Comité de Acreedores considera que demanda para anular bonos PDVSA 2020 es innecesaria

Asegura que mayoría de acreedores tienen poca o ninguna tenencia de bonos 2020 / Fotolia
Asegura que mayoría de acreedores tienen poca o ninguna tenencia de bonos 2020 / Fotolia
Esperan ejercer sus derechos ante el litigio iniciado por la Junta Administrativa Ad Hoc de la petrolera estatal venezolana
Fecha de publicación: 06/11/2019

El Comité de Acreedores de Venezuela considera que la demanda presentada por la Junta Administrativa Ad Hoc de la petrolera estatal venezolana para invalidar los bonos 2020 fue innecesaria como medida para preservar su filial estadounidense Citgo.

En un pronunciamiento realizado el 4 de noviembre con la asesoría legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos y el apoyo financiero de Guggenheim Securities, el grupo de inversionistas aseguró que la mayoría de acreedores tiene poca o ninguna tenencia de los bonos 2020.

Y si bien, al anunciar la demanda ante un tribunal federal estadounidense, la Junta Administrativa Ad Hoc de Pdvsa argumentó que en las reuniones realizadas hasta el 24 de octubre con los tenedores de los bonos no se logró llegar a acuerdos, el Comité dijo que el Gobierno de Guaidó se negó a reconocer o responder la oferta de asistencia de los acreedores y a iniciar un diálogo.

Señaló que con la iniciativa se buscaba “facilitar una refinanciación consensuada de los bonos 2020 con el propósito expreso de garantizar que Venezuela pueda preservar su propiedad de Citgo”.

“Las acciones del Gobierno de Guaidó equivalen a un repudio de las obligaciones de PDVSA y contrastan con su compromiso con una renegociación ordenada y consensuada de la deuda externa pública de Venezuela”, indicó el comunicado.

Considera que la imposición del Gobierno de los Estados Unidos de suspender por 90 días la ejecución de los derechos de los acreedores legales debe ser utilizada por el Gobierno de Guaidó para, finalmente, participar de manera constructiva con los acreedores y el Comité.

El Comité parte de la demostración de cumplimiento del Gobierno de Guaidó al cancelar capital e intereses adeudados sobre los bonos 2020 el 27 de abril de este año, lo que contrasta con la decisión  del Gobierno de Maduro que, desde finales de 2017, dejó de pagar todos los bonos y pagarés no garantizados emitidos por la República y por PDVSA. A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Gobierno de Guaidó cumplió los compromisos con fondos de PDVSA que habían sido bloqueados en EE.UU.

Cree que el Gobierno de Guaidó tiene que cambiar drásticamente su enfoque para renegociar ordenada y consensuadamente la deuda externa del país, lo que pasa por comprometerse con los acreedores para abordar los desafíos financieros de Venezuela después del cambio de régimen.

Insta al gobierno de Estados Unidos a eliminar las restricciones recién impuestas sobre la capacidad de los tenedores de los bonos 2020 para hacer cumplir los intereses de seguridad que se les otorgaron libremente. Los bonos Pdvsa 2020 están respaldados por 50,1% de las acciones de Citgo.

“Si el Gobierno de Guaidó tiene la intención de buscar la nulidad de los bonos 2020, entonces es justo que los tenedores de estos bonos puedan defender y ejercer sus derechos en su totalidad”, comentó en relación con el litigio iniciado por la Junta Administrativa Ad Hoc de PDVSA.

El 29 de octubre, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus subsidiarias PDVSA Petróleo y PDV Holding presentaron una demanda ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York para que el bono PDVSA 2020 sea declarado inválido, ilegal, nulo y sin valor ab initio. La acción, intentada contra MUFG Bank, como fideicomisario, y GLAS Americas, como agente colateral, se sustenta en que la emisión del título no fue autorizada por la Asamblea Nacional de Venezuela como ordena la Constitución en relación con los contratos de interés público nacional.

“Ningún gobierno venezolano ha tomado la posición de que los bonos emitidos por PDVSA son contratos de interés público nacional que requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, dicha aprobación nunca se ha solicitado y mucho menos otorgado, hasta donde sabemos”, agregó el Comité. Advirtió las consecuencias en los mercados financieros de que algún órgano de un gobierno soberano pueda impedir que la deuda emitida sea servida. El 28 de octubre, en vísperas de la presentación de la demanda, el Gobierno de Guaidó debió honrar un pago por 913 millones de dólares, pero ello no ocurrió.


Asesores legales

 

Asesores del Comité de Acreedores de Venezuela:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos: Socios Richard Cooper y Francesca Odell. 

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