios del próximo mes de enero.
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