Alejandro Sobarzo: “La corrupción impide el desarrollo y la competitividad”

Los próximos 14, 15 y 16 de marzo se celebra en Ciudad de México la Biennial IBA Latin American Regional Forum Conference, que este año llega bajo el interrogante Are we ready? Disruptive innovation in Latin America: The role of lawyers. Los avances en materia anticorrupción y la prevención del lavado de dinero serán algunos de los temas más presentes en la jornada. Hablamos con Alejandro Sobarzo, socio de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. y uno de los conferenciantes en la sesión del viernes 16 de marzo Goodbye traditional banking, hello crowdfunding. 

— ¿Qué experiencias se consideran, desde la perspectiva legal, exitosas para la prevención en lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo? ¿Existen modelos que en la práctica hayan probado ser efectivos y en los que América Latina se pueda fijar?

— Es un fenómeno que cada vez se hace más público. En el caso de México, tenemos el ejemplo del narcotráfico, que es un delito que tiene mucho impacto. El lavado de dinero es el mecanismo del que disponen aquellos que cometen actos ilícitos. Es puesto en práctica por quienes tienen recursos derivados de los actos de corrupción, del narcotráfico, por algún acto de delincuencia organizada, y que finalmente intentan dar la apariencia de legalidad. De eso se trata, de hacer como si el dinero que se obtiene viniese de una fuente lícita. Lo regresan a la economía para poder hacer uso de él. Una de las formas en cómo se ha tratado de combatir es siguiendo la ruta del dinero.

El GAFI ha diseñado una serie de 40 recomendaciones que todos los países miembro han asumido. Ellos son la organización que fija los mejores estándares para combatir el lavado de dinero y México forma parte de ella. Un país revisa al otro para verificar que todos los países cumplan con estos compromisos. México ha hecho esfuerzos por cumplir con las mejores prácticas a nivel internacional. Hay mucho por hacer, pero en términos generales, se han cumplido los estándares desde la reforma financiera de 2014.

Si me preguntas en qué se distingue el  modelo mexicano en relación a otros, te diría que un aspecto sería la implementación de lo que aquí se conoce como la certificación de los oficiales de cumplimiento y de los profesionales que se dedican a prevenir el lavado de dinero. Lo que hizo el gobierno mexicano fue implementar un mecanismo a través del cual, todos los oficiales de cumplimiento deben de pasar un examen muy estricto diseñado por el Ceneval. Ya sabíamos que todas las entidades han de tener oficiales que controlen todo, pero México dio un paso más allá al implementar esta certificación.

Anteriormente el oficial de cumplimiento no era un funcionario relevante, mientras que ahora se establecen parámetros muy precisos.

— El Doctor José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, nos habló de que la corrupción no es un sistema localizado, sino un fenómeno global. Sin embargo, lo más habitual es analizar e informar sobre tramas de corrupción en términos geográficos. ¿Cuál es su conclusión al respecto? ¿Considera necesario fortalecer las estrategias a nivel local y/o regional o es por el contrario contraproducente?

— La corrupción y el lavado de dinero son problemas que se deben ver a nivel global. Los flujos de capitales pasan de una jurisdicción a otra casi de forma instantánea. No podemos actuar desde una óptica local. Es un conflicto que debe atacarse con todos los países que realmente quieran combatirlo. La corrupción es un fenómeno que erosiona las economías, genera pobreza, impide el desarrollo y la competitividad. Existen tratados internacionales que buscan combatirla. Tenemos tratados de la ONU, de la OCDE, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con cómo los países han de combatir la corrupción.

En donde hay camino por recorrer es en que los países fortalezcan los mecanismos de cooperación. Un acto de corrupción se puede denunciar en cualquier país, no es necesario denunciar en el país en que se comete. Lo mismo aplica para las reglas de contratación gubernamental. Esa me parece que es una de las estrategias que los países deberían llevar a cabo.

— La operación Lava Jato marcó un antes y un después para la legislación en materia anticorrupción en América Latina. ¿Qué impacto ha tenido en concreto en la jurisdicción y firmas mexicanas? ¿Cree que se está aprovechando del todo la coyuntura para trabajar con mejores prácticas anticorrupción a todos los niveles?

— El impacto que se observa es que, definitivamente ha sembrado la conciencia en otros países, como es el caso de México. Es decir, que salgan a la luz este tipo de casos, que se investiguen y que se sancionen es algo que en México se ve y que genera cada vez más conciencia. La sociedad y las organizaciones, cada vez más, hacen una especie de llamada de atención para que en nuestro país se haga lo propio. No puede ser que observemos cómo se persigue en otros países todo esto y que aquí no pase nada. Eso cada vez es menos creíble.

No se trata de reformar la ley. Eso ya se hizo, se trata de aplicarla. Tenemos un sistema internacional anticorrupción. No podemos seguir con la cabeza metida en la arena.

— Si no se trata de reformar las leyes, ¿cómo cambiamos la psique de la gente y de los actores implicados?

— Me parece que en México se está tomando más conciencia del profundo daño que hace al país la corrupción. Cada vez hay más organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se organizan con más asertividad. Todos nos estamos dando cuenta de cuáles son los daños colaterales y de cómo perpetúa la pobreza. Además, creo que donde más daño hace es en las contrataciones gubernamentales. Si tú revisas la ley que tiene que ver con los procesos gubernamentales de contratación, el texto es muy claro. Tiene que haber un marco de transparencia. Debe ganar aquel que ofrezca la mejor solución para el Estado mexicano, el que sea más efectivo y que, por ejemplo, dé soluciones de carácter medioambiental, del trabajo en diversidad, etcétera.

Si al final del día te encuentras con que la empresa no es más competitiva, sino que los baremos que se aplican son otros, el daño es clarísimo. Eso provoca que las empresas y las personas no se centren en mejorar sus competencias. Lo que hay que hacer es aplicar la ley.

— En este mismo sentido, la consolidación de la corrupción como fenómeno global ha provocado que el sector legal tenga que poner más atención a trabajar por los derechos humanos. Esta es una conversación de matices muy amplios, ¿cómo pueden mejorar las firmas su trabajo por garantizar el respeto a los derechos humanos?

— Ese es un buen punto. Me parece que las firmas de abogados también tienen que jugar su rol. En México, al igual que en EE.UU., se está incrementando el trabajo pro bono. Eso es parte de lo que las firmas pueden aportar para fortalecer la lucha en pro de los derechos humanos. Aún falta mucho, pero es imprescindible apoyar causas que tengan que ver con la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, en comunidades rurales o apoyando a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

— En marzo tiene lugar la  Biennial IBA Latin American Regional Forum Conference en México, donde usted participará en la conferencia Goodbye traditional banking, hello crowdfunding. ¿Puede adelantarnos los puntos de más relevancia en este debate? ¿Cómo ve la abogacía el futuro de las transacciones financieras en este sentido?

— La forma en que nos relacionamos con el dinero está cambiando. Los paradigmas a nivel global van a cambiar. Lo estamos viendo con el auge de las criptomonedas. Cada vez nos identificamos más con los valores de lo digital.

En México se está ya discutiendo la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Esta ley proporcionará un marco legal para que todas aquellas entidades con esquemas innovadores puedan incursionar en el ecosistema financiero  en un ambiente controlado (las llamadas regulatory sandbox); también se introduce la figura del fondeo colectivo o crowdfunding. Habrá instituciones especializadas en poner en contacto a los emprendedores con fuentes de capital colectivo. Es decir, aquellas personas que deseen emprender nuevos negocios pero que carecen del capital para llevarlos a la realidad, con personas dentro de la sociedad que estén dispuestas y tengan la confianza de aportar su capital para llevar a cabo tales proyectos. Los principios de la nueva ley incluyen la innovación y la inclusión financiera, estabilidad del sistema, la sana competencia, protección al usuario, y prevención de lavado de dinero.

— Por último, vemos que la robotización de puestos de trabajo y el auge de la llamada economía freelance no es ajena al sector legal. Varias sesiones de la conferencia de la IBA  van a centrarse en estos temas. ¿Qué estrategias se han implementado en Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. para adaptarse a estos cambios?

— Nosotros siempre hemos estado atentos a los cambios tecnológicos. Sabemos que el tema de la ciberseguridad es de crucial importancia, por lo que tenemos implantados sistemas que nos permiten recopilar todo el conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de los años.

Respecto al tema de la robotización, sabemos que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial va a poder generar soluciones a un problema en particular. Del mismo modo que lo hace la ciencia médica, el derecho no se abstrae de eso. Sí creo, sin embargo, que el factor humano va a seguir siendo fundamental. Por ello, nuestra prioridad en el despacho es fomentar eso. Si bien es cierto que la AI juega un rol muy importante, creo que el trabajo de las personas va a ser la prioridad por muchos años más.